OAXACA, Oax. (apro).- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) denunció la persecución contra defensoras ambientales que se oponen a la construcción de proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, hecho que coloca a Oaxaca como el estado del país con el mayor número de agresiones a quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales. De 2012 a 2014, la Red documentó 615 agresiones contra defensoras y periodistas a nivel nacional. Del total, 118 se cometieron en 2012, 189 en 2013 y 308 en 2014. En conferencia de prensa, los integrantes del Pueblo Indígena Binnizá del Istmo, Bettina Cruz Velázquez, Raymundo Regalado Jiménez y Carlos Sánchez Martínez, así como el abogado de la comunidad Ricardo Lagunes y las defensoras Yesica Sánchez y Atziri Ávila, denunciaron que los ataques contra activistas se han exacerbado a raíz del amparo que concedió la suspensión definitiva del proyecto Eólica del Sur. Los activistas se quejaron que los proyectos de energía renovable en el Istmo no han respetado la autodeterminación de los pueblos indígenas ni el derecho a la consulta previa, libre e informada. Peor aún, adelantaron que la independencia judicial y el acceso a una justicia efectiva se ponen en peligro por las presiones políticas y económicas de quienes impulsan Eólica del Sur. “Los pueblos binnizá e Ikoots se encuentran en resistencia a los proyectos de producción de energía eléctrica que se han instalado y que pretenden una mayor ocupación del territorio en el Istmo de Tehuantepec”, aseguraron. Los denunciantes aseguraron que, a partir de la suspensión definitiva de los permisos administrativos que amparan el proyecto Eólica del Sur en Juchitán, otorgada el pasado 11 de diciembre de 2015, hay una campaña de linchamiento mediático, criminalización y persecución contra las activistas Bettina Cruz, Carmen Ruiz, Isabel Jiménez y Sara Bartolo al calificarlas de “extorsionadoras profesionales” y culpándolas del rezago económico en el que se encuentra la región del Istmo. Según sus argumentos, la suspensión otorgada por el juez Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz confirma la violación a los derechos humanos de sus pueblos por parte del Estado mexicano y de las empresas transnacionales, al realizar una simulación de procesos de Consulta Previa, Libre e Informada, con la que trataron de validar un proyecto eólico más en una región que cuenta ya con 24 mega parques de este tipo. Estos proyectos están ocasionando fuertes impactos en la naturaleza, el medio urbano y la fragmentación del tejido social de las comunidades al provocar enfrentamientos entre los que están a favor y en contra del proyecto. El parque Eólica del Sur aspiraba a ser el número 15 construido en tierras comunales de Juchitán y el 25 en la región del Istmo. Sin embargo, las inversiones y beneficios recibidos en la zona por los 24 parques anteriores han sido mínimos. Además, los compromisos realizados por Eólica del Sur se concentraban en los posesionarios de las tierras y los sindicatos de constructores que ya tenían acuerdos establecidos con la empresa. La Red y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos documentaron que 38% de las defensoras agredidas en 2014 fueron quienes defienden el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales. Agregaron que 46% de las defensoras agredidas viven en zonas rurales lo que impide u obstaculiza el acceso a los sistemas de justicia. También denunciaron las acciones de presión política que han buscado debilitar la labor del Juez Séptimo y atentan contra la independencia judicial. Por ello, no descartaron que por dichas presiones y por los intereses económicos de la empresa y el gobierno, el juez Isaías Corona Coronado haya solicitado “licencia” y que en su lugar el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designara a un nuevo Juzgador. “Las comunidades no nos oponemos al progreso y al desarrollo, pero exigimos se haga con el debido respeto a nuestra autodeterminación, nuestras formas de vida y al estado de derecho; y que el gobierno garantice que se hará un verdadero ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento, previo, libre e informado, con buena fe y culturalmente adecuada, como lo establece el mandato internacional al que está obligado el Estado mexicano”, abundaron. Finalmente, los integrantes de pueblos binnizá e ikoots adelantaron que continuarán firmes en la denuncia de cualquier megaproyecto de desarrollo en territorio indígena que no respete su autodeterminación y los derechos humanos de las comunidades afectadas.