LERMA, Edomex. (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se comprometió con comuneros de Xochicuautla a mediar con las autoridades y tribunales involucrados para evitar que Higa siga devastando su bosque con la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. También intercederá para que los acuerdos suscritos por autoridades mexiquenses se cumplan en su totalidad, pues a la fecha no han suspendido los trabajos en la demarcación, no ha sido indemnizado el propietario del inmueble demolido el lunes 11 y el hostigamiento contra los integrantes del movimiento se ha recrudecido. Este mediodía la comunidad otomí recibió la visita de Tom Haeck y de Abigail Islas, de la Unidad de Observación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos. Durante el encuentro, el Consejo Supremo Indígena puso al tanto de los acontecimientos a los representantes, quienes se comprometieron a intervenir para dar solución al conflicto. “El acuerdo es que ellos van a interceder en los tribunales para evitar que sean parciales; a reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante quienes promovimos una queja para agilizar la emisión de medidas cautelares”, refirió José Luis Fernández, vocero del movimiento. Naciones Unidas también se acercará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues el ombudsman ha retrasado la emisión de la recomendación correspondiente. El vocero refirió que el acuerdo de suspender los trabajos sólo se ha respetado en el tramo en conflicto, pero continúan en los parajes Buenavista y Llano de los Negros de la misma comunidad, resguardados por la fuerza pública. Aunque el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) realizó un avalúo del inmueble demolido –auxiliado por la UNAM–, detalló que ésta prevé una construcción sencilla de dos niveles y ninguno de los bienes que se encontraban dentro al momento de la demolición. Por tanto, la oferta de indemnización no incluye aparatos electrónicos, computadoras, equipo médico, anillos de matrimonio y hasta dinero en efectivo. “Es como si la casa valía 10 pesos y sólo le quieren pagar 2”, indicó. Por esta razón, la ONU estará pendiente del pago de la casa y, de ser necesario, acompañará la promoción de una denuncia por la vía penal. La Oficina del Alto Comisionado además se involucrará en los mecanismos de protección a los habitantes, en virtud de que a partir de la irrupción a la comunidad con granaderos del pasado 11 de abril, el hostigamiento se ha recrudecido. Tras