PUEBLA, Pue. (apro).- El fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, reconoció que de 2015 a la fecha se han cometido 50 feminicidios en la entidad. Durante su comparecencia en el Congreso local, detalló que de 94 asesinatos de mujeres registrados el año pasado, sólo 37 reúnen las características para ser considerados como feminicidios. Y de los 19 crímenes perpetrados en lo que va de 2016, agregó, 13 reúnen esas condiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 338 del Código Penal. Tomando en cuenta que organizaciones no gubernamentales y académicas de Puebla han dado una estadística mayor, el fiscal argumentó que no todos los homicidios de mujeres pueden ser considerados feminicidios, dado que no reúnen las características para considerar que fueron motivados por odio de género. Luego de que usuarios de Twitter hicieron tendencia el hashtag #NiUnaPoblanaMás, esta tarde un grupo de personas realizó una marcha para repudiar la violencia de género que priva en la entidad, en tanto que familiares de las víctimas y de mujeres desaparecidas participaron en una manifestación afuera del Congreso local, justo en momentos en que el fiscal daba su comparecencia. A través del Nodo de Derechos Humanos (Nodho), las diversas organizaciones exigieron al gobierno de Puebla emitir la Alerta de Género para tomar medidas que pongan freno a esta problemática. De acuerdo con Nodho, “el 2016 se está convirtiendo en un año de violencia exacerbada y muerte” en la entidad. Añadió: “La impunidad y el abuso de poder han sido el sello institucional desde hace ya muchos años en Puebla: desde los casos de pederastia y trata de personas durante la administración de Mario Marín, hasta el desprecio violento y sistemático que ha caracterizado a la administración de Rafael Moreno”. Prosiguió: “Lo que los gobiernos en Puebla han dado como ejemplo es que el poder implica impunidad, y esto abre la puerta a todo tipo de abusos y tragedias. El problema real para quienes están en el poder no es detener las tragedias sino ocultarlas o callarlas cuando se vuelven evidentes”. En ese marco, subrayó, se han desatado en esta entidad los asaltos, desapariciones, feminicidios, agresiones a periodistas, detenciones arbitrarias, agresiones a activistas y líderes comunitarios, rupturas de todo mecanismo de diálogo real entre gobernantes y gobernados, corrupciones y complicidades entre poder económico y político, e impunidad para el que tiene algún tipo de poder. “José Luis Tehuatlie, Samai Márquez, los seis jóvenes de la colonia Lomas de San Miguel asesinados y calcinados en venganza por el robo a un empresario, y todos los demás casos, son parte de una misma enfermedad social que tiene entre sus causas un enorme deterioro institucional que no se resuelve con gendarmes, sistemas punitivos o estrategias de medios para ocultar lo inocultable”, resaltó. Ante esta situación, indicó, no queda más a los ciudadanos que protegerse mutuamente y difundir por su cuenta lo que ocurre en Puebla para exigir a las autoridades que declaren la Alerta de Género, a lo cual se han negado de manera sistemática. Mientras tanto, este jueves la Fiscalía General del estado (FGE) consignó a Rafael Portillo Abundis ante el juez quinto de lo penal, acusarlo del feminicidio de Samaí Alejandra Márquez Salgado, de 25 años, quien al momento de su muerte presentaba un embarazo de dos meses. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la FGE, Portillo Abundis habría contratado a un amigo para que ultimara a su novia Samaí, debido a que el embarazo de ésta le traería problemas por estar casado y temía que eso arruinara su matrimonio.