MÉRIDA, Yuc. (apro).- En prolongada sesión, el Congreso local aprobó hoy diversas iniciativas que enmarcan el programa Escudo Yucatán, en el que se invertirán mil 500 millones de pesos y que comprometerá más recursos estatales a largo plazo, y la nueva Ley de Transparencia. En total se aprobaron siete dictámenes de diez iniciativas relativas al programa Escudo Yucatán. Entre los asuntos que se desahogaron figura la Ley que Regula las Casas de Empeño para que a partir de su entrada en vigor el próximo 1 de julio sea la Agencia de Administración Fiscal la instancia que expida el permiso correspondiente para negocio. Además se elaborará el Registro Estatal de dichos giros comerciales. Al respecto, el legislador panista José Elías Lixa Abimerhi argumentó que la norma contiene elementos claros para que no existan casas de empeño improvisadas que se quieran aprovechar de quienes menos tienen, además de que establece los lineamientos indispensables para que se lleve al cabo esta actividad, brindando certeza en cuanto al pago de interés. También se aprobó la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, que establece el servicio profesional de carrera y consolida un mecanismo de ascenso para los trabajadores y servidores públicos de las instituciones que forman parte del citado sistema. El panista Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, en defensa de esta iniciativa, comentó que con esta nueva ley se determinan los principios de actuación de las instituciones correspondientes, se establecen regiones de seguridad en la entidad a fin de estar más cerca de las necesidades imperantes y además se mejora la coordinación entre las policías municipales para un mejor desempeño de sus funciones. Asimismo, se aprobó la Ley de Víctimas de Yucatán bajo la que se creará el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para brindar los recursos necesarios. Ese fondo estará integrado por recursos estatales, partidas presupuestales, montos de reparaciones de daño no reclamadas por las víctimas, así como aportaciones de personas físicas y morales. En su oportunidad, la panista María Beatriz Zavala Peniche justificó que con la creación del ordenamiento se cumple con un mandato del Poder Judicial del estado, incluyendo los preceptos básicos para la reparación del daño integral a las víctimas, considerando los factores físicos, materiales, psicológicos y emocionales. También se avalaron las modificaciones del Código Penal para armonizarlo al Código Nacional de Procedimientos Penales, establecer que todos los delitos sexuales contra menores, incluido el hostigamiento, sean perseguidos de oficio para que el Estado actúe con toda la fuerza para perseguir y castigar esos hechos. En este punto se tipifica el robo a casa habitación como delito grave, para permitir a los jueces contar con mayores elementos para endurecer las sanciones y medidas cautelares para proteger y garantizar la inviolabilidad de los hogares. Además se dio luz verde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado para establecer el gobierno abierto, “esquema bajo el que los tres órdenes fortalecerán la cultura y ampliarán le base de datos públicos, aportando también a la participación ciudadana”. Al respecto Jazmín Yaneli Villanueva Moo, de Morena, indicó que la norma es un instrumento legal “para el empoderamiento del pueblo de Yucatán”, conteniendo avances y acorde a las reformas federales. También dijo que con esta nueva ley se amplía el número de sujetos obligados, al incluir a los partidos y organizaciones políticas. Sin embargo, sólo con el voto en contra de la diputada de Morena se aprobaron las modificaciones al Código de la Administración Pública (CAPY) sobre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y a la Ley de la Fiscalía. Al dar lectura a los dictámenes, se recordó que con los cambios al CAPY respecto de la SSP se salvaguardan los derechos laborales de los servidores públicos de la actual policía ministerial, además de que los recursos humanos, materiales y presupuestales de la mencionada policía se transfieren a Seguridad Pública. Al abordar los cambios a la Ley de la Fiscalía General, se indicó que se creará el Instituto de Ciencias Forenses que proporcionará los servicios respectivos, educativos, de investigación y vigilará que en la realización de los peritajes se respeten los derechos humanos de los posibles responsables y las víctimas. Las modificaciones entrarán en vigor el 1 de octubre. En la sesión extraordinaria, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez, sostuvo que "con todo lo anterior, Yucatán le dice no a la inseguridad y la delincuencia y sí a la legalidad y transparencia”. “Que toda la severidad de nuestras leyes, aunada a la tecnología adquirida y la profesionalidad de nuestros cuerpos de seguridad amedrente a los criminales", subrayó. El Escudo Yucatán, presentado por el gobierno estatal como un blindaje a largo plazo y que costará mil 500 millones de pesos, ha sido severamente criticado por algunos personajes, entre ellos el exgobernador Patricio Patrón Laviada.