Devaluar la moneda, reducir impuestos a algunas exportaciones, aumentar las tarifas de los servicios básicos, bajar salarios, maniatar a los sindicatos, reducir plazas… Todo lo que la ortodoxia neoliberal dicta es precisamente lo que ha hecho o pretende hacer Mauricio Macri, mandatario argentino apenas con dos meses en el poder. Y no es una sorpresa. Nunca se vendió de otro modo. El resultado es un descontento generalizado de la población trabajadora, que ve su futuro cubierto de nubes negras. BUENOS AIRES (Proceso).- El gobierno de Mauricio Macri avanza al ritmo de una guerra relámpago. Sabe que el periodo de gracia que disfruta por ser nuevo tiene un límite. Pugna por consolidar en el terreno cada salto hacia adelante. Las medidas de sus dos primeros meses de gobierno son las que deseaban sus votantes y temían sus adversarios. Y su programa coincide con la suma de advertencias que su ascenso motivó entre quienes apoyaban de manera abierta o crítica al gobierno kirchnerista y ahora son opositores. Devaluación de 40%. Reducción de impuestos a las exportaciones de cereales y oleaginosas. Fuerte aumento en las tarifas de electricidad, gas, agua y combustibles. Reducción del déficit fiscal mediante la eliminación de subsidios. El salario y el empleo como variables del ajuste. El gobierno pretende que los aumentos salariales, que ya empezaron a discutirse entre las cámaras empresariales y los sindicatos, se mantengan muy por debajo de la inflación, que este año alcanzará 35%, según los cálculos más optimistas. “Argentina fue recibida con un enorme entusiasmo”, dijo Macri el pasado 23 de enero, al regresar del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que congrega a representantes de la política, las corporaciones y las finanzas internacionales. El gobierno había eliminado ya las restricciones a la compra de divisas y las trabas burocráticas para importaciones y exportaciones. Anunció que volvería a someterse a las auditorías del Fondo Monetario Internacional (FMI). Elevó una oferta a los llamados “fondos buitre” por los bonos de deuda soberana todavía impagos. El objetivo es acceder al mercado internacional de deuda. El 29 de enero se anunció la obtención de un crédito de varios bancos internacionales por 5 mil millones de dólares. El gobierno pretende incentivar la llegada de inversiones. A tal fin desarticula el entramado de controles y regulaciones aplicado por el kirchnerismo. Se propone liberar las fuerzas del mercado para motorizar un crecimiento que, según predice, llegará a partir del año próximo. El kirchnerismo intentaba combatir la inflación poniendo límite a la renta extraordinaria de las empresas. El gobierno de Macri, por el contrario, busca absorber el “excedente monetario”, que cifra en un tercio de la cantidad de dinero en circulación. “Hay un programa económico de recomposición de la rentabilidad de los sectores exportadores, en un contexto internacional de baja del precio de las materias primas, para compensar la baja del precio de la soya, y de otros commodities, a través de una transferencia muy fuerte de ingreso interno, vía devaluación, eliminación de restricciones, cupos de exportación”, explica a Proceso el economista Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). “Y por otra parte hay una política muy clara de intento de cumplir con los estándares internacionales de una macroeconomía saludable, bajo la visión ortodoxa, para poder salir a colocar deuda –sostiene–. Ahí se inscriben las políticas de desregulación cambiaria, la eliminación a las restricciones al movimiento de divisas, el intento de disminución del déficit público, vía eliminación de subsidios, la negociación con los fondos buitres”, puntualiza. CEOcracia Jorge Errasqui tiene un taller de soldaduras especiales. Factura aproximadamente 20 mil pesos (mil 400 dólares) cada mes. Destina 10% de esa cifra al pago de la electricidad. A partir de marzo, las facturas residenciales e industriales registrarán aumentos de hasta, en determinados casos, 600%. Errasqui se muestra incrédulo. “La verdad, si es así, tengo que cerrar, porque no voy a poder pagarlo –dice a Proceso–. No lo puedo pagar ahora, que son unos 2 mil pesos, así que realmente no sé. Probablemente voy a tener que cortar la luz en mi casa, por ejemplo, para poder prender el taller y seguir comiendo. Yo no lo creo, realmente, porque si es así, es imposible”, dice. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minería, el aumento se debe al “desfasaje entre los costos reales y los precios vigentes” y “afianza las condiciones propicias para la incorporación de inversiones privadas”. El gobierno deja sin efecto los subsidios a la generación y distribución de la energía que recibían los usuarios. Sólo 20% de estos usuarios accederá en el futuro a la “tarifa social”, que prevé la gratuidad en el uso de los primeros 150 kw/h por mes, un consumo a todas luces irrisorio. El gobierno espera que el aumento de tarifas modere el consumo residencial. Con la eliminación de subsidios a la energía el Estado se ahorrará unos 4 mil millones de dólares anuales, cifra que ahora deberá ser asumida por los bolsillos de los usuarios. El gobierno intenta reducir el déficit fiscal, que en 2015 alcanzó 7% del PIB, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación. Al aumento de la energía eléctrica le siguen los del gas, agua y combustibles. El conjunto de medidas impactará negativamente en la actividad económica. Desde la oposición se califica al gobierno de Macri como “CEOcracia”, un gobierno a cargo de los Chief Executive Officers, los altos ejecutivos de las corporaciones con experiencia en la gestión de recursos. