Tras comprobar la falsedad del cargo de posesión de drogas, el abogado del exlíder de autodefensas José Manuel Mireles ofreció pruebas de que en abril de 2014 el entonces comisionado federal Alfredo Castillo y la Sedena acordaron registrar el armamento de los grupos civiles para realizar operativos conjuntos contra Los Caballeros Templarios. Eso implica que Mireles y su grupo tenían permiso federal para portar armas. Sin embargo, el defensor de Mireles denuncia que el juicio “está lleno de inconsistencias y mentiras” a fin de mantener al doctor en la cárcel por motivos políticos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado 18 de enero José Manuel Mireles fue notificado formalmente de que el juez V de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, Jorge Armando Wong Aceituno, de­sechó la solicitud de sobreseimiento del proceso penal que se le sigue por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de delitos contra la salud. Mireles lleva un año y medio en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Su defensa y sus familiares sostienen que se le está juzgando con criterios políticos y el gobierno no lo quiere dejar en libertad porque lo ve como un riesgo de desestabilización. Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, Víctor Manuel Serrato, Mireles no es un criminal sino un “caudillo” que se atrevió a enfrentar al crimen organizado como no lo hicieron el gobierno estatal ni el federal. Afirma que ese combate a los delincuentes justifica que Mireles tuviera armas: “Con flores no los hubiera podido combatir. Además la Constitución permite que se usen armas para defender la vida propia, la de su familia o la de su pueblo. Por eso digo que no es un criminal”. En entrevista, Serrato puntualiza que la comisión estatal acompañará el proceso que se le sigue a Mireles y que ya presentó ante el juez un escrito donde justifica jurídica y socialmente el uso de las armas. Considera que una causa excluyente a favor de Mireles es que se armó para asumir la protección de su familia y su comunidad, responsabilidad que el Estado mexicano había abandonado. Recuerda también que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró todas las armas que utilizaron las autodefensas y, junto con el entonces comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, permitieron que se utilizaran para enfrentar a los sicarios. Y resume: “Estamos convencidos de que es un caudillo y no un criminal”. El exdirigente de las autodefensas michoacanas tenía esperanzas de que las pruebas presentadas por su abogado, Ignacio Mendoza Jiménez, sustentarían que de 2013 a 2014 el comisionado Castillo autorizó que las autodefensas portaran armas para combatir al grupo criminal Los Caballeros Templarios. Pero el juez desechó las fotos, publicaciones periodísticas y grabaciones que se presentaron, en las cuales se evidenciaba que el general Miguel Ángel Patiño Canchola, excomandante de la 43 Zona Militar en Apatzingán, presenció los acuerdos entre Castillo y los dirigentes de las autodefensas. Días antes de la decisión de Wong Aceituno, el doctor Mireles difundió una disculpa en redes sociales: “Aprovecho este mensaje para pedir perdón al gobierno mexicano y a sus instituciones oficiales y no oficiales y a su estructura esparcida por el territorio nacional por haberles faltado el respeto con mis palabras o acciones, por haberlos ofendido con mis omisiones y desobediencia civil.” El mensaje no tuvo efecto y Mireles continuará preso. Su hermana Virginia dice que se encuentra enfermo, aislado y deprimido en un cuarto del hospital donde recibe la atención a sus padecimientos de diabetes, presión arterial y lesiones en la columna vertebral. El juez Wong Aceituno dio validez a la declaración escrita de Alfredo Castillo, quien negó haber aprobado el registro de armas de fuego para los grupos de autodefensas, como lo estableció la defensa de Mireles. “No se autorizó ni se registró arma alguna y desconozco cuál hubiera sido su destino en caso de registrarse. Nunca he estado autorizado para registrar arma alguna, ni tampoco lo he hecho, ya que el registro de armas de fuego se realiza en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, expuso Castillo. El abogado Mendoza Jiménez dijo que apelará, pues sospecha que existieron presiones políticas del gobierno federal, que ve a Mireles “con miedo” por lo que su figura representa en Michoacán. “El proceso penal 137/214, que a lleva a cabo el Juzgado Quinto de Distrito en Uruapan, Michoacán, en contra del exlíder de las autodefensas, está lleno de inconsistencias, falsedades y mentiras”, señala en entrevista Mendoza. A su vez, la señora Virginia Mireles denuncia que su hermano es tratado como un “preso político” a pesar de que ya no tiene en el estado el peso político que alcanzó cuando se formaron las autodefensas. “Ya no sabemos qué quieren ver o escuchar para liberarlo –prosigue en entrevista–. Estamos confirmando la conclusión que teníamos: que es un preso político, una persona incómoda para algunas autoridades y éstas no quieren que esté libre.” Está convencida de que el juez de Uruapan está jugando con el caso, pues el 12 de enero, cuando estaba programada una audiencia, uno de los testigos no se presentó y el juzgador la pospuso hasta junio. Además, dice, “se han excedido en castigarlo. Al principio entendí que lo metieron a la cárcel porque no querían que siguiera avanzando en la organización de autodefensas en más pueblos, por eso lo llevaron lejos y lo aislaron, pero ya pasó el tiempo, ya no hay tantos autodefensas aunque la situación de inseguridad continua en Michoacán sin que él intervenga. “Se han extralimitado en castigarlo por defender a la gente, por su atrevimiento, por haber querido cambiar la situación que