CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió al presidente Enrique Peña Nieto que, en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la verdad “no puede construirse o negociarse”. Durante la entrega de su Informe Anual de Actividades 2015, González Pérez hizo referencia al tercer peritaje sobre el basurero de Cocula, donde la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, ubicó como el sitio donde supuestamente fueron ejecutados y calcinados los estudiantes detenidos en Iguala, Guerrero. Sin abundar en la conferencia de prensa del experto Damián Torres, en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que se señaló que habría evidencia de que en el basurero se cremaron 17 personas, el ombudsman nacional pugnó por valorar este reporte integralmente con las demás pruebas “La verdad en este y en todos los casos es una, no puede construirse o negociarse, y debe necesariamente desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los respectivos expedientes, valorados y articulados en su conjunto, no de la apreciación aislada de los mismos. En ese sentido, el informe presentado la semana pasada por un grupo de peritos tendrá que valorarse de manera integral, junto con los demás elementos de convicción que obran agregados a la investigación correspondiente”, aclaró González Pérez ante el rostro adusto de Peña Nieto. Tras señalar que el “caso Iguala” sigue abierto para la CNDH, el presidente del organismo público insistió en la urgencia para que la PGR atienda “por completo las (32) observaciones que se le formularon” en julio de 2015, contenidas en el documento “Estado de la investigación del caso Iguala”. En su amplia exposición, también ante el gabinete, organizaciones no gubernamentales y estatales de derechos humanos, así como el cuerpo diplomático, González Pérez refrendó la urgencia de tratar este caso “con la máxima atención y de forma imparcial, puntual, integral y sustentada en elementos objetivos y científicos de prueba”, que impriman credibilidad a la investigación “para no dar cabida a la especulación y a cuestionamientos infundados”. El ombudsman también deploró que las desapariciones forzadas en Tierra Blanca y Papantla, Veracruz, ocurridas en este año y atribuidas a policías municipales, demuestran que se sigue “sin aprender, valorar y dar sentido las múltiples lecciones que han dado el dolor y el sufrimiento de las víctimas en nuestro país”, tras informar que durante 2015 el organismo registró 327 expedientes que reportan a 453 personas desaparecidas. “De ese conjunto, en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada de personas”, advirtió González Pérez, al destacar que Guerrero sigue siendo el estado con mayores reportes, seguido de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. El ombudsman reprobó que, pese a la existencia desde hace 25 años de la CNDH, “aún existe la tentación de identificar la causa de los derechos humanos con la defensa de delincuentes o ver aquéllos como un obstáculo para el debido y oportuno desarrollo de las funciones estatales”. González Pérez conminó a Peña Nieto a hacer un reconocimiento público de la labor de los defensores de derechos humanos, y lo urgió a hacer cumplir las “órdenes e instrucciones” a todas las instancias de gobierno para que “se reconozcan, respeten y promuevan los derechos humanos de las personas”, a fin de “trascender las etapas del discurso y la denuncia”. Sobre la situación general de derechos humanos, el ombudsman destacó que en 2015 se registraron 18% más quejas que el año precedente, al pasar de 8 mil 455 a 9 mil 980, de las cuales 879 correspondieron a detención arbitraria; 663 a trato cruel, inhumano o degradante, y 602 por abusos contra migrantes, entre otro tipo de abusos. Luego advirtió que si bien el sector salud es el más mencionado, con 3 mil 70 quejas, “casi un número semejante se recibió con relación con autoridades vinculadas a tareas de seguridad”, del orden de 3 mil 24. Al señalar que en 2015 emitió 60 recomendaciones, González Pérez refirió que las violaciones reflejadas en ellas son ejecución arbitraria, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, ataques a la libertad de expresión, así como violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, afectaciones a los derechos de migrantes, a los derechos de los pueblos indígenas, entre otras. Luego de recibir el informe, Peña Nieto sostuvo que su gobierno es “absolutamente respetuoso de la importante función social de la CNDH”, aceptando todas sus recomendaciones. Sin mencionar las preocupaciones expuestas por el ombudsman en su discurso, ni atender el llamado a reconocer públicamente a los defensores de la sociedad civil, Peña Nieto habló de seis “avances” en materia de derechos humanos: ampliación del catálogo de derechos; política de seguridad “con mejores estándares en materia de protección y respeto a los derechos humanos; incorporación de enfoque de derechos humanos en la política pública; apoyo a los grupos en situación de vulnerabilidad; próxima implementación del nuevo sistema de justicia penal, e impulso a iniciativas de ley contra desaparición forzada y tortura. Peña Nieto dijo que hay que “acabar con estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales, que atentan contra la dignidad humana y agravian a la sociedad entera”, y reconoció que el país requiere un ombudsman “fuerte, independiente y eficaz”. Al final felicitó a González Pérez por el trabajo realizado y por los 26 años que cumplirá la CNDH en junio próximo.