En diciembre de 2012 funcionarios de la PGR le entregaron a la familia Gallegos dos urnas con las supuestas cenizas de sus parientes Luis Miguel e Israel, cuyos cadáveres fueron hallados casi dos años antes en las fosas de San Fernando. Jovita y María Guadalupe, madre y hermana de los muchachos, recibieron las urnas y las enterraron… pero no están seguras de que hayan sido los restos de sus familiares. Sus dudas tienen fundamento: el expediente forense revela que los peritos cometieron errores con las pruebas de ADN. Este caso pone en evidencia un proceder al parecer recurrente en la procuraduría: cremar los restos. Con ello los yerros oficiales se vuelven ceniza. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 28 de marzo de 2011 los hermanos Israel y Luis Miguel Gallegos Gallegos, de 19 y 22 años, se despidieron de su madre, Jovita, y de sus hermanos y sobrinos. Viajaron a Querétaro para abordar un autobús de la línea Ómnibus de México que tenía Reynosa como primer destino. Ambos masticaban la ilusión de llegar hasta Michigan para reunirse con sus otros hermanos. Iban decididos a cambiar el paisaje de mezquites, nopaleras, jacarandas y árboles de granada que rodea su modesto ranchito familiar en Tierra Blanca, Guanajuato, construido con años de trabajo indocumentado en Estados Unidos y de veranos de pizcas de jitomate en Zacatecas a cambio de 100 pesos la jornada. Viajaban con sus primos, Armando y Alejandro Gallegos Hernández, también de Tierra Blanca. Pero en el camino se les cruzaron Los Zetas a la altura de San Fernando. Vino entonces la barbarie. La muerte por cráneo roto. El entierro a cerro pelón. El desentierro por parte de soldados y peritos de Tamaulipas. El traslado a la Ciudad de México en un tráiler. La plancha metálica del Servicio Médico Forense. El limbo entre los análisis y los trámites burocráticos. El segundo entierro en la fosa común del Panteón de Dolores. La madre de los Gallegos, Jovita, nunca ha entendido por qué los restos de Israel y Luis Miguel no los regresaron al mismo tiempo que los de sus primos Gallegos Hernández, aunque murieron juntos. El 16 de mayo de 2011 Tierra Blanca había recibido un ataúd con el cadáver de Armando y tres semanas después, el 6 de junio, otro con el de Alejandro. No eran los únicos guanajuatenses descubiertos en las fosas cavadas por Los Zetas y devueltos a sus familias. También fueron localizados Eleazar Martínez y José Ávila Rosas, de Irapuato; Jorge Antonio Zavala González, de Valle de Santiago, y Raúl Arreola Huaracha, de Celaya. Este último de origen guanajuatense pero con nacionalidad estadunidense, cuya embajada en México reclamó información de su paradero. Sin embargo, los expedientes de los 120 cuerpos rescatados de las fosas de San Fernando que quedaron bajo tutela de la Procuraduría General de la República (PGR) –a los que tuvo acceso la reportera–, muestran omisiones y errores absurdos. Tal fue el caso de los expedientes de los hijos de Jovita. Tres veces ella se hizo pruebas de ADN para que las contrastaran con los cadáveres de la fosa donde fueron hallados los primos de sus hijos. Un año y nueve meses después, en diciembre de 2012, funcionarios de la PGR le entregaron a la familia Gallegos dos urnas adornadas con querubines, llenas de cenizas. Le aseguraron que ahí estaban los restos de Israel y Luis Miguel. A Jovita todavía se le llenan los ojos de lágrimas al recordar ese momento. No puede hablar. Es su hija, María Guadalupe, la que lo cuenta: “A mi mamá le dio sentimiento porque así le mandaron a mi papá del otro lado: en cenizas. Decía: ‘¿Cómo es que mis hijos corren la misma suerte?’”. Ahora es María Guadalupe quien no puede seguir con el relato. Sus ojos parecen un estanque a punto de desbordarse. Fue ella la que recibió las urnas con las cenizas. En la PGR no le dieron más opción. El esposo de Jovita, padre de sus 11 hijos, murió 17 años antes en un accidente carretero cuando trabajaba en Estados Unidos. Treinta mil pesos le cobraban por repatriar el cadáver en un ataúd. No tuvo dinero para ello; por eso, sólo por eso, lo aceptó vuelto cenizas. “Como los cuerpos ya estaban descompuestos y contaminaban por ahí donde iban pasando, me dijeron que sólo así los iban a dar”, explica María Guadalupe con voz temblorosa. Le pesa como lápida sobre el corazón ese papel que jugó de representar a la familia frente a la burocracia. Entonces Jovita saca su voz. “Yo le dije: ‘Ai