CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miembros de organizaciones sociales manifestaron su preocupación por la integridad del ambientalista Gustavo Castro Soto, retenido en Honduras, y alertaron sobre la maquinación de un “montaje” para incriminarlo en el asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, crimen del que fue testigo el activista mexicano. En conferencia de prensa, integrantes de Amnistía Internacional, Otros Mundos, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y Defensa de los Ríos (Mader), Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigieron a los gobiernos de México y Honduras acordar un mecanismo efectivo para la salida de Castro Soto del país centroamericano, considerado por la CIDH como el “más violento” para los defensores de derechos humanos. Los activistas reconocieron la atención de la embajada mexicana en Honduras, pero exigieron acciones más contundentes para el pronto regreso de Castro Soto y generar acuerdos diplomáticos para que el ambientalista continúe colaborando con la Fiscalía de Etnias, que es la que lleva el caso, desde México. Sara Rufsky, de Amnistía, informó que el lunes y martes una delegación de su organización acudió a Tegucigalpa para revisar la situación jurídica del homicidio de Berta, quien junto con su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), contaba con medidas cautelares emitidas por la CIDH desde 2009, tras una serie de amenazas recibidas por parte de la empresa Desarrollos Energéticos, que pretende construir una hidroeléctrica en Agua Zarca, cerca del río Gualcarque. Rusky agregó que los enviados de AI se entrevistaron con diversos funcionarios de derechos humanos, de seguridad, de la Cancillería hondureña, la fiscalía que lleva el caso, así como de la Procuraduría. Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández “no aceptó la solicitud de reunión con Amnistía ni con familiares (de Berta) ni con miembros del Copinh, lo cual resulta preocupante porque no hay certeza en la independencia de la investigación ni tampoco si se ha llamado a declarar a los empresarios que lanzaron amenazas una semana antes del asesinato, de lo que había denuncias interpuestas”. Miguel Mijangos, de Rema, se refirió a irregularidades del proceso detectadas por Castro Soto: “Para empezar, Berta tenía medidas cautelares que no fueron aplicadas; (los perpetradores) entraron por la puerta trasera en la madrugada, y la policía llegó al lugar de los hechos muy entrada la mañana, y llegaron preguntando ‘¿Quién es la pareja de Berta?’, y se lo llevaron, salió libre al comprobarse que no había elementos; primero se dijo que se trataba de un robo y luego de un crimen pasional”. Luego agregó que “hay un proceso de hostigamiento fuerte para los compañeros del Copinh, hay una irregularidad fuerte de las testimoniales de Gustavo en la primera etapa, pues sólo le ponen referencias fotográficas de integrantes del Copinh, se ve que están empezando a avanzar en un montaje, a pesar de que sabemos que Gustavo está como testigo protegido, nos preocupa que la investigación dé un giro y empiece un proceso de criminalización hacia él”. Mijangos dijo que hay temores fundados de que se pueda atentar contra Castro Soto, porque fue “testigo ocular” del homicidio de Cáceres, y no hay garantías de seguridad en Honduras. “Tan lo sabe el gobierno hondureño que se le ha trasladado en vehículos blindados y helicópteros, los riesgos que se corren es como ir de Iguala a Chilpancingo a las seis de la tarde por la carretera federal, que sabes que no llegas”, alertó. Gustavo Lozano, de Mapder, abundó que otro punto de preocupación es que “no hay certeza jurídica para Gustavo y su defensa en Honduras para saber a qué atenerse en un proceso jurídico donde hay complicaciones políticas por la relevancia que tenía Berta como defensora, no hay garantías de que su estatus de testigo protegido vaya a continuar, por el momento no están yendo por él, pero no tenemos garantías”. Lozano agregó que Castro Soto ha “expresado su intención de colaborar, que se vaya al fondo del asunto para que el Estado hondureño avance en el proceso de investigación, dé con los responsables del homicidio y actuar en consecuencia”. También insistió en que la petición es que el director de Otros Mundos regrese a México y “desde aquí coopere, no se está pidiendo nada irregular ni ilegal”. Libertad Díaz, de Otros Mundos, resaltó que Castro Soto se encuentra en la embajada mexicana, que su estado físico es estable, ya que sus heridas durante el atentado fueron leves, y que se le ha mantenido resguardado por policías cuando sale de la sede diplomática. Díaz señaló que el homicidio de Berta Cáceres es el quinto que registra el Copinh, muertes relacionadas con su defensa al medio ambiente, sobre todo por la confrontación de la organización con el proyecto Agua Zarca. Enseguida recordó que Gustavo Castro había llegado a Honduras en la víspera del asesinato para promover la realización de un “foro sobre alternativas al modelo energético”.