Exige la ONU investigación “imparcial y exhaustiva” por masacre en Topo Chico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juan E. Méndez, experto en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), urgió al gobierno mexicano a realizar una investigación “imparcial y exhaustiva” a fin de definir las responsabilidades legales de los reclusos y autoridades penitenciarias que participaron en los hechos.

También, dijo, para garantizar el derecho de los familiares de las víctimas a saber la verdad del enfrentamiento en el que 49 personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas entre la noche del 10 de febrero y la madrugada del 11 en el penal de Topo Chico, Nuevo León.

“Exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos” pidió el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A través de un comunicado, subrayó que la investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares, “lo que incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del Penal de Topo Chico”, dijo el experto.

Méndez respaldó la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) para atraer el caso e investigar los hechos y recordó que durante su visita oficial a Topo Chico en abril del año pasado pudo constatar que “la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal”.

También pudo verificar, abundó, supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas.

En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reportó una infraestructura deteriorada, condiciones sanitarias penosas, mala calidad de la comida, sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones manifiestas a los derechos humanos.

“Esta información también la compartí con las autoridades de Topo Chico el mismo el 27 de abril de 2014, al concluir mi visita al centro de privación de la libertad”, afirmó el relator especial.

Y recordó al Estado mexicano que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, asumió una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad.

Enfatizó:

“El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México, establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a la integridad personal”.

El Estado, abundó, está obligado a salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad y esa obligación –dijo—no se limita al deber que tienen los servidores públicos de abstenerse de violar los derechos de las personas privadas de la libertad, “también abarca el deber positivo de protegerles de ataques contra la vida y la integridad provenientes de otras personas detenidas”.

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