CAMPECHE, Camp. (apro).- Trabajadores de la Comercializadora Petrolera del Golfo, propiedad de la familia política del exsubdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP), Mario Ávila Lizárraga, denunciaron hoy ante la Secretaría del Trabajo el despido injustificado de 150 de ellos, así como los abusos con los que laboraban. Ávila Lizárraga, pieza clave en el caso Oceanografía, fue inhabilitado el año pasado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades detectadas en su gestión como funcionario de Pemex, tales como la firma de contratos con esa naviera de su amigo Amado Yáñez Osuna. Las investigaciones que el gobierno de Enrique Peña Nieto inició contra el también excandidato del PAN a la gubernatura alcanzaron a su esposa Maribel Gutiérrez Rullán, quien figuraba como apoderada de la compañía Grupo Empresarios del Sureste, otra empresa que recibió un contrato por 422 millones 479 mil 928 de Pemex. Esta tarde, medio centenar de los trabajadores despedidos de la Comercializadora Petrolera del Golfo se aglomeraron en la delegación de la Secretaría del Trabajo para denunciar que la compañía, dedicada a la reparación de plataformas, emitió un aviso con un listado de 105 despedidos, a quienes además adeuda salarios retenidos desde hace dos meses. La empresa, informaron los afectados, fue creada hace nueve años y es propiedad de Miguel Ángel Maldonado Rullán y su hijo Daniel. Como apoderado legal figura Sergio Gutiérrrez Rullán, primo del primero y cuñado de Ávila Lizarraga. Los inconformes expusieron que la compañía opera también en Laredo, Texas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, pero tiene su matriz en en Ciudad del Carmen, aunque ellos laboran en los talleres instalados en el puerto de Seybaplaya, municipio de Champotón. Entre las irregularidades, los manifestantes revelaron que fueron obligados a firmar sus contratos en blanco y nunca les entregaron copia de ellos. Además, estaban dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el salario mínimo, no con su sueldo real. Asimismo, carecían de prestaciones como el Infonavit y el Fonacot. No era lo único, pues además de que los obligaban a trabajar sin equipos de protección, en reciente inspección de la Secretaría del Trabajo se descubrió que la empresa incumplía con 219 puntos de seguridad e higiene. Jesús Martínez Lozano, jefe de talleres de la compañía, dijo en representación de los afectados que sólo en las instalaciones de Seybaplaya han llegado a laborar hasta 500 trabajadores y “cómo es posible que pase desapercibida esta empresa. Hasta ahora ninguna autoridad ni federal ni estatal ni municipal la volteado a ver. Genera problemas de todo tipo y ¿cómo es posible que nadie la voltee a ver, que nadie vaya?”. “Corrupción… Exigen, exigen, exigen y no quieren cumplir. ¿Por qué? Debe ser un vínculo”, reflexionó. El trabajador destacó que los propietarios de la compañía siempre han maltratado a los empleados, “de indios o pendejos no nos han bajado nunca”. Por ejemplo, agregó, a un ingeniero local le quieren pagar de dos mil a tres mil pesos, “mientras que a los que traen de fuera les llegan a pagar hasta 50 mil pesos”. Más: “Nos hacen trabajar descansos o toda la noche con la promesa de pagarnos horas extras, pero al día siguiente nos obligan a tomar un descanso de ocho horas a cambio de no pagarnos. Las liquidaciones que en otras ocasiones han pagado están totalmente fuera de derecho, dan lo quieren, cuando quieren y como quieren”. Martínez Lozano añadió: “Sabemos que tienen dinero para pagar, que en el caso de esta empresa Pemex está al día en sus pagos. Los dueños reciben recursos millonarios por los contratos que tiene con Pemex y además le trabaja a otras empresas contratistas de la petrolera… quieren que trabajemos gratis”. Y lanzó un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que “volteen a ver a esta empresa y nos ayuden a resolver nuestra situación”. El representante laboral denunció que trabajadores de esta compañía están a bordo de una plataforma “vieja e inservible que el dueño le compró a Neyborg, la están reparando, pero están haciendo trabajar a la gente en condiciones infrahumanas”. Detalló que los trabajadores suben en forma clandestina por la playa, “están sin luz, sin agua, cocinando con carbón, en una plataforma que era de perforación y que nunca se inspeccionó si hay gases tóxicos. No tienen luz a bordo ni ningún tipo de señalamiento. En cualquier momento alguna embarcación puede impactarse ahí en la noche. Y nadie ha hecho nada, ni la capitanía de Puerto ni la Secretaría de Marina ni la Semarnat ni nadie”. Entonces, se preguntó: “¿Cómo es posible que nadie, ninguna autoridad se dé cuenta de lo que pasa?”. Al término de la reunión con los trabajadores, la delegada de la Secretaría del Trabajo Rita del Río Ávila informó que se acordó iniciar una inspección extraordinaria a la empresa el próximo lunes 4 de abril y al día siguiente instalar una mesa interinstitucional a la que serían convocados los representantes de la empresa.