CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una ceremonia realizada en el Campo Militar número 1, donde entregó reconocimientos a 33 unidades militares por sus acciones contra el crimen organizado, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que los soldados, pilotos y marinos de México están obligados a actuar con pleno respeto a los derechos humanos. “Tengan siempre presente que, al ser los primeros defensores de la patria, son también los primeros obligados en actuar con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos”, dijo, y afirmó que el gobierno de la República mantiene el firme compromiso de recuperar la libertad y la tranquilidad de las familias del país. Luego de destacar que el 21 de marzo es una fecha memorable para los mexicanos por ser el natalicio de uno de los próceres más grandes de la República, Peña destacó que Benito Juárez, junto con una generación de destacados liberales, “fortaleció el régimen republicano, impulsando el Estado laico; respaldó las libertades y los derechos de los mexicanos, y frente a la invasión extranjera defendió con determinación a la Patria”. A través de su vida y de su obra, subrayó, el presidente Juárez “nos legó una gran enseñanza: que la ley y el estado de derecho son esenciales para el progreso de una sociedad”. El legado juarista continúa vigente, por eso el gobierno de la República trabaja con determinación y entrega para asegurar la legalidad y la vigencia del Derecho en todo el territorio nacional, recalcó el Ejecutivo. Y en este esfuerzo colectivo, dijo, México cuenta con un respaldo invaluable, con la lealtad y el patriotismo de sus fuerzas armadas, instituciones que todos los días protegen a México y a los mexicanos. De acuerdo con Peña, la presencia y despliegue operativo de las fuerzas armadas en todo el territorio nacional ha permitido ir recuperando la normalidad en la vida cotidiana de la sociedad, especialmente en aquellas regiones que estaban más afectadas por la violencia. Con acciones contundentes y operaciones precisas, han demostrado invariablemente su fortaleza y su capacidad, añadió. “Hoy reconocemos a unidades militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que se han destacado en el cumplimiento de las misiones que les han sido encomendadas. Al recibir las merecidas distinciones de este día, se han convertido en un ejemplo a seguir para sus compañeros de armas, y en un motivo de orgullo para sus familiares, quienes son su principal apoyo y fortaleza”. Para portar el uniforme e insignias militares, prosiguió, los soldados, pilotos y marinos de México tuvieron que superar diversos desafíos que pusieron a prueba su temple, carácter y determinación. “Por todos estos motivos, hoy reconozco el diario proceder de cada uno de ustedes; valoro su conducta apegada a los más altos valores y principios. Ustedes conforman un destacado grupo de mexicanos que preserva y enriquece el legado y tradición de honor de nuestras instituciones militares”, subrayó Peña. En la edición número 2055 de la revista Proceso que circula esta semana se da a conocer que a más de dos años de la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal en Nuevo León, un juzgado civil ordenó la formal prisión de cinco marinos como presuntos responsables de ese delito de lesa humanidad, documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La dilación para consignar el caso y apresar a los marinos, según la entrevista que hizo la reportera Gloria Leticia Díaz a Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) –organización que documentó los hechos–, se explica por la “protección al más alto nivel, posiblemente hasta el secretario de la Marina (Vidal Francisco Soberón), quien no es ajeno a los graves abusos que han cometido sus elementos”. El martes 8 y el miércoles 9, el juez tercero de Distrito Penal en Nuevo León ordenó la formal prisión para el capitán de corbeta de la Secretaría de Marina (Semar) Raúl Enrique Sánchez Labrada y para los marinos Renato Juárez Arellanes y Alfi Ahumada Espinoza, así como el cabo de comunicaciones Carlos Adán Verduzco Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, tercer maestre administrativo. Se les señala como presuntos responsables de la desaparición forzada de Del Bosque Villarreal, quien fue detenido el 3 de agosto de 2013 y cuyos restos fueron hallados dos meses más tarde en las inmediaciones de un campamento de la Marina cercano al poblado de Colombia, Nuevo León, y a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por ese caso, este lunes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón. En un comunicado, el organismo presidido por Raúl González Pérez señaló que “a pesar de que la Semar informó a la Comisión Nacional no contar con elementos que lleven a determinar que el personal naval haya detenido a la víctima, las evidencias recabadas acreditan que sí fue detenido de manera arbitraria por aproximadamente ocho elementos navales y que ellos fueron los últimos con quienes vieron a la persona con vida, lo que conduce a inferir que son los responsables de la desaparición forzada”. Más aún, para el organismo “hay concatenación de la desaparición forzada perpetrada con la muerte de la víctima, lo que, aunado a las circunstancias en que fue encontrado su cadáver, conlleva a considerar que se trata de un caso de ejecución arbitraria violatorio al derecho humano a la vida”. En el documento la CNDH explica que la responsabilidad de los marinos en la ejecución del joven se “robustece con las evidencias recabadas por este organismo nacional, entre otras, el dictamen de criminalística de campo realizado por un perito de la PGR, que concluyó que la víctima recibió un disparo de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, a una distancia no mayor a 70 centímetros, en posición de sometimiento”. Pese a casos como el de Armando Humberto del Bosque Villarreal, hoy los marinos fueron reconocidos por el comandante supremo de las fuerzas armadas de México. En su turno, al hacer uso de la palabra, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, sostuvo que aquellos militares que han sido acusados por organizaciones civiles de haber cometido violaciones a los derechos humanos se encuentran ya bajo la justicia civil, pero pidió respetar su presunción de inocencia. “En algunas ocasiones se piensa de manera anticipada que nuestro personal es culpable, sin embargo, siempre debe existir, en primera instancia, el principio de presunción de inocencia de cualquier ciudadano, en tanto, el juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria”, dijo.