CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de Julio César Mondragón, normalista de Ayotzinapa hallado sin rostro en septiembre de 2014, y su viuda Marissa Mendoza denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) los presiona para aceptar dinero como cumplimiento del derecho de reparación del daño por el asesinato del joven. Durante el primer encuentro de familiares de las víctimas de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero con miembros de la Comisión Especial de diputados federales que dan seguimiento al caso, la joven viuda relató que Julio Hernández, delegado de la Comisión Ejecutiva para el Caso Iguala, la presionó para que recibiera dinero y, con ello, poder entregarle el cuerpo de Julio César. En el palacio legislativo de San Lázaro, familiares de los normalistas y la abogada Sayuri Herrera relataron que el pasado 4 de noviembre las autoridades que llevan el caso autorizaron la exhumación de Mondragón. Para el 9 de noviembre aprobaron la realización del examen de ADN con el propósito de certificar que el cuerpo entregado el 27 de septiembre de 2014 es el del estudiante torturado y asesinado; además de integrar el hecho a la investigación sobre la desaparecieron forzada de 43 compañeros de escuela de Julio César. Los denunciantes contaron que en diciembre pasado exigieron a las autoridades que les regresaran el cuerpo de su familiar antes de las vacaciones de fin de año para sepultarlo conforme a sus creencias religiosas. Sin embargo, fue cuando el funcionario Julio Hernández comenzó a presionar a Marissa Mendoza para que aceptara dinero por la reparación del daño y con ello, se desistiera de la conclusión de las pruebas genéticas. En un tono de hartazgo y reclamo hacia las autoridades, ella, el tío y los hermanos de Julio César narraron cómo autoridades de Guerrero les comentaron: “ya brinden con su muertito que está en la congeladora y díganle a la viudita que agarre el millón de pesos de la Comisión de Victimas porque no va a haber justicia”. Pero el maltrato a los familiares de la víctima no paró ahí, pues en una ocasión, quienes custodiaban los restos de Julio César Mondragón les dijeron que no se hicieran ilusiones pues “lo que habrá será justicia divina”. Los denunciantes aclararon que no aceptarán el dinero que les ofrecen las autoridades si antes no se hace justicia. Precisaron que quieren saber quién ordenó la muerte del estudiante y por qué lo torturaron. Además, demandaron que la ejecución deje de ser etiquetada como “homicidio común” y forme parte del expediente de la desaparición de los 43 normalistas y de la muerte de seis personas más aquella madrugada del 27 de septiembre. La abogada Sayuri Herrera denunció que, por lo pronto, el expediente de Julio César Mondragón está distribuido en seis juzgados, además de que existen cuatro averiguaciones previas abiertas y que todos los presuntos involucrados en el asesinato están distribuidos en cuatro penales federales del Estado de México, Nayarit, Veracruz y Guerrero. Según la defensora, la fragmentación de las investigaciones y la ubicación de los presuntos involucrados hace más difícil llegar a la verdad. Por ello, a nombre de los familiares de la víctima, reclamó a los diputados integrantes de la Comisión Especial, que les ayuden a resolver el caso. “Sabemos de la existencia de esta comisión especial, pero todo lo que hemos logrado –la prueba de ADN, las notificaciones en cada juzgado y en cada centro penitenciario–, ha sido por nosotros. La comisión legislativa no ha hecho nada. Ya pónganse a trabajar”, les demandó Marissa Mendoza.