El secretario de Gobernación dijo en una reciente entrevista radiofónica que el GIEI terminará su labor este mes y ya no se necesitarán sus servicios para saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa; pero el presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, lo desmiente: no le toca a Osorio Chong decidir eso, afirma, sino a la Comisión Interamericana. En entrevista con Proceso, el abogado estadunidense asegura que hay una campaña de desprestigio contra esa institución y reitera que existe en México una muy grave crisis de derechos humanos. WASHINGTON (Proceso).- No –le dice la CIDH al gobierno de Enrique Peña Nieto–; no es prerrogativa de la Secretaría de Gobernación decidir si amplía o termina la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. “No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa”, dice James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA. “Extender o ampliar la prórroga de trabajo del GIEI es decisión de la CIDH”, subraya Cavallaro, quien durante una larga entrevista telefónica con Proceso denuncia la campaña de desprestigio que se lleva a cabo en México contra los integrantes del GIEI y contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión. El martes 29 de marzo, en entrevista con Radio Fórmula, Osorio Chong declaró que no habría otra prórroga para el GIEI, que el próximo 30 de abril concluye su labor como coadyuvante del gobierno mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa. “Estamos dentro del plazo. Estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, indicó el secretario de Gobernación en esa entrevista radiofónica. Con un aplomo que refleja seguridad en lo que dice, el estadunidense Cavallaro enfatiza que, como lo establece el acuerdo firmado el 18 de noviembre de 2014 entre la CIDH, el Estado mexicano y los representantes de los jóvenes desaparecidos, el futuro de la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa es un punto que nada tiene que ver con lo que quiera o no quiera el gobierno de Peña Nieto. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2057, ya en circulación