TOLUCA, Edomex. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) no promoverá acción de inconstitucionalidad contra el Código Civil local por impedir los matrimonios gay, debido a que han vencido los plazos legales para este recurso, justificó su titular Baruch Delgado. La comunidad lésbico-gay de la entidad solicitó a la Codhem, el 4 de febrero, promover este recurso contra el artículo 4.1 bis del Código Civil del Estado de México por reconocer como matrimonio sólo la unión entre un hombre y una mujer. El 25 de febrero de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este artículo inconstitucional, discriminatorio y falto a los tratados internacionales firmados por México. Como consecuencia, diez días después el gobernador priista Eruviel Ávila promovió la reforma correspondiente, que se sumó a otra del PRD en el mismo sentido, y retomada por la actual Legislatura local sin que a la fecha se haya analizado, dictaminado ni votado. El ombudsman estatal afirmó que al realizar el análisis jurídico correspondiente se encontró una limitante: para promover la acción de inconstitucionalidad se establecen plazos y términos fatales –35 días naturales contados a partir de que se promulga la reforma impugnada a nivel federal y 45 en el ámbito local–; la última modificación al ordenamiento expuesto se realizó en marzo de 2010. “En nuestro concepto no estamos en tiempo para promover una acción de inconstitucionalidad, sería improcedente por extemporánea, pero sí tenemos facultades para pronunciarnos”, dijo. En este sentido, Delgado Carbajal hizo pública la posición de la Codhem sobre el tema, que considera que los diputados locales se encuentran en falta al no acatar el mandato de la Corte. Por eso, exhortó a la LIX Legislatura para que inicie la armonización de la legislación secundaria con estándares y principios constitucionales y convencionales con respecto al matrimonio igualitario, a fin de que no se violenten los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Delgado Carbajal admitió que el llamado no establece plazos para ser atendido. “Un pronunciamiento es una declaración pública sobre la opinión de esta institución”, aclaró. En todo caso, confió en que la postura asumida no sea un “llamado a misa” para los legisladores locales, y apeló a la fuerza social y moral del organismo. Por su parte, Israfil Filós Real, presidente de Grupos Vulnerables AC, advirtió que, de no ser acatado el llamado, el siguiente paso de la comunidad será recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).