CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, actualmente preso, responsabilizó a la embajada de Estados Unidos de su caída y encarcelamiento por cargos de corrupción. Pérez Molina acusó que la embajada de Estados Unidos interviene en asuntos internos del país y se aprovecha de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de Naciones Unidas. “No me digo inocente, yo soy inocente”, enfatizó el exmandatario en rueda de prensa, y dijo que luego de casi siete meses de permanecer “retenido” en prisión, no avanza el proceso y el MP ha sido incapaz de concluir la investigación y probar sus acusaciones. También adelantó, de acuerdo con la agencia Notimex, que en el eventual juicio que enfrente demostrará su inocencia. “Lo vuelvo a repetir, aquí detrás de esto sigue estando la CICIG, que se ha convertido en una herramienta de Estados Unidos” en manos del embajador Todd Robinson, denunció. El exgobernante calificó a la CICIG como una “herramienta” del gobierno de Estados Unidos para intervenir y decidir en asuntos importantes del país, como su caso, la seguridad y la impartición de justicia en Guatemala. Luego dijo que el diplomático “cabildeó” con los diputados guatemaltecos para interferir en la reciente integración de la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, y actuar así en su contra en el juicio que se le sigue por corrupción. El general retirado dio a entender que la rivalidad con la embajada de Estados Unidos sería por negarse a “extender la frontera” guatemalteca para que Washington tuviera mayor injerencia en los países centroamericanos. “Hay asuntos internos en los que Estados Unidos dijo que había que ver cómo extender la frontera. El vicepresidente (Joseph) Biden me pidió que viera cómo se ponía una CICIG en Honduras y en El Salvador”. Además sostuvo que el propósito sería tener control sobre algunos temas de seguridad regional. “Todos sabemos cuál es la motivación de Estados Unidos: el tema del terrorismo, narcotráfico y el tema de los migrantes”. El expresidente habló en rueda de prensa luego que el juzgado que lleva su caso suspendió la audiencia de etapa intermedia, en la que se decidirá si realiza o no el juicio en su contra. Por una acción legal de la defensa, la Procuraduría General de la Nación (PGN) deberá sustentar su derecho de participar como querellante adhesivo –parte acusadora– en el caso conocido como La Línea. El trámite judicial llevaría un mes, cuando se decida el papel de la PGN en el proceso y se volverá a convocar a la audiencia que se sigue contra 30 acusados, incluidos Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y exautoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).