vive Michoacán y sobre todo en Tierra Caliente. Creo que el pago ya fue muy alto.” Señala que a los tres meses de estar preso en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Mireles fue aislado y sólo le permiten tener visita cada mes. “Ya lleva un año y medio encerrado ahí; no tiene relación con ningún otro preso, lo tienen aislado. Ahorita está hospitalizado en un cuarto completamente solo, a los únicos que ve son a los doctores cuando lo van a revisar o le llevan su comida. No sale al sol ni al patio, no hace una rutina de ejercicios ni convive con ningún otro preso. Los tres primeros meses en la cárcel compartió la celda con dos internos, pero después lo dejaron completamente solo y así sigue. “Las visitas familiares eran cada 40 días pero apenas dos meses se cambió a 30 días. El costo para ir a Hermosillo es de 10 mil pesos por persona y su familia no puede ir a visitarlo por falta de recursos. Por eso lo han dejado solo mucho tiempo.” Informa que la salud de su hermano se ha deterioró tras escuchar las malas noticias: “El viernes que hablé por teléfono no le habían informado de la resolución del juez. Se lo comenté yo y se puso muy mal; había estado enfermo y esta noticia lo desarmó más porque era la esperanza de salir para que lo atendieran mejor. Está muy delgado y muy desesperado; quiere hacer ayuno pero ya le dijimos que no está en condiciones para aguantar.” Las mentiras de Castillo Tanto el abogado Mendoza como Virginia Mireles sostienen que el excomisionado Alfredo Castillo mintió al negar que el gobierno permitió que los autodefensas portaran armas para enfrentar a Los Caballeros Templarios. “Nosotros corroboramos con videos y audios, con fotografías y recortes de prensa que cuando estuvo en Michoacán (Castillo) permitió el uso de las armas”, asegura. Mendoza precisa que en el curso del proceso se ha demostrado la falsedad del delito de posesión de mariguana y cocaína, pues las “sembraron” los policías que lo detuvieron en el poblado de La Mira. Sobre la posesión de armas, insiste que fue público que el comisionado acordó con las autodefensas que estuvieran armados e incluso asistió a los eventos donde se registraron sus armas: “Sí hubo licencia para portar estas armas. ¿Cuál fue esta licencia? La que les dio el gobierno de la República en el momento que les permitió armarse y combatir a los delincuentes; combatir junto con el Ejército mexicano y la Policía Federal a los delincuentes, y luego los legaliza”, apunta el defensor del doctor. Explicó que ante el juez Wong Aceituno se acreditó esa circunstancia, que impide considerar a Mireles y a los demás autodefensas penalmente imputables. “Bien o mal hecho, al final de cuentas fue la autoridad la que les dio ese permiso y ese es un excluyente de responsabilidad; por eso él y todos tienen que estar libres”, indica. Recuerda que en la audiencia realizada dentro de la causa penal 137/2014-II-M, del 30 de noviembre de 2015, el secretario del juzgado Gerardo Constantino Roja Chávez le preguntó a Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas de La Ruana, si en los operativos conjuntos las autodefensas portaban armas de uso exclusivo del Ejército con la anuencia de Castillo. La respuesta de Mora fue contundente: “De todas: cuernos de chivo, calibre 50mm, algunos hasta granadas. Y ni el ejército ni Castillo dijeron nada alguna vez, menos el procurador”. También le preguntaron a Mora quién o quiénes fueron las autoridades que autorizaron los operativos conjuntos. Y contestó que fueron Castillo, Martín Godoy Castro, procurador de justicia de Michoacán; el general Miguel Ángel Patiño Canchola, excomandante de la 43 Zona Militar, y el exgobernador Fausto Vallejo. Mendoza sostiene que si bien el gobierno ha negado la existencia de un acuerdo o convenio con las autodefensas en el uso de las armas de alto poder, en los operativos conjuntos lo permitieron y ahora solo actúan en contra de quien fue el líder de ese grupo (de autodefensas). E insiste en que la Sedena cuenta con los registros de esas armas, pues el general Miguel Ángel Patiño reveló que estuvo presente cuando se recopilaron los datos. De acuerdo al exhorto 216/2015. IV, promovido por el Juzgado Tercero de Distrito de Morelia, derivado de la causa penal II-85/215 y dirigido al Juez Segundo de Materia Penal Federal en Nuevo León, se le preguntó al general Patiño Canchola si estuvo presente en los acuerdos celebrados con los líderes de autodefensas los días 27 de enero y 14 de abril de 2014, y la respuesta es: “Sí”. Ante la pregunta de quién determinó que este tipo de armas podrían ser registradas por las autodefensas, Canchola Patiño contestó: “La Secretaría de la Defensa Nacional”. El abogado de Mireles sostiene que, según los expedientes con que cuenta, se fijaron días y lugares para que el Ejército registrara dichas armas. Detalla que el oficio 1126 de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, enviado con carácter de “urgente” el 22 de abril de 214, se refiere al Programa de Registro de Armamento DN-1-s-7 (OCN) SS. SG.PUB. Con otra leyenda señala: “Relación suyo No. 32987, 19 abril del 2014, me permito proponer a esa superioridad el despliegue de los equipos que realizarán los registros de armas y toma de huellas balísticas a los integrantes de los “GA” (Grupos Armados) del estado de Michoacán”. A pesar de que las pruebas presentadas por la defensa de Mireles implican al gobierno federal representado por Castillo, al entonces gobernador Fausto Vallejo, al exprocurador estatal Martín Godoy y al general Patiño Canchola, ninguno de ellos declaró ante el juez. Por eso Mendoza considera que el proceso contra el doctor es una “burla” para el sistema de justicia mexicano y la expresión más clara de que Mireles es un preso político.