CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que ya investiga las denuncias por tortura relacionadas con el expediente sobre el caso Ayotzinapa, de la cuales dio cuenta la revista Proceso en el reportaje titulado: “Sobornos y torturas atrás de la ‘verdad histórica’”, publicado en su edición de esta semana (2059). “La PGR se conduce con permanente apego a su mandato de ley en el proceso de investigación relacionado con los deplorables sucesos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. “Los señalamientos contenidos en el reportaje constan ya en el expediente y han sido motivo de investigación”, puntualiza la institución en una carta enviada al semanario y firmada por Julio Adalid Herrera Lozano, director general de Comunicación Social de la PGR. El reportaje de la periodista Anabel Hernández señala que la dependencia que encabeza Arely Gómez utilizó la tortura y el soborno como herramientas para apuntalar la “verdad histórica” decretada por el exprocurador Jesús Murillo Karam. Destaca que Murillo, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), accedieron a que se recurriera a la tortura –y los dos primeros incluso ofrecieron sobornos millonarios– para manipular el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esto se revela en expedientes judiciales y cartas enviadas a la reportera, que contienen esas imputaciones directas contra Murillo, Zerón y Salas, principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014. En la investigación documentada se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia sexual –amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación– para obligarlos a confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar declaraciones prefabricadas. La violencia sexual usada como método de tortura para obtener confesiones fue abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa organización, ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas. De acuerdo con la información recabada por la reportera, las víctimas fueron ocho presuntos miembros de Guererros Unidos: Sidronio Casarrubias, acusado de ser líder del grupo en la región; Gildardo López Astudillo; Felipe Rodríguez Salgado; Patricio Reyes Landa; Agustín García Reyes; Jonathan Osorio Cortés; Marco Antonio Ríos Berber y Raúl Núñez Salgado; así como siete funcionarios de las policías de Iguala y Cocula: Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y Magali Ortega Jiménez.