PANAMA PAPERS GANA PULITZER

Proponen 214 diputados, ninguno del PRI, comisión para investigar a Grupo Higa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el respaldo de 56 diputados del PRD, 97 del PAN y 25 de Movimiento Ciudadano, 36 legisladores de Morena solicitaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de una comisión que investigue los contratos de Grupo Higa con organismos gubernamentales, empresas paraestatales y órganos descentralizados.

De acuerdo con el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Virgilio Caballero, se confirmó que Grupo Higa –la empresa que construyó la “Casa Blanca” de la primera dama Angélica Rivera y cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa, es el contratista predilecto del presidente Enrique Peña Nieto– tiene relación con 25 organismos.

Entre ellos destacan el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Casa de Moneda de México, Petróleos Mexicanos (Pemex), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

En la lista también aparece la Comisión Federal de Electricidad (FCE), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), entre otros.

Según el asesor de la UNESCO en temas de radio y televisión en América Latina, es probable que las ganancias que ha obtenido Grupo Higa con esas dependencias formen parte de los 100 millones de dólares que se le adjudicaron en empresas “offshore” en la investigación periodística denominada #PanamaPapers, basada en documentos del despacho Mossack-Fonseca.

Por su parte, el diputado Vidal Llerenas Morales, también de Morena, consideró que la creación de una comisión investigadora “es una gran oportunidad para que se ejerza esta facultad que tiene la Cámara de Diputados de realizar investigaciones que permitan aclarar las enormes dudas que hay sobre un grupo que prácticamente tiene contratos con toda la Administración Pública Federal”.

En días pasados Proceso dio a conocer que en en julio pasado, mientras el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera seguía generando primeras planas en la prensa, en las oficinas del discreto despacho D’Orleans & Bourbon Associates en Miami y en la Ciudad de México, se armó en apenas diez días una compleja estructura de sociedades internacionales a favor de Juan Armando Hinojosa Cantú.

El despacho panameño Mossack Fonseca, una de las cinco firmas más grandes del mundo especializada en la creación de empresas offshore, participó en el diseño del entramado internacional que consistió en la creación de sociedades británicas, integradas por fundaciones holandesas y fideicomisos neozelandeses.

Su objetivo: gestionar a través de esta red offshore más de 100 millones de dólares en activos financieros que Juan Armando Hinojosa Cantú posee en distintas instituciones bancarias del planeta, y que le darían un rendimiento de 5% anual.

Los despachos tenían claro que esa cantidad sólo representaba una “pequeña parte” del patrimonio del contratista tamaulipeco, quien construyó la llamada Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, valuada en siete millones de dólares.

Los operadores financieros consideraban que sería una primera etapa en el camino que, en el futuro, les llevaría a administrar la fortuna de Hinojosa Cantú. Con ello esperaban poner otro pie en el club exclusivo de los ultrarricos de México.

La fortuna del empresario creció del erario y se disparó desde 2005 al amparo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto. En la administración mexiquense y posteriormente en la Presidencia de la República, el actual mandatario otorgó alrededor de 60 mil millones de pesos en contratos de obra pública a las empresas de Hinojosa Cantú –Grupo Higa, Grupo Eolo y Constructora Teya, entre otras—, de acuerdo con investigaciones del reportero Arturo Rodríguez García, publicadas en la ediciones 1984,1985 y 1986 del semanario Proceso.

El nombre de Hinojosa Cantú está escondido en las estructuras que elaboraron esos despachos. Apenas aparecen los nombres de dos ancianas: Dora Patricia Cantú Moreno y María Teresa Cubria Cavazos, –85 y 82 años, respectivamente–. Ambas son originarias de Reynosa, Tamaulipas; la primera es madre de Hinojosa Cantú, y la segunda, su suegra.

En el esquema financiero, el empresario y su esposa “donaron” millones de dólares a las ancianas y los recuperaron a través de un sistema de “restructuración patrimonial”. El dinero proviene de los “ahorros” que el empresario guardó en bancos internacionales a través de empresas fantasmas, a su vez establecidas en paraísos bancarios.

Cuando los empleados de Mossack Fonseca se percataron que Hinojosa Cantú estaba involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, pidieron un esclarecimiento a D’Orleans, Bourbon & Associates, en Miami. El despacho respondió que muchos de los periódicos que señalaban la cercanía de su cliente con Peña Nieto “son propiedad de algunos rivales de negocio” de Hinojosa Cantú, como Carlos Slim, y precisó que ése era el caso del New York Times.

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