En 2014 recibió certificación de la Asociación Americana de Correccionales como uno de penales más seguros del país. Por ese estatus, el Cereso número 3 de Ciudad Juárez fue incluido por el Papa como último punto de su visita a México. Pero la realidad es otra. Esa cárcel, que tiene 3 mil internos, es de las más peligrosas del país. La controla un joven de 25 años, Jesús Eduardo Soto Rodríguez, El Lalo. Pero eso no lo supo Francisco. Hoy, gracias a una denuncia de Mariana Ibarra, pareja del reo, se conocen las componendas entre éste y las autoridades del reclusorio. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, que visitó el Papa el miércoles 17 antes de abandonar territorio mexicano, es uno de los más peligrosos del mundo. Pero ese dato no se lo revelaron al pontífice ni las autoridades federales ni las estatales, ni los representantes eclesiásticos que incluyeron el lugar en el itinerario oficial. Tampoco le hablaron del autogobierno que ejercen los internos liderados por Jesús Eduardo Soto Rodríguez, El Lalo, un joven de 25 años, jefe de Los Mexicles, brazo armado del Cártel de Sinaloa. No le contaron que el penal tiene un restaurante y una tienda y que en su interior el consumo de cocaína, heroína y mariguana es generalizado, lo mismo que la ingesta de cerveza. Ahí se venden armas de fuego con sus respectivas cargas de balas. Los agentes de la Fiscalía General del Estado son los encargados de introducir la “mercancía”, por lo cual El Lalo los gratifica con 130 mil pesos cada semana. Eso tampoco se lo dijeron al Papa. Sin embargo, hoy todo eso se sabe gracias a Mariana Ibarra –pareja sentimental de Lalo, con quien procreó un hijo que ahora tiene siete meses–, quien hizo público ese modus operandi. Contó que él la amenazó con matar a su madre y a sus hermanas si no acudía a las visitas conyugales, donde con frecuencia la golpeaba. El sábado 6, días antes de la visita papal, Lalo la retuvo más de 24 horas. Cuando la dejó salir, el lunes 8 por la mañana, después de golpearla, Mariana acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar su denuncia. Luego huyó a Estados Unidos en busca de asilo político. Con su denuncia, Mariana puso en entredicho a la Asociación Americana de Correccionales (ACA), que en octubre de 2014 otorgó la certificación a los ocho penales de Chihuahua –incluido el que visitó el Papa–, así como al de Topo Chico, donde el miércoles 10 hubo una trifulca en la que murieron 49 internos, y al del Altiplano, del cual se fugó Joaquín El Chapo Guzmán el 11 de julio de 2015... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2051 de la revista Proceso, actualmente en circulación.