CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de organizaciones sociales emplazaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a fijar postura sobre la campaña de desprestigio desatada contra defensores de derechos humanos y a detener a asociaciones y personas “financiadas por el Estado” que la operan. Reunidos en el salón Digna Ochoa en el contexto del quinto aniversario de la conformación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), decenas de activistas se sumaron a un pronunciamiento en favor de la labor de defensa de derechos humanos, ante ataques de personajes como Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza y el relator de la Tortura de la ONU Juan Méndez También contra representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Después de un minuto de silencio por las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, el poeta Javier Sicilia leyó el pronunciamiento por el que las organizaciones emplazaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a hacer un reconocimiento público de la contribución de los defensores de derechos humanos, en particular “de las aportaciones que las organizaciones de la sociedad civil y las personas mencionadas e injustamente calumniadas y perseguidas han hecho al Estado de Derecho y a la sociedad mexicana”. Los defensores exigieron al funcionario que “detenga esas graves y reprobables campañas de hostigamiento contra ellos” y que de “no hacerlo, su silencio (…) constituirá una elocuente apología de las violaciones a derechos humanos y de la legalización de un estado de excepción que no estamos dispuestos a aceptar ni a tolerar nunca”. Al señalar que desde que se lanzó la guerra contra el narcotráfico hay “una descomposición casi exponencial del país”, acarreando casi 200 mil muertos, 30 mil desaparecidos y casi un millón de desplazados, así como cientos de fosas clandestinas, Sicilia resaltó que el gobierno de Peña Nieto ha significado “un retorno a las viejas prácticas del priismo”. Sicilia, quien se entrevistó con el entonces presidente Felipe Calderón y logró reunir en plena campaña presidencial en 2012 a los aspirantes a la Presidencia de la República, resaltó que si durante el anterior sexenio se criminalizaba a las víctimas y se les consideraba “bajas colaterales”, el gobierno de Peña Nieto se caracteriza porque “niega la violencia y la tragedia humanitaria del país que entierra a las víctimas en el silencio y que asesinan, criminalizan y persiguen a todas aquellas organizaciones y personas que han tomado el camino de la verdad y la justicia”. Entre otros defensores que también han sido blanco de ataques, recordaron a los activistas Mariclaire Acosta Urquidi, Miguel Sarre Iguiniz, Fernando Coronado, Pilar Noriega, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Sergio Méndez Silva, Paulina Vega, José Antonio Guevara y Fernando Coronado, los últimos tres litigantes de 95 casos de tortura ante la Corte Penal Internacional. Para los defensores no cabe duda que el objetivo es “calumniar y desprestigiar a quienes han puesto al desnudo ante la comunidad internacional y ante nuestra nación las graves violaciones a derechos humanos en México y se oponen a la política de seguridad militarizada que se puso en marcha desde la administración de Felipe Calderón”, y para evitar que “los expertos del GIEI continúen la segunda etapa de su investigación”. En conferencia de prensa, Sicilia identificó a Isabel Miranda de Wallace “que pasó de victima a victimaria”, y a José Antonio Ortega, “hombre del Yunque que ha estado protegiendo militares guatemaltecos y trabajando por esos Estados de excepción y por esos Estados donde se protege las violaciones a derechos humanos”, como cabezas visibles de la estrategia de desprestigio “porque no son solos”. Puntualizó que “esas organizaciones y la campaña en medios, están financiadas por el Estado, esto es parte de la partidocracia son organizaciones sociales a modo que terminan por pudrir las verdaderas leyes e instituciones ciudadanas como la ley de atención a víctimas que hemos construido los ciudadanos”. El sacerdote Alejandro Solalinde, reconoció que el MPJ es un referente nacional para la organización de las víctimas, que como otros movimientos sociales responden a “un solo reclamo: queremos justicia”. Solalinde, director del albergue “Hermanos en el Camino”, convocó a “todas las personas de buena voluntad” que no están conformes con lo que está pasando a diseñar una estrategia nacional frente al proceso electoral de 2018, para impulsar un verdadero cambio, porque el Estado mexicano “está demasiado necrosado, hemos rebasado los niveles de tolerancia de cualquier conciencia”, dijo. El sacerdote insistió en que los cambios sustanciales para México no se pueden llevar a cabo “en una partidocracia como la que tenemos, no se puede con un gobierno corrupto y cínico que para acabarla de amolar  tiene tantos victimarios con bandera de derechos humanos. Llegó el momento de unirnos en una estrategia para 2018”, urgió. El activista Eduardo Gallo, secundó al padre Solalinde en su convocatoria para trascender del pronunciamiento al diseño de una estrategia concreta para el proceso electoral de 2018. “Si no hacemos algo para 2018 la situación va a ser peor, y eso si está cabrón”, expresó el defensor, quien puntualizó que Miranda de Wallace “siempre ha sido victimaria” y recordó que entregó expedientes de personas torturadas en su presencia a la entonces encargada de despacho de la Suprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, presente en el evento de este lunes, “y no se hizo nada”. Al término del evento, los defensores se sumaron al pronunciamiento de Sicilia quien recordó a Peña Nieto, Osorio Chong y “a sus organizaciones clientelares” que la representación de víctimas de  violaciones a derechos humanos y del abuso del poder y “trabajar por la justicia y la paz no pueden ser considerados nunca (…) como actos antipatrióticos ni actividades que afecten u obstaculizan la gobernabilidad. “El solo considerarlo es estar del lado del crimen y de formas dictatoriales y totalitarias inéditas y espeluznantes en sus consecuencias”, concluyó.