Durante un recorrido por Jilotlán de los Dolores, Proceso Jalisco observó el abandono en que viven algunas de las comunidades limítrofes de Jalisco con municipios de Michoacán. Ante la falta de seguridad, los lugareños se armaron y formaron sus propios grupos de defensa para repelar a los grupos criminales. La reportera observó que por la maltrecha y solitaria carretera de esa cabecera municipal circulan camionetas que trasportan droga y bidones con combustible presuntamente extraído de los ductos de Pemex. Cuando se le pregunta al alcalde Juan Carlos Andrade sobre esa anomalía, dice que no sabe nada de eso, ni tampoco de César Ochoa, el sicario que presuntamente controla ese territorio. JILOTLÁN DE LOS DOLORES (Proceso Jalisco).– Ante la nula vigilancia policiaca en los límites del sureste de Jalisco con Michoacán, los grupos delincuenciales aprovechan para trasladar por esa zona sus cargamentos de droga, armas introducidas al país de manera ilegal y los bidones llenos del combustible presuntamente succionado de los ductos de Pemex, según testimonios recabados por este semanario. Durante un recorrido por la maltrecha carretera que conduce de la cabecera de Jilotlán de los Dolores al poblado de Rancho Nuevo, la reportera observó a dos camionetas: una de ellas llevaba seis contenedores que desprendían un fuerte olor a gasolina; la otra transportaba un Rotoplas en la parte trasera con una bolsa de plástico negra entre la tapa y el recipiente para evitar la evaporación del combustible. Ese tramo está lleno de curvas y luce solitario. Ahí la comunicación telefónica es prácticamente imposible, pues los cerros y barrancas bloquean las transmisiones. Jilotlán de los Dolores abarca mil 532 kilómetros cuadrados y cuenta con 169 localidades, entre ellas Los Olivos, Las Lomas y Rancho Nuevo, las más importantes. Al norte limita con el municipio de Santa María del Oro, al sur y al oriente colinda con Michoacán, y al poniente con Tamazula de Gordiano y Tecalitlán. Ante la falta de seguridad municipal, estatal y federal en las localidades de Las Lomas y Rancho Nuevo los pobladores decidieron formar grupos de autodefensas hace dos años y medio. Primero se defendieron de los sicarios de La Familia Michoacana que incursionaban en territorio jalisciense, después resistieron los embates de Los Caballeros Templarios y terminaron por unir sus fuerzas a las de sus pares michoacanos de La Ruana, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y Coalcomán. En mayo de 2014, el gobierno federal legalizó a los grupos de autodefensa de Michoacán y los transformó en Fuerza Rural. El evento se realizó en Tepalcatepec y lo encabezó el entonces comisionado de seguridad Alfredo Castillo Cervantes, quien les dijo que serían reservistas voluntarios y estarían a la orden de la autoridad cuando los convocara. Pero la realidad es que en las poblaciones colindantes de Jalisco y Michoacán son esos “reservistas voluntarios” quienes se encargan de la seguridad, según comprobó Proceso Jalisco. Para realizar su labor utilizan los vehículos y las armas que decomisaron a los grupos delincuenciales locales. Su sueldo mensual es de 9 mil pesos y destinan parte de él a la compra de gasolina para los vehículos en los que realizan sus patrullajes. En el caso de los jaliscienses –quienes recibieron su acreditación como fuerzas rurales de parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán–, se dedican a defender también a los ciudadanos inocentes que son acosados por los elementos de la Fuerza Única. El doctor Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en temas de seguridad ciudadana y justicia penal, sostiene que ese nombramiento es anómalo, pues debieron hacerlo las autoridades jaliscienses, no las michoacanas. Si bien a Michoacán le conviene tener bien acotadas sus fronteras con Jalisco y se vale de las autodefensas jaliscienses a las que incluso incorporó a la nómina de los policías rurales, es necesario que ambos estados firmen por lo menos un convenio de colaboración, sostiene Zepeda Lecuona. Más todavía si se considera que el lunes 22 el gobernador Aristóteles Sandoval rechazó la iniciativa de su homólogo guanajuatense Miguel Márquez, quien propuso conformar un Mando Único Regional con las corporaciones de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Zona inhóspita A pocos kilómetros de Rancho Nuevo se ubican los poblados jaliscienses de Los Tazumbos, El Limoncito y El Atravesaño, todos ellos controlados por César Ochoa Mendoza, El Morisqueto o El Maquinista, quien tiene presuntas ligas con el crimen organizado, comentan los lugareños a la reportera. Ochoa Mendoza fue socio de Jesús Méndez Vargas, El Chango, integrante de La Familia Michoacana. Luego formó parte del Cártel del Milenio, Los Zetas y Los Caballeros Templarios, y hoy trabaja para el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En Los Tazumbos se encuentra un destacamento militar perteneciente al Noveno Batallón, cuya base está en el municipio de Sayula, Michoacán. Los entrevistados se quejan porque, dicen, las tropas “no se mueven de la casa ejidal. Parece que están de vacaciones”. En tanto, las cinco patrullas y los 20 elementos de la Fuerza Única permanecen estacionados en Las Lomas, mientras en El Atravesaño hay una cantidad similar que tampoco hace nada en materia de seguridad, según los vecinos. Dicen que cuando solicitan a los uniformados estatales reforzar los patrullajes en el entorno, éstos les responden que sus superiores les ordenaron permanecer estacionados. Temen que en cualquier momento sean atacados por los grupos criminales que operan en la zona. La situación se complicó