CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si bien el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial, Ltd (Finnfund, por sus siglas en inglés) y la Compañía Financiera para el Desarrollo de los Países Bajos (FMO) ya anunciaron el congelamiento temporal de su financiamiento a la polémica hidroléctrica Agua Zarca en Honduras, debido al asesinato de dos activistas, persiste la presión para que retiren sus inversiones del proyecto. Ese involucramiento supone una violación de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) para Empresas Multinacionales “Deben desinvertir. Tiene que haber una revisión de parte de todas las empresas que invierten en un proyecto cuestionado por las comunidades indígenas y organizaciones de base que las representan”, dijo a Apro Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. FMO, fundada en 1970 y con sede en La Haya, aporta 15 millones de dólares al embalse, Finnfund coopera con otros 5 millones y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 24.4 millones. Sin embargo, la violencia se ha desatado en Honduras y ha reclamado su cuota en las vidas de Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y ganadora del prestigiado Premio Ambiental Goldman 2015 por su defensa del ambiente, quien fue asesinada por hombres armados la noche del jueves 3 en La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras. En el ataque resultó herido en una mano y en la cabeza el mexicano Gustavo Castro Soto, director de la organización Otros Mundos Chiapas, que ha asesorado a organizaciones en América Central y quien permanece aún en Honduras como testigo del homicidio. A ese crimen se suma la ejecución de Nelson García, otro miembro de Copinh, el martes 15 en Río Lindo, en el departamento de Cortés --en el norte del país--, luego de un desalojo violento a cargo de la policía. Ambos asesinatos han sido la chispa que ha arreciado la campaña que atormenta a ambos fondos. El Estado holandés detenta 51% de FMO, los bancos holandeses ABN Amro, ING y Rabobank poseen otro 42% y el 7% restante está en manos de sindicatos, centrales patronales, empresas e individuos. Por su lado, el Estado finlandés posee 93.4% de Finnfund, Finnvera es dueña de 6.5% y la Confederación de Industrias Finesas EK de 0.1%. En una ríspida carta del lunes 14, unas 50 organizaciones de la sociedad civil global, entre ellas Copinh, piden a Lilianne Ploume, ministra holandesa para Comercio Exterior y Cooperación, que ordene a FMO a desinvertir en la hidroeléctrica, propiedad de la hondureña Desarrollos Energéticos, por sus efectos negativos. El gobierno holandés “debe asumir su responsabilidad e instruir al FMO a retirar su apoyo al proyecto de Agua Zarca”, se advierte en la misiva, dirigida también a una veintena de funcionarios, entre ellos Bert Koenders y Jeroen Dijsselbloe, ministros de Asuntos Exteriores y de Finanzas, respectivamente, así como Nanno Kleiterp, director ejecutivo de FMO. FMO “sabía o debió haber sabido al momento de su inversión en 2014 que la hidroeléctrica tenía el potencial de resultar en conflicto y violencia”, en un contexto en el cual “era imposible aplicar adecuadamente las políticas ambientales y sociales” del banco, señala la comunicación. Las ONG recuerdan que el gobierno holandés tiene una obligación bajo su ley de derechos humanos para garantizar que sus paraestatales los respeten en sus operaciones. “Como accionista mayoritario, es responsable de los impactos de las inversiones de FMO y debe ejercer su autoridad para evitar mayores efectos adversos”, enfatizan. Por ello, piden al gobierno instruir a FMO a desinvertir en el embalse, a efectuar una revisión de su portafolio para determinar si está invirtiendo directa o indirectamente en cualquier otra obra en territorio lenca, utilizar todos los medios diplomáticos a su alcance para garantizar el retorno de Castro a México y urgir a las autoridades hondureñas a apoyar una investigación independiente completa e imparcial que convoque a organizaciones internacionales de derechos humanos, coordinada por la CIDH, y persiga tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen. Los firmantes también indican su intención de transmitir sus preocupaciones a Finnfund y el BCIE para solicitarles su retiro. El martes 8 Amnistía Internacional (ASI) envió cartas a FMO y Finnfund con sus preocupaciones y solicitó información sobre la decisión de financiar la represa, situada en el río Gualcarque y con capacidad de generación de 22 megavatios. En respuesta, ambas instituciones anunciaron una visita a Honduras, “tan pronto como la situación lo permita”, de los directores de FMO, Kleiterp, y de Finnfund, Jaakko Kangasniemi, para analizar la situación de las comunidades y la obra. Poco después, el miércoles 16, ambas instituciones anunciaron el congelamiento de sus operaciones en la nación centroamericana, hasta cerciorarse de que se cumplen sus estándares sociales y ambientales. Castro y representantes de Copinh planeaban viajar a Finlandia y Holanda para denunciar el caso Agua Zarca, cuyo conflicto se agudizó a partir de marzo de 2013. Cabe destacar que la empresa Concreto Preesforzado de Centroamérica construye el embalse, cuyas turbinas son provistas por la alemana Voith Hydro, alianza entre Voith y Siemens. El río Gualcarque fue concesionado por 20 años mediante un contrato de concesión emitido por el Congreso hondureño en 2010. Estándares olvidados El caso obliga a que esas instituciones sean más estrictas al momento de evaluar el impacto de sus inversiones y no depender tanto de la intervención de los contratistas. FMO y Finnfund pertenecen a la asociación de Instituciones para el Financiamiento al Desarrollo Europeas y cuentan con esquemas similares de estándares ambientales, sociales y de gobernanza para su financiamiento Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales contienen pautas de comportamiento sobre asuntos como derechos humanos, empleo y relaciones laborales, ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores e impuestos. En materia ambiental, se indica, se debe “proporcionar puntualmente a los ciudadanos y a los trabajadores información adecuada, medible y verificable sobre los impactos potenciales de las actividades de la empresa sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad”. Además, “desarrollar una actividad de comunicación y consulta adecuada y puntual con las comunidades directamente afectadas por las políticas medioambientales, de salud y seguridad de la empresa y por su aplicación”. “Hay violación de los estándares de OCDE, porque uno de ellos tiene que ver con la consulta previa, libre e informada que debe ser respetada. Hay comunidades que no han sido consultadas. FMO nos aseguró que hicieron las evaluaciones respectivas y consideraban que se había cubierto los estándares. Es preocupante que no consideraran un acercamiento con las organizaciones”, aseguró Guevara. FMO es firmante de los Principios de Ecuador, un conjunto de directrices voluntarias para evaluar la condición social y ambiental de los empréstitos y a los cuales se han sumado más de 70 instituciones financieras globales desde 2003. Entre los lineamientos están la evaluación del impacto socioambiental, normas sociales y ambientales aplicables, consulta y divulgación, así como una revisión independiente. Pero esos principios carecen de un mecanismo independiente de quejas si un adherente los incumple. En cambio, FMO cuenta con un esquema de ese tipo. El banco holandés tiene antecedentes en la financiación de represas conflictivas, como Barro Blanco en Panamá. Esa hidroeléctrica, en edificación desde 2011 y a punto de su conclusión en el río Tabasara en la occidental provincia de Chiriquí, ha desatado la oposición de los indígenas ngoble y emberá. La carta de las ONG recuerda que los hallazgos del Mecanismo Independiente de Quejas de FMO sobre Barro Blanco, con una capacidad de 28.85 megavatios, sobre la ausencia de consultas libres, previas e informadas, hacen eco de las preocupaciones señaladas en el proyecto de Agua Zarca. Para Guevara, no sólo se trata de hacer una mejor evaluación de las iniciativas, sino también de un análisis más contextual de lo que ocurre localmente. “En un contexto tan perverso y de corrupción e impunidad en Honduras, las empresas tienen que cuestionarse si su inversión va a perpetuar ese modelo”, puntualizó la activista. Las organizaciones firmantes aún no deciden si van a presentar una queja ante la OCDE o el mecanismo de FMO, mientras Copinh construye el expediente para interponer una denuncia ante el banco holandés, basada en la ausencia de una consulta previa, libre e informada.