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue presidente de Shell Argentina entre 2003 y 2015. Entre sus colaboradores cercanos figuran exejecutivos de las empresas eléctricas Edesur y Edenor, que ahora se beneficiarán con el aumento de tarifas. “Se trata de un gobierno representante de las fracciones desplazadas del bloque en el poder durante el kirchnerismo”, sintetizó el analista Francisco Cantamutto en la revista Marcha el pasado martes 2. “Concretamente se trata del capital agropecuario y el extranjero financiero y de servicios. Estas fracciones prefieren una forma de dominación con menores mediaciones, más directa”, explica, en contraste con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que representarían al sector industrial, “subordinando el empleo a la producción como valor social, de la mano de la doctrina social de la Iglesia católica”, sostiene. Despidos Un estudio del CESO, a cargo del economista Andrés Asiain, estimó una inflación de 3.99% en enero, con base en 25 mil productos de supermercado, sin tener en cuenta los aumentos de otros bienes y servicios. Su sondeo de diciembre de 2015 había arrojado un guarismo casi idéntico. El poder adquisitivo del salario ha sufrido en los últimos dos meses una sensible pérdida. Para los asalariados, hasta ahora, el gobierno sólo ha tenido promesas. En dos meses suman 55 mil los trabajadores despedidos en el ámbito del Estado y el sector privado. En materia de política social, hasta el momento, el gobierno apenas aprobó el pago de un bono de fin de año para quienes perciben jubilaciones o el seguro social para sectores de bajos ingresos (Asignación Universal por Hijo). El monto fue de 400 pesos, unos 28 dólares, por beneficiario. “La baja del contrato me la comunicaron el día 30 de diciembre, cuando fui a cubrir el último programa del año”, dice a Proceso Sergio B. (nombre ficticio), casado y con un hijo y quien trabaja en Radio Nacional desde comienzos de 2010. “Siempre estuve bajo contratos temporarios, que la radio varias veces prometió modificar –cuenta–. Ese día me comunican que mi contrato, al igual que otros 60 de las mismas características, no iba a ser renovado. Hasta hoy no me dijeron el motivo”, sostiene. Desde que asumió Macri, varios periodistas fueron relegados de sus puestos. El programa 6, 7, 8, que se emitía por la Televisión Pública, fue descontinuado por las nuevas autoridades. El periodista Víctor Hugo Morales fue despedido de Radio Continental. A otros de los medios públicos no se les renovó el contrato. Desde el macrismo se intenta denostar a estos periodistas tildándolos de “militantes”. Desde la oposición se habla de ataque a la libertad de expresión, en consonancia con la supresión parcial de la Ley de Medios, promulgada por decreto del presidente. “Se suponía que los que iban a estar más afectados eran los conductores que tenían una bajada más ideológica, pero en la misma bolsa entraron también compañeros del área técnica, como es mi caso”, continúa Sergio B. “La idoneidad y calidad de mi trabajo nunca estuvo en discusión. La sensación es más bien ‘Te despido por el tipo de contrato que tenés, por las dudas’. Si bien estoy en una instancia de negociación para retomar mis labores, la situación es incierta”, sostiene. La Alianza Cambiemos, al frente del gobierno, demoniza la militancia comprometida. Se presume que toda persona contratada en los últimos años es militante kirchnerista y por lo tanto debe irse. Se espía a los trabajadores revisándoles sus cuentas en Twitter o Facebook. El gobierno dice querer erradicar también al “ñoqui”. Así se llama en Argentina al empleado público que consiguió su puesto por su vínculo con un político. El “ñoqui” no desempeña ninguna función efectiva. Cobra, claro, como si trabajara. Nadie sabe a ciencia cierta su cantidad. La práctica se extiende a casi todas las dependencias nacionales y provinciales, también allí donde gobierna el oficialismo. El encarcelamiento de la militante social Milagro Sala, por protestar en una plaza de Jujuy, y la represión llevada a cabo frente a los piquetes realizados por los trabajadores de la empresa Cresta Roja, en reclamo del pago de sus sueldos, dan también una idea clara del nivel de tolerancia gubernamental frente a las protestas públicas. El gobierno espera que el paquete de medidas pro mercado abra las puertas a una amplia llegada de inversiones internacionales. El propio FMI pronostica una recesión leve para 2016. El descenso del consumo ya es notorio. Si las inversiones no llegan, la única vía posible de financiamiento es el endeudamiento público. Argentina se desendeudó durante el periodo kirchnerista. Pero aún arrastra el lastre de la deuda con los fondos buitres, heredado de la cesación de pagos de 2001, provocada, asimismo, por la imposibilidad de seguir pagando la deuda externa con mayor endeudamiento. “Este objetivo de política económica orientado a buscar créditos internacionales va a contramano del ciclo de las finanzas internacionales, que hoy día está huyendo del Tercer Mundo –dice Andrés Asiain–. Con un bajo precio de las materias primas, por más que hagan todas las cosas que les pidan, en término de políticas ortodoxas, la lluvia de dólares que ellos planteaban, carece de realismo.” El economista también predice la llegada de una recesión. “Con una caída importante del consumo interno, por una caída del poder de compra del salario, que no va a ser compensada por exportación de materias primas, porque el contexto de los mercados internacionales es contractivo, y porque a nivel industrial, el principal mercado es Brasil, que está en recesión –sostiene Asiain–. Si el gasto estatal también disminuye, no hay ningún estímulo para el crecimiento”.