CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un camillero con VIH de la Armada de México denunció a la Secretaría de Marina por tratos discriminatorios, y por haber sido objeto de bullying de parte de sus superiores y compañeros. En 2002 el elemento fue notificado de su baja de la Marina “por haber contraído una enfermedad en actos ajenos al servicio”, lo que lo inutilizó para el servicio, de acuerdo con Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pero no fue todo, pues al denunciante también le retiraron todo derecho al servicio médico. Tiempo después, en 2012, el quejoso fue reintegrado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconociera que esta medida fue “irracional y anticonstitucional”. No obstante, el hombre decidió volver a denunciar a la Semar, debido a que asegura que es discriminado por sus compañeros. En entrevista para la agencia NotieSe, la víctima aseguró que “sigo ‘rebajado’, trabajando sí me tienen, pero yo no hago instrucción ni hago guardias en la perimetral, me la paso todo el tiempo en el almacén”. Incluso, fue excluido para aspirar a un ascenso de grado, porque le dijeron que está “clasificado”; además, también se han negado a renovarle su credencial que lo reconoce como integrante de la Armada de México. El camillero narró que, a los tres años de servicio activo en la Marina, fue diagnosticado con VIH en el servicio de urgencias del Centro Médico Naval, a donde llegó con un cuadro de diarrea resistente. Entonces le aplicaron la prueba de detección del virus sin su consentimiento y, al resultar reactivo, en noviembre de 2002 le notificaron de su baja por haber contraído una enfermedad en “actos ajenos al servicio”. “Me dijeron que era seropositivo y ya no podía trabajar ahí, y me dieron de baja”, expone el denunciante, de quien se omitieron sus datos para resguardar su identidad. A partir de esa notificación, este integrante de la Marina inició un peregrinaje jurídico –que aún no termina– por oficinas, juzgados y tribunales, donde ha presentado todos los recursos posibles en la defensa de sus derechos humanos, acompañado por el abogado Pedro Morales Aché, de la Consultoría Médico Legal (Medilex). Tras presentar varios escritos de inconformidad, de interponer cuatro demandas de amparo en diversos tribunales y de presentar dos recursos de revisión de sentencias judiciales favorables a medias, que le llevarían varios años de litigio, su caso llegó hasta la SCJN, que finalmente en 2011 determinó la inconstitucionalidad de la ley referida, en la parte donde hace alusión al VIH como uno de los tipos de infecciones recurrentes “no susceptibles de tratamiento”, incapacitantes para realizar las funciones militares. Así, la Primera Sala de la SCJN calificó de “irracional” y de “medida desproporcionada” dar de baja a los militares con VIH, ya que la medida resulta “contraria a los principios de igualdad y de no discriminación por razón de salud constitucionalmente reconocidos”, en virtud de que padecer de infección por VIH sí es susceptible de tratamiento y “no necesariamente implica incapacidad o peligro de contagio” en el ejercicio de las distintas funciones de las Fuerzas Armadas. Por ello la Corte ordenó la inmediata reinstalación del marinero dado de baja, resolvió que se le cubrieran los salarios caídos y mandató que se le proporcionara la atención médica necesaria. Hostigamiento sin fin Cuando la resolución favorable de la Suprema Corte se da, la salud del camillero se había deteriorado gravemente debido a la falta de atención médica adecuada durante los nueve años que estuvo inactivo. La notificación para presentarse al toque de diana y reincorporarse al servicio activo en la Marina lo sorprendió hospitalizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, donde convalecía de varios padecimientos asociados al sida. Durante todo ese largo lapso fuera de la Marina, el quejoso debió trabajar en cocinas económicas, cuidar a personas de la tercera edad y realizar otros oficios similares recibiendo a cambio retribuciones menores que las percibidas en la Marina. Asimismo, debió buscar alternativas de atención a su padecimiento asequibles a sus bolsillos, ya que no contaba con seguridad social. Cuando se presentó de nuevo en la Marina, una vez dado de alta en Neurología, ingresó directo al Hospital General Naval y ya no fue reinstalado en el cargo de camillero, donde hacía trabajos de rehabilitación, sino que fue asignado al almacén del Centro Médico Naval para realizar una labor administrativa. Sin embargo, a partir de ahí comenzó el hostigamiento reiterado hacia su persona. Desde el momento de su reingreso a la institución naval, lo han mantenido “rebajado” a fuerza de expedirle certificados de incapacidad temporal que le han impedido incorporarse de lleno al servicio activo. “Yo sigo ‘rebajado’, trabajando sí me tienen, pero yo no hago instrucción ni hago guardias en la perimetral, me la paso todo el tiempo en el almacén”, deploró. Además, abundó, su condición de seropositividad al VIH se difundió por todos lados. En la peluquería, por ejemplo, la cabo encargada “le anduvo diciendo a todo mundo que yo tenía VIH, que cómo me atrevía a cortarme el pelo ahí. Y luego ya nadie se quería cortar el pelo en ese lugar”. Cuando se decidió a participar en las promociones para ascender de grado a las que tiene derecho todo integrante de la Marina, le fue notificado que quedaba excluido por estar “clasificado”. Y, a menos de un año de su reincorporación a la Marina, se le inicia un nuevo procedimiento de baja del servicio militar, debido a un nuevo ingreso en el Hospital General Naval a consecuencia de los años que estuvo dado de baja sin recibir la debida atención médica, lo que obliga al marino y a su abogado a iniciar de nuevo un recurso de inconformidad para dejarlo sin efecto ese cese. Ahora, sin justificación alguna, se niegan a renovarle la credencial que lo acredita como elemento activo de la Marina, y por ello sus padres han resultado también afectados, pues ya no pueden continuar con la atención médica que recibían como derechohabientes de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. “Ha sido un caso de discriminación reiterada en el tiempo. Hace seis meses que demandamos para que le dieran su credencial y, en lugar de ello, lo que hacen es hacerlo firmar un contrato laboral, pero nada más por seis meses”, con toda la intención de no renovárselo y poder darlo de baja, acusó el abogado Pedro Morales. Así, por todo el daño acumulado e irreparable sufrido en su dignidad personal, en su integridad psicológica, emocional y física es por lo que él y su abogado han decido demandar de nuevo e interponer ahora un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde exigen la reparación del daño causado con motivo de toda la discriminación de la que ha sido objeto, y que le ha impedido desarrollar un proyecto de vida.