CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rubén Antonio Tamayo Viveros, abogado de la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, acusada de presuntos vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha respetado el debido proceso de la expanista. De acuerdo con Tamayo Viveros, en el caso de su clienta existen graves inconsistencias, entre ellas la detención de su clienta, dado que la PGR no emitió ninguna notificación previo a la orden de búsqueda, localización y presentación. Otra irregularidad, agregó, es que la averiguación previa gira sobre el posible uso de documentación falsa para ingresar al penal de El Altiplano, en el Estado de México, para visitar a ‘El Chapo’ Guzmán antes de su fuga, en julio de 2015, pero entonces habría más personas investigadas por ese delito y no sólo Sánchez López. Además, en la misma averiguación previa se establecen posibles nexos con el crimen organizado, pero no se tendría prueba documental o de declaración contra la legisladora, señaló el abogado, según información difundida por el diario ‘Noroeste’. Como tercera inconsistencia, indicó, está el manejo mediático que ha dado al caso la procuradora Arely Gómez, dando a conocer detalles de las averiguaciones previas, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales lo marca como una violación al debido proceso. "La propia ley general contra la delincuencia organizada establece que ese tipo de averiguaciones debe ser reservada, debe actuarse con secrecía en cuanto a su contenido e información, y divulgarla ante los medios ya es responsabilidad de cada persona, como en este caso ustedes mismos observan quién violenta esa falta de reserva", mencionó. Tamayo Viveros aseguró que ante esas inconsistencias y el análisis de las pruebas presentadas hasta la fecha por la PGR, no se tienen los elementos suficientes para consignar a Sánchez López, pero que será la Fiscalía y el juez correspondiente los que valoren si otorgan o no la orden de aprehensión. El pasado miércoles 10 la expanista Lucero Sánchez López presentó una nueva queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el maltrato que recibió a manos de agentes federales adscritos a la Subprocuraduria Especializada en Investigacion de Delincuencia Organizada (SEIDO) cuando fue detenida en Culiacán, Sinaloa, el pasado 20 de enero. Ese día la diputada fue interceptada por los agentes cuando salía de su domicilio en la calle Real del Parque del fraccionamiento Cumbres del Sur, en Culiacán, Sinaloa. Posteriormente la trasladaron con todo y su vehículo a la terminal aérea. La diputada permaneció más de cuatro horas en su auto, una camioneta Ram Hemi blanca, custodiada por una patrulla y dos elementos de la SEIDO vestidos de civil, y trasladada a la Ciudad de México un día después. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) Lucero Sánchez es investigada por los supuestos encuentros que tuvo con Joaquín Guzmán Loera en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en 2014, y en la festividad del año nuevo 2016, en la ciudad de Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado. Sánchez rechazó una y otra vez esas versiones y pidió al gobierno federal que le permitiera comparecer y someterse a investigaciones.