así te los van a dar, ya mejor ni los recibas’. ¿Para qué?”, dice sin mirar a su hija. [caption id="attachment_436190" align="alignnone" width="702"] Un retrato de Israel Gallegos, de 19 años. Foto: Ginnette Riquelme[/caption] Cadena de errores A las 08:30 horas del 30 de noviembre de 2012, el último día del sexenio de Felipe Calderón, un grupo de funcionarios con una orden judicial, ayudados por panteoneros, abrieron la fosa común donde fueron lanzados los cuerpos de San Fernando. Pasaron todo el día seleccionando los restos que buscaban. Se retiraron al atardecer, cuando los 10 cadáveres que exhumaron se habían convertido en cenizas. Ocho guatemaltecos fueron cremados junto con los hermanos Gallegos. La PGR los identificó como William, Bilder Osbely, Delfino, Erick Raúl, Gregorio, Jacinto Daniel, Marvin y Miguel Ángel. El crematorio del panteón de Dolores fue donde se mezclaron los horrores ocurridos en Tamaulipas. Uno de los guatemaltecos había perdido la vida ocho meses antes que el resto, en la matanza de los 72 migrantes ocurrida en agosto de 2010, también a manos de Los Zetas, también en San Fernando. Los demás venían de las fosas halladas en 2011 en ese municipio. Todos habían sido trasladados al Distrito Federal y coincidieron en la misma fosa. La orden de cremación fue firmada por el agente del Ministerio Público José Rojas, como consta en los oficios en poder de la reportera. Después se explicó que dicha cremación se realizó por razones sanitarias. No valió la petición que organizaciones de defensa de los derechos de migrantes le hicieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que impidiera la destrucción de esos 10 cuerpos. Tampoco los argumentos de que no se podían quemar cadáveres si aún no acababa el procedimiento penal en un caso tan grave como el de las masacres perpetradas por Los Zetas; más aún, si los familiares de las víctimas no lo autorizaron. Pero la CNDH no intervino. El 2 de diciembre de 2012, un año y nueve meses después de haber sido asesinados y desaparecidos por Los Zetas, los restos de los hermanos Gallegos, vueltos cenizas, fueron enterrados por su familia, bajo una plancha de cemento colado que tiene como único adorno dos cruces de metal financiadas por el ayuntamiento. Ahí quedó escrita como fecha de su muerte el 8 de abril de 2011, el día del hallazgo de las fosas. Jovita no cree que enterró a sus hijos. Y tiene fundamentos para dudarlo. También para reclamarle al gobierno por una cadena de errores que los funcionarios cometieron en su caso y que resolvieron convirtiendo los cuerpos en cenizas. [caption id="attachment_436186" align="alignnone" width="702"] El sepulcro de los hermanos Israel y Luis Miguel Gallegos Gallegos, de 19 y 22 años. Foto: Ginnette Riquelme[/caption] El engaño En las fichas forenses realizadas en abril de 2011, el mismo mes de la exhumación, uno de los dos hermanos Gallegos Gallegos, aparentemente Luis Miguel, el mayor, está registrado como plenamente identificado por su coincidencia con el ADN de Jovita y por las pruebas antropológicas, de dactiloscopia y odontología genética. Era el cadáver 18 de la fosa 4. Ese mismo mes, el cadáver 15 de la fosa 1 también estaba identificado (vía ADN) como el del primo Armando. En ese momento algo pasó, que el caso quedó en el limbo de la burocracia. La causa de la tardanza de la identificación podría estar contenida en unos oficios que integran el expediente SIEDO/UEIS/AC/044/2011 y 0092/2012, al cual tuvo acceso esta reportera, en el que se registra que el 2 de junio de 2011 las muestras de ADN de la señora Jovita y de un hijo llamado José fueron confrontadas con el cadáver 18 de la fosa 4. Coincidieron. El dictamen lo firmó el perito Adrián Bautista. Jovita sabe algo de los orígenes del enredo que dilató la entrega de los cuerpos. Sabe que Luis Miguel fue identificado rápido por la PGR, pero con Israel fue distinto, pues “estaban en duda porque tenía un tatuaje. Daban todas las pruebas bien (de ADN), pero no era (Luis Miguel) porque tráiba un tatuaje como en la espalda”. Su hija se tensa. La voz se le extingue por los nervios, como reprimiendo el llanto. Jovita y María Guadalupe dijeron que no recibirían al cadáver tatuado porque ninguno de los Gallegos tenía sellos en la piel. A Israel le gustaba pintarse letras con tinta en la mano pero nunca se había tatuado. Siempre que trabajaban en la casa se quitaban la camiseta; ellas conocían sus cuerpos. Incrédulas, las mujeres pidieron que les mostraran una fotografía, las ropas que traían esos cuerpos, sus pertenencias, algo, para tener una segunda prueba de que el tatuado era su hijo y su hermano, respectivamente. La respuesta de la PGR fue: no tenemos nada. Les mintieron. En el expediente consultado para esta investigación aparecen las fotografías de los hermanos Gallegos y de sus ropas. La PGR guarda pistas valiosísimas de los cuerpos, como las piezas dentales, las ropas o incluso medallitas, crucifijos y carteras con identificaciones que portaban al morir, pero que no han compartido para hacer que las familias encuentren esa pequeña pista que les devuelva el cuerpo que añoran enterrar. La única imagen que los funcionarios de la PGR mostraron a Jovita y a su hija fue la engañosa foto de un tatuaje desconocido. Y la dependencia siguió con el engaño. El 12 de enero de 2012, nueve meses después de que Luis Miguel había sido identificado, en un oficio interno de la dependencia se solicita al funcionario Miguel Óscar Aguilar, director general de la Coordinación de Servicios Periciales, designe a un perito que procese las muestras genéticas tomadas a la madre y ahora también a María Guadalupe para que se elaboren, otra vez, los perfiles genéticos de los dos hermanos y se confronten con dos cadáveres. El 23 de enero se especifica que la confronta se haría con las muestras del fémur del ya reconocido cadáver 18 y del 22 de la fosa 4. El 11 de mayo se incluye en la orden al cuerpo 44, recuperado en el mismo lugar. El oficio DGCSP/DSATJ/643/2012, firmado por Martín Ríos Pérez y dirigido al químico Alfonso M. Luna Vázquez, director del área de Biología Molecular, anuncia lo que en la PGR parece una constante: que las muestras habían sido erradas. “Con carácter de urgente rinda un informe en relación con los hechos derivados del cambio de muestras biológicas relacionadas a los 120 cadáveres localizados en el estado de Tamaulipas relacionados con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, pues se presume existencia de irregularidades en relación con la recepción de muestras”, se asienta en el oficio. Una copia de estos documentos llegó a la directora de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría. El escrito pide que se detalle la secuencia de la toma de muestras, además de los nombres del personal que intervino en la operación. Al final de la investigación, dos peritos fueron sindicados como responsables del error: Berna del Carmen Uribe y Pedro Gabriel Suárez. A partir de ahí, silencio. El expediente que esta reportera consultó se corta en ese tramo, cuando dentro de la PGR se reconocen los errores que afectaban la identificación de varias de las víctimas, como ocurrió en otros casos, por ejemplo el del Campo Algodonero, la matanza de los 72 migrantes o Ayotzinapa. Lo siguiente que se conoce es que los hijos de Jovita fueron reducidos a cenizas. Con ello las evidencias se volvieron humo. A pesar de conocer el error, aparentemente la PGR no rectificó. Con dudas, Jovita y su familia enterraron a dos cadáveres que desconocen si eran de su sangre. María Guadalupe recuerda bien cómo fue el abrupto desenlace: “Dijeron de PGR: ‘Vamos a hacer más estudios, comprobar las muestras’, querían estar seguros. La última vez me dijeron de PGR que sí era él porque daba (positivo) con el ADN de las muestras de mi mamá. No los entregaron. Nos dijeron que todas las muestras daban bien, que mi hermano era el del tatuaje”. En la PGR le dijeron que antes de asesinarlo le hicieron un tatuaje para obstaculizar su identificación. Esta “lógica” no ha sido suficiente para espantar la incertidumbre que ronda como fantasma por el ranchito de los Gallegos. “Las dudas no se acaban, pero ya es más tranquilidad que recién pasado. A veces creo que puede pasar lo de las novelas que dicen que cuando ya lo habían enterrado, el difunto de repente llega.” Jovita sonríe con picardía. La única certeza que tiene es que enterró para siempre un sueño recurrente y alegre en el que veía a sus dos hijos regresando a casa. Este reportaje se publicó originalmente en la edición 2025 de la revista Proceso del 22 de agosto de 2015. Investigación realizada con el apoyo de la Fundación Ford, presentada por Proceso, la División de Estudios Internacionales y la Maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE. Las base de datos puede ser consultada en www.masde72.org