CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de los Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) denunció la presencia de militares y vehículos del Ejército en el pueblo de San Salvador Atenco como escoltas de trabajadores de una empresa constructora la cual, “se presume hacen trabajos para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México”. Ante ello, hizo un “enérgico llamado” al presidente Enrique Peña Nieto “para ordenar y proteger, de acuerdo a los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano, la integridad y vida de los habitantes” de esta localidad. En un comunicado, el presidente del CDHZL José Antonio Lara Duque aseguró que “este tipo de incursiones ha sucedido también en otras regiones de Atenco”. Incluso, alertó que los defensores de la tierra del pueblo aledaño Nexquipayac, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, contaron que ayer “acudieron topógrafos a sus tierras ejidales para realizar labores de demarcación”. El defensor de los derechos humanos explicó que los pobladores de Atenco han obtenido varios recursos legales que obligan al Estado mexicano a proteger y respetar sus tierras y su integridad, en tanto no se resuelvan de forma definitiva. Detalló que entre ellos se encuentran el proceso 514/2014 seguido ante el juez V de Distrito en el Estado de México, el expediente 14/2015 ante el juez IX de Distrito del Estado de México y el 796/2015 ante el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Lara Duque recordó que el pueblo de San Salvador Atenco “es mundialmente conocido” por su resistencia desde 2001 con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ante el intento de expropiación de sus tierras para construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, durante la presidencia del panista Vicente Fox Quesada. Agregó que el decreto de expropiación emitido por el expresidente fue derogado en el 2002 debido a su resistencia. No obstante, los manifestantes fueron “brutalmente” reprimidos el 4 de mayo de 2006, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, con un operativo de la entonces Policía Federal Preventiva y la policía estatal. En la acción policiaca Alexis Benhumea y Javier Cortés perdieron la vida, mientras que un número “todavía desconocido” de mujeres fueron víctimas de tortura sexual. Asimismo, más de 200 pobladores fueron detenidos. Por ese hecho, el Frente denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).