CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La violencia e inseguridad ligada al narco que se vive en la entidad se generó hace 10 años por la “corrupción del sistema político”, acusa el Plan Estatal de Desarrollo (PED) elaborado por la administración del priista Héctor Astudillo Flores. Durante este periodo, administrado por los gobernadores postulados por el PRD, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, la entidad “se convirtió” en una de las más inseguras para vivir, “despojando así a los guerrerenses de su tranquilidad y causando temor entre la sociedad y amenazando la gobernabilidad”, señala el documento al que tuvo acceso Apro. El análisis afirma que al clima de inseguridad generado por el crimen organizado, la corrupción política, impunidad, la ineficacia del sistema judicial y las violaciones a los derechos humanos se suma la presencia de grupos de autodefensa y policías comunitarias que “actúan al margen de la ley y han sido cooptados por el narco”. Igual indica que la existencia de grupos guerrilleros que se mantienen en estado latente, “se reactivan ante ciertos eventos”, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El texto de 172 cuartillas entregado por el gobernador Astudillo a diputados locales el pasado viernes plantea, en el apartado de Diagnóstico, que Guerrero es uno de los estados con mayor número de asesinatos de funcionarios públicos y políticos que “se sospecha fueron cometidos” por personas enquistadas en la esfera política. También refiere que los elevados niveles de percepción ciudadana sobre la corrupción de autoridades de SSP, Ejército y Marina, aunados a “la ineficiencia e ineficacia” del sistema judicial, han provocado que 97% de los delitos no sean denunciados. Esta cifra coloca a Guerrero en el primer lugar entre las entidades “con mayor cifra negra” en la materia. Incluso, cerca de 70% de los ciudadanos califica como corruptos a policías estatales y federales; los jueces alcanzan 62% de percepción ciudadana sobre corrupción; mientras que el Ejército tiene 30 y la Marina 20% de desconfianza social en Guerrero, indica el PED. El documento también refiere que 80% de los ciudadanos se sienten inseguros en la entidad y que más de 95% de los homicidios dolosos quedan impunes porque el sistema de procuración de justicia es desarticulado y formalista, debido a que antepone “la verdad formal sobre la verdad de los hechos”, aparte de que prevalecen altos índices de parcialidad, corrupción, impunidad y tráfico de influencias. Desde 2012, Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios a escala nacional. La tasa de homicidios dolosos es de 55 por cada cien mil habitantes, cifra que representa cuatro veces mayor a la media nacional. En Guerrero se registraron 19 mil 934 homicidios dolosos entre 2005 y 2014, por los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 7 mil 965 averiguaciones previas que derivaron en mil 601 acusaciones formales y se obtuvieron 764 sentencias condenatorias. Es decir, del total de homicidios denunciados durante nueve años en la entidad sólo hubo 3.83% sentencias condenatorias, alerta el PED. Policías comunitarias y guerrilla El reporte, denominado como el eje rector del gobierno de Astudillo, considera que al clima de inseguridad generado por el narco que actúa en contubernio con autoridades de los tres niveles y el Ejército, se suma la presencia de grupos de autodefensa ciudadanas y policías comunitarias. Al respecto, el gobierno de Astudillo dice sin especificar que “algunos” de estos grupos armados tienen reconocimiento legal y apoyo del estado y otros los califica simplemente como “ilegales”. También reconoce que, “en teoría”, las guardias comunitarias surgieron para realizar tareas de vigilancia ciudadana y evitar la infiltración de las organizaciones criminales. No obstante, afirma que las policías comunitarias han sido “cooptadas con frecuencia por el narco” y que sus integrantes incurren en diversos delitos, como “detenciones arbitrarias, aplicación de justicia por mano propia, tortura y asesinatos”. Luego hace referencia al caso de la guerrilla, al afirmar que las organizaciones políticas armadas se mantienen en estado latente la mayor parte del tiempo en la entidad, aunque “se reactivan en ciertos eventos”, como el caso Ayotzinapa. Por ello, el PED señala que Guerrero enfrenta una crisis de inseguridad “sin precedente”, que se generó durante los últimos diez años, periodo donde el fenómeno de la violencia vinculada al crimen organizado ha ido en aumento. La gobernabilidad en Guerrero, afirma el documento, “se ha visto amenazada” por la inseguridad, y por ello el gobernador Astudillo se ha comprometido “a devolver al estado la gobernabilidad democrática plena”.