CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secuestro y posterior asesinato de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar surgió en medio de un “contexto generalizado de violencia e impunidad” contra las periodistas y defensoras de los derechos humanos, denunció hoy la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la cual llamó a investigar debidamente este tipo de crímenes que “permanecen en la impunidad”. La organización, que agrupa 691 mujeres defensoras de derechos humanos en Centroamérica y México, recordó que el homicidio de Flores es el 14º perpetrado contra una periodista en el país desde 2002, y el tercero en el estado de Veracruz bajo la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Del 2012 al 2014, la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México documentó 615 agresiones contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, planteó el colectivo, al subrayar que 497 de estos casos fueron perpetrados durante los primeros dos años de la administración de Enrique Peña Nieto. “Este panorama, lejos de cesar, tiende a agravarse”, señaló la organización, la cual constató “un incremento significativo en los ataques contra mujeres periodistas” en los últimos meses, citando los ejemplos de Anabel Hernández –colaboradora de Proceso–, Flor Goché y Gloria Muñoz, del portal Desinformémonos y de Elva Mendoza, de la revista Contralínea. El colectivo también expresó su preocupación ante la “campaña de difamación y descrédito en los medios de comunicación” contra Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de coadyuvar en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y resaltó que las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, las madres de desaparecidos, las esposas de presos políticos o las lideresas campesinas, entre muchas, “se ven obligadas o son las únicas dispuestas a cubrir ámbitos de información altamente riesgosos”.