desde hace nueve meses, cuando el gobernador Aristóteles Sandoval ordenó el desarme de las policías municipales de Pihuamo y de Jilotlán de los Dolores, ante la presunción de que sus uniformados estaban involucrados con la delincuencia organizada. En Jilotlán, el entonces alcalde Carlos Enrique Llamas González, del PRI, no hizo nada. Su sucesor, el emecista Juan Carlos Andrade Magaña, solicitó en numerosas ocasiones a la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es Eduardo Almaguer, aplicar los exámenes de confianza a los policías para certificarlos, pues el municipio requiere redoblar la vigilancia. “Desde antes de entrar en funciones –Andrade asumió el 1 de octubre de 2015– pedí que se establezca nuestra Policía Municipal, pero (la fiscalía) sólo nos da largas. De los exámenes ni siquiera nos da fecha, o nos dice que su personal está muy ocupado. Sabemos que cuatro policías ya aprobaron sus exámenes, pero no se puede trabajar sólo con ellos”, dice. Andrade elevó su reclamo en una de las reuniones de seguridad regional en presencia de varios alcaldes. Y aunque los representantes de la fiscalía le aseguran que van a certificar a los integrantes de la policía, no dicen cuándo lo harán. Peor todavía: los cuatro agentes certificados no pueden trabajar porque les decomisaron las patrullas y el armamento. –¿Existirá algún trasfondo político en la negativa de certificar a los policías de su municipio, puesto que usted es de Movimiento Ciudadano y la fiscalía la encabeza un priista? –se le pregunta al alcalde. –Cabe esa duda. Yo nunca había entrado a la política, pero se me hace que ya es mucha traba. –En la orilla de Jilotlán una patrulla estatal (placas JS-02-576 y número económico PRJ-126) permanece estacionada todo el tiempo. ¿A qué se debe? –Cuando desmantelaron a los municipales, llegaron los estatales. Pidieron que se les pagara hotel y toda la cosa. Cuando llegué les dije que no tenía para el hotel porque recibí el ayuntamiento en bancarrota. Entonces rentamos dos casitas para que se alojaran. Una de las patrullas está estacionada afuera de una de esas casas. –Entonces sí vigilan –insiste la reportera. –Ellos no vigilan. ¿Les tocó algún retén? –pregunta el alcalde. –No. Sólo escuchamos de los pobladores que la Policía Estatal permanece estacionada en Las Lomas. ¿La inseguridad es grave? –insiste la reportera. –No tanto. Los malos se fueron. En Tepalcatepec, Michoacán, que está a media hora, luego del levantamiento (de los autodefensas), se mudó de la ciudad toda la gente mala, por eso tenemos tranquilidad. “Sin embargo, hay intranquilidad porque los (policías) estatales andan sin dinero y como llegaron a un pueblo donde no hay dinero, quieren sacárselo a quien no lo tiene.” –Los pobladores aseguran que como la Policía Estatal no vigila, los delincuentes transitan libremente por la carretera en vehículos con bidones de combustible robado y cargamentos de droga… –Yo no lo he notado. El municipio es tan grande, que a veces desconoces cosas. Yo sé que en Las Lomas se portan bien, porque ahí vive la mitad de los que se levantaron en armas. Aquí no hay clientes (para el combustible robado), yo no he visto asuntos de ese tipo. –También señalan que César Ochoa controla por lo menos tres comunidades que pertenecen a Jilotlán. –He oído su nombre… Confiamos en el Ejército; donde hay Ejército, nos despreocupamos. Hasta hace dos años había mucha inseguridad, pero hoy el Ejército está en Tazumbos. Así que no creo que (Ochoa) pueda controlar la situación. Sigue viviendo ahí, pero no hace de las suyas como antes. “Ahora, a un delincuente (los habitantes) lo corren con una escoba. Los que fueron malos ya no abusan ni siquiera de un jornalero… Si alguien intenta actuar como antes del 24 de febrero de 2013, no dura ni 24 horas.” Comunicaciones averiadas Con relación a la carretera estatal que cruza el municipio de Jilotlán de los Dolores, el alcalde Juan Carlos Andrade refiere que pidió al gobierno del estado recursos para repavimentar algunos tramos. Las autoridades se los negaron porque, le dijeron, ya le habían entregado alrededor de 26 millones de pesos a su antecesor, el priista Llamas González, quien presuntamente desvió esos recursos. Andrade comenta a la reportera que Llamas no entregó 21 cuentas públicas municipales a la Auditoría Superior del Estado. “Eso me ha causado problemas –dice–, pues no puedo presentar mi cuenta pública de octubre a la fecha porque la anterior administración no presentó las cuentas de 2014 y 2015. Aunque yo cumpla a mí no me reciben la cuenta en la auditoría”. El alcalde emecista dice que su predecesor le dejó pasivos por 25 millones de pesos: 18 millones por concepto de laudos, 3 millones de finiquitos y 4 millones de deuda pública, que equivalen a más de la mitad del presupuesto anual que ejerce este año (40 millones de pesos). A la precariedad con la que trabaja Andrade se suma el discurso deslegitimador del gobernador Aristóteles Sandoval, quien asegura que en Jalisco las autodefensas no existen. Así lo dijo el 24 de febrero del año pasado, luego de que habitantes de El Salto, inconformes por la falta de seguridad, decidieron protegerse ellos mismos. En Jalisco, dijo el mandatario, “no hay ningún tipo de autodefensas”, y agregó que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Almaguer Ramírez, estaría pendiente para evitar que los vecinos de El Salto utilicen las armas para garantizar su seguridad. Proceso Jalisco solicitó una entrevista con Almaguer Ramírez por medio del área de Comunicación Social de la dependencia para consultarlo sobre los autodefensas. Al cierre de edición no había respondido.