MONTERREY, NL (apro).- Jesús Fernando Domínguez, exsubcomisario de prisiones en el estado, y Gregoria Salazar, exdirectora del penal de Topo Chico, fueron trasladados a otros centros penitenciarios fuera de la entidad y sus familiares desconocen su paradero, lo que representa “un acto de desaparición y tortura psicológica”, acusó la defensa de los inculpados. También destacó que el juez de control que vinculó a proceso a ambos los envió “indebidamente”, el viernes pasado, a cárceles de otros estados, sin avisar a sus seres queridos ni a sus asesores legales, lo que representa una violación a sus derechos humanos, denunció el abogado Mario Isidro Franco Villa, quien representa a los dos exfuncionarios y a quienes se acusa de homicidio calificado y abuso de confianza por la masacre de 49 reos en ese penal, ocurrida la noche del miércoles 10. “De Jesús Fernando no sabemos dónde está, ni Gregoria. El Estado puede estar filtrando información sobre el paradero, pero a nosotros, que somos los realmente interesados, no nos dice nada”, explicó el litigante, quien reiteró que sus clientes son inocentes, pues el homicidio múltiple fue causado por causas ajenas a ellos. Los abogados ya denunciaron ante el MP que los exfuncionarios son actualmente víctimas de múltiples delitos, pues el encargado provisional del penal de Topo Chico, Sergio Javier Ramírez Meléndez, transportó ambos a otra cárcel sin el respectivo aviso a los familiares. “Ya denunciamos la desaparición de ellos, el abuso de autoridad y el quebrantamiento de la medida cautelar de la que son objeto. El responsable es el ahora director del penal. Esto que están haciendo es intimidatorio hacia mis clientes, violentando sus garantías individuales y derechos humanos”, insistieron. “Porque, incluso, si no los vemos ni tenemos comunicación con ellos, hay tortura, pues ésta no sólo es física, también psicológica, con un afán de intimidación, cuando proviene de una investigación criminal”, explicó el abogado. La defensa promovió un juicio de amparo, próximo a resolverse, para que Domínguez Jaramillo y Salazar Robles no fueran trasladados a penitenciarías fuera de Nuevo León. Para ello, dijo, es necesario que el juez de control Miguel Eufrasio indique a dónde fueron llevados desde el viernes pasado ambos exfuncionarios. Hasta ahora, los familiares únicamente saben que el exsubcomisario se encuentra en un Centro Federal de Readaptación Social, (Cefereso), pero no saben cuál. De Salazar Robles ha trascendido que fue enviada al penal morelense de Cuernavaca, aunque esa información no ha sido confirmada. Tras el hecho sangriento en el penal de Topo Chico, ambos exfuncionarios fueron vinculados a proceso, es decir, recibieron el auto de formal prisión. Igual suerte corrieron el exsubdirector del reclusorio, Arturo Bernal González, y el excelador José Reyes Hernández Aguilar.