CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional (AI) criticó la falta de avances en la investigación que se sigue sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010, y exigió al gobierno mexicano “una respuesta a la altura de las circunstancias”. En una reunión con familiares de las víctimas, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, subrayó que la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) demuestra una vez más la negligente respuesta de las autoridades a la profunda crisis de derechos humanos. “Considerando las graves fallas en las investigaciones forenses documentadas en México, no sorprende que familias de los 72 migrantes asesinados en la masacre de San Fernando tengan que viajar miles de kilómetros para exigir la revisión de sus casos,” destacó Añadió: “El gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias que han estado buscando justicia por más de cinco años”. Las declaraciones de Guevara se dan a unas horas de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictamine sobre la revisión del amparo 382/2015, referente al caso de la salvadoreña Bertila Parada, cuyo hijo fue encontrado en una fosa clandestina localizada en San Fernando en abril de 2011. La directora para las Américas de Amnistía Internacional lamentó la falta de disponibilidad de las altas autoridades de la PGR para reunirse con los deudos, así como la nula información recibida sobre los “avances” en la investigación. “No hay tiempo que perder. La inacción de las autoridades ante la investigación de estas masacres implica una abierta revictimización de estas familias y sus comunidades. Es hora de que el gobierno mexicano dé una respuesta a la altura de las circunstancias y acelere los esfuerzos para proveer a los familiares de una reparación integral,” remató. Ayer, familiares de las víctimas de la masacre en San Fernando, quienes viajaron desde Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador en busca de justicia, dieron a conocer que solicitaron una reunión con la procuradora Arely Gómez y con el agente del Ministerio Público (MP) que estuvo a cargo de la investigación durante más de cinco años, pero finalmente el encuentro terminó en una “burla”. Precisaron que Gómez no se presentó a la reunión, y en lugar del agente requerido por su conocimiento del tema acudió un funcionario que “investiga” el caso desde hace apenas un año. Su presentación duró menos de diez minutos, lo que irritó a los familiares, quienes señalaron que había más información en Internet que en el discurso del funcionario. “Como las familias se percataron de que esto era una burla, tomaron la decisión de levantarse” de la reunión, explicó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos. “Para las familias fue un trauma, esperaban otra explicación después de cinco años”, subrayó en entrevista con Apro.