CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PRD en la Cámara de Diputados denunció un “posible lavado de dinero” en la asignación de terrenos en Yucatán, por lo que demandó a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) informes sobre la entrega de hectáreas a manera de “donación” a Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano del tesorero de Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo. La diputada federal perredista y miembro de la Mesa Directiva de San Lázaro, Ivanova Pool Pech, dio a conocer hoy que, en pocos años, Guillermo Molina ha recibido 630 predios a título de donación de parte del gobierno del estado de Yucatán y sin ser proveedor o contratista o contar con una relación laboral. Por lo anterior, la legisladora demandó que la Sedatu y el Registro Nacional Agrario “justifiquen la licitud de la adjudicación de más de 154 hectáreas cedidas en donación a título gratuito a un particular”. La legisladora federal yucateca también llamó la atención al hecho de que el beneficiario de estas donaciones sea hermano de Juan Pablo Guillermo Molina, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo. Este último es a su vez suplente del actual diputado federal José Luis “Chanito” Toledo Medina, considerado como el favorito de Borge Angulo para la candidatura al gobierno de aquella entidad. Ivanova Pool Pech enumeró una serie de hechos que sustentan la sospecha de lavado de dinero y de ahí la demanda de aclaración al Registro Nacional Agrario y a la Sedatu que encabeza Rosario Robles Berlanga. “Se han conocido recientemente diversos indicios relacionados con lavado de dinero por las numerosas propiedades en diversos municipios de Yucatán que, de forma sorprendente, se adjudican a particulares. “En el caso concreto de Manuel Alberto Guillermo Molina, todas a título gratuito y con una sospechosa relación con el gobierno del estado, pues de acuerdo con los documentos que publicó el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se da cuenta de más de 630 predios, que en total serían más de 154 hectáreas, obtenidas en los últimos años por este joven comerciante de 26 años de edad”. Y advirtió que, “en caso de que se trate de una adjudicación o cualquier otra forma de adquisición de estos terrenos, debe existir una forma de comprobar la licitud de la misma, ya que Manuel Alberto Guillermo Molina no tiene empresas o negocios directos con el gobierno de Yucatán”. Luego puntualizó que antes de las adjudicaciones de más de 154 hectáreas, distribuidas en 630 predios y cedidas en donación a título gratuito, específicamente en enero de 2013 Manuel Alberto celebró un acuerdo de compra-venta con la particular Adriana Evangelina Cámara Bolio por cinco predios ubicados en la localidad de Tixcuytun, cada uno con un valor de 316 mil 260 pesos. Y en la comunidad yucateca de Komchén, abundó, “comparte veintiún propiedades con Pedro Enrique Góngora Urcelay”. Lo anterior, sostuvo la legisladora federal, “en cualquier país es razón suficiente para iniciar una investigación por la actividad agraria sospechosa que se presume en este caso, puesto que no se conocen los motivos por los cuales el gobierno federal adjudica en donación los terrenos a un joven comerciante”. Antes de que se politice el tema, acotó la diputada perredista, es necesario que se aclare “la forma en que se han adjudicado los terrenos, sin que se deje lugar a dudas sobre el combate a la corrupción, el conflicto de intereses, el tráfico de influencias o el enriquecimiento ilícito”.