CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llamaron hoy a la comunidad universitaria a participar en la construcción de un registro de estudiantes víctimas de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la cual produjo más de 150 mil muertos y cerca de 30 mil desaparecidos en la última década. Reunidos en el colectivo Nos Hacen Falta, los académicos ya documentaron 12 casos de estudiantes asesinados o desaparecidos –estiman que deben existir muchos más– por esta causa y lamentaron el poco apoyo que brindó la institución a los familiares de las víctimas. Además, aseveraron que en México se vive una situación de “juvenicidio”, pues la mayoría de las víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” tienen entre 15 y 29 años, según la académica Silvana Rabinovich. “Son jóvenes, es la única invariable de estos 12 casos”, abundó Paulina Cortez, integrante del colectivo. Manuel Ramírez Juárez, padre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado –quien estudiaba Psicología en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala cuando fue desaparecida en el Estado de México en 2004 a manos de sus compañeros de clase–, aseveró que la UNAM nunca proporcionó los datos de los perpetradores ni se pronunció para la búsqueda de su hija. Para la Universidad, su hija fue “una matrícula más que no asistía a clases”, aseveró. Luego llamó a la UNAM a emitir alertas “Ámber” cuando ocurra una desaparición y a formar más abogados especializados en la atención a víctimas de estos delitos. Ramírez Juárez lamentó que ante la ineficiencia de las búsquedas y de la investigación en el Estado de México, “tenemos que andar mendigando la atención” para el caso de la desaparición de su hija. Hace cuatro años, el estudiante de Geografía Jesús Israel Moreno Pérez desapareció en la costa de Oaxaca. Según su padre Carlos Moreno Zamora, en noviembre de 2011 la oficina de José Narro Robles –entonces rector y ahora secretario de Salud federal–, planteó que la UNAM no se pronunciaría al respecto, ya que otras instancias se encargaban del caso. “Los estudiantes no son defendidos por la institución”, criticó. Y añadió que la UNAM los expone al riesgo en sus prácticas de campo. El caso de su hijo se encuentra en manos del Comité de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada; aun así, a más de cuatro años de su desaparición, los resultados son iguales: “Nulos”. “Son investigaciones de escritorio”, sostuvo. Lo mismo ocurrió con Víctor Castro Sevillán, quien realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en 2010 cuando fue asesinado a poca distancia de la universidad. Sus agresores, según su madre, fueron contratados por un estudiante –hijo de empresario– amargado por una historia de celos. “En su momento Narro nos apoyó, pero la UNAL no quiso manifestarse, diciendo que este caso no tenía nada que ver con la universidad”, lamentó la mujer.