ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex (apro).- Alberto Martínez Sosa fue detenido el primero de noviembre de 2007, acusado del secuestro de dos militares ocurrido el 6 de octubre de ese año en el municipio sureño de Luvianos. La Procuraduría General de la República (PGR) presume la captura como uno de sus grandes logros, incluso por encima de la aprehensión de José María Chávez Magaña, “El Pony”, líder de La Familia Michoacana. Pese a que fue consignado a 20 años de prisión, no existen en su contra pruebas fehacientes de la comisión del ilícito. Los elementos agraviados Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, reconocieron en su primera declaración que los plagiarios “iban encapuchados”, por lo que no los identificaron. Las confesiones del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfonso Benítez Luna; y de Alfredo Trujillo Hernández, otrora agente del Ministerio Público federal adscrito a Tejupilco, también advierten su inocencia. “Todo fue por instrucciones del entonces delegado de la PGR, José Manzur Ocaña -medio hermano de José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno del Estado de México-, ya que teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba o reconocimiento de que hubiera intervenido en la privación ilegal de la libertad de los militares”, expone Alfonso Benítez. Martínez Sosa, prosigue el declarante, fue detenido por el simple hecho de ser propietario del inmueble al que, al parecer, fueron llevados los militares. “El entonces delegado consideró que estaba relacionado con los hechos, por tanto ordenó que se hiciera el reconocimiento de los militares ofendidos con Alberto Martínez Sosa con la obligación de que lo señalaran como una persona participante en los hechos delictuosos y así poder consignarlo”, refirió en el documento. La defensa del imputado inició una denuncia contra los elementos del Ejército por falso testimonio –en virtud de la posterior imputación a su cliente-, pero fue negada la orden de aprehensión. Al menos 15 testigos, entre ellos el entonces presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte, sus familiares y funcionarios municipales declararon que al momento de los hechos Alberto Martínez se encontraba reunido con ellos, en la casa del alcalde, por lo que resultaba imposible que hubiera cometido el delito. En 2008, dos integrantes de La Familia Michoacana se confesaron como responsables del “levantón”, e incluso les fueron encontradas las armas de los ofendidos. Por estas razones, su abogado Leonardo Gama adelantó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el recurso de revisión para obligar al presidente Enrique Peña a otorgar el indulto a Martínez Sosa. El defensor recordó que el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, denegó este recurso sin tener facultades, por lo que apeló la decisión, pues el artículo 89, fracción 14 de la Constitución General de la República dispone como facultades y obligaciones del Presidente “conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”. Esta atribución, afirmó, no es delegable, por lo que tampoco es válida la negativa de Castillejos.