TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Esta madrugada un grupo armado presuntamente ligado al comité municipal del PVEM en Tila incendió las oficinas y documentación del comisariado ejidal, que luchan por el reconocimiento de su territorio y contra el ayuntamiento que les ha despojado de sus tierras con el apoyo del gobierno estatal. El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa dio a conocer que esta madrugada recibió una llamada telefónica de Magali del Carmen Cruz Pérez y de otros ejidatarios de Nueva Esperanza, en la que señalaron que cerca de la una de la mañana personas identificadas como militantes del PVEM y encabezadas por Graciano Gómez Pérez, “El Castro”, prendieron fuego al interior y exterior de la oficina del comisariado ejidal ubicado en la colonia Nueva Esperanza. Ante esta agresión, los ejidatarios y pobladores del ejido Nueva Esperanza decidieron interponer una demanda penal, “por la probable comisión de diversos delitos cometidos por grupos armados paramilitares que identifican pertenecen al PVEM”, quienes a la par iniciaron hoy un bloqueo carretero en el desvío a Sabanilla de la carretera Yajalón-Tila. El Centro Digna Ochoa dijo que este hecho de violencia en contra de ejidatarios y pobladores, “por parte de paramilitares pertenecientes al PVEM, quienes actúan bajo la coordinación y mando del ayuntamiento municipal de Tila encabezado por Édgar Leopoldo Gutiérrez Gómez --hermano del exalcalde Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y líder del grupo paramilitar Paz y Justicia que se escuda en el PVEM-- no es casual”. La agresión se presentó a dos días de cumplirse siete meses de la desaparición forzada, tortura y ejecución de uno de sus compañeros, Toni Reynaldo, y de la denuncia que hizo Magali del Carmen Cruz Pérez en San Cristóbal de las Casas el 9 de febrero, previo a la llegada del Papa Francisco a la entidad. El organismo no gubernamental dijo que Magali del Carmen Cruz Pérez ha denunciado que “en Tila se vive un clima de preocupante violencia y conflictividad social en el estado, además que desde el gobierno de Chiapas se alienta, protege y han reactivado grupos de corte paramilitar y delincuencial, los cuales operan con total impunidad” Y no sólo eso, pues Cruz Pérez ha recibido llamadas de los regidores Ezequiel Gómez Pérez, del PRI, y Alejandro Díaz Martínez, del PVEM, ambos del ejido Nueva Esperanza, para que cese sus reclamos públicos de justicia y acepte la indemnización que les ofrecen a los ejidatarios. Por ello el Comité Digna Ochoa responsabilizó de lo que ocurra en el municipio de Tila al gobernador Manuel Velasco; al secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; al procurador Raciel López Salazar, y al presidente municipal de Tila, Edgar Leopoldo Gutiérrez Gómez, “ya que desde el gobierno se protege, ampara y financia a grupos paramilitares del PVEM y PRI en el municipio de Tila, y desde hace meses hemos advertido que es un foco rojo y que está latente el riesgo de una masacre de gran magnitud”. Además, responsabilizaron al gobernador de la vida, seguridad e integridad personal de Magali del Carmen Cruz Pérez y su familia, así como de los ejidatarios y pobladores de Nueva Esperanza, a quienes también consideran defensores de derechos humanos.