En la tercera semana de marzo la Ciudad de México registró una de sus mayores contingencias ambientales. Las autoridades federales, locales y mexiquenses improvisaron medidas extraordinarias. Sin embargo, desde el año pasado el gobierno capitalino contaba con un estudio de científicos universitarios que alertaban de los altos índices de contaminantes peligrosos y proponían acciones urgentes para atenuarlos. Pero el estudio también evidenció el descuidado manejo de las normas vigentes. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A principios de 2015, la secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino, Tanya Müller García, recibió un catálogo de propuestas de políticas públicas para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la Zona Metropolitana del Valle de México. Elaborado por expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM y del Centro de Transporte Sustentable, bajo la coordinación de Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa delegacional en Tlalpan y en aquel tiempo investigadora universitaria, el informe alertaba al gobierno de la Ciudad de México sobre el repunte de sustancias muy dañinas para la salud: monóxido de carbono, ozono, partículas suspendidas y dióxido de azufre, entre otros. El incremento de esos contaminantes en la atmósfera, según el estudio, era resultado del virtual abandono de las políticas ambientales por los gobiernos federal, capitalino y particularmente del Estado de México. La propuesta de los expertos pretendía atenuar y en lo posible evitar crisis ambientales como la que se produjo en el Valle de México la tercera semana de este mes, cuya magnitud fue superior a cualquier otra de los últimos 11 años en la zona metropolitana. Esta crisis obligó a las autoridades capitalinas y mexiquenses a improvisar medidas de contención, como restringir la circulación de automotores con engomados cero y doble cero; reducir las emisiones provenientes de fuentes móviles; actualizar las normas de emisión de contaminantes de vehículos nuevos; generar un esquema de verificación y cumplimiento de las normas de automotores nuevos, así como verificar las características del combustible. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2056, ya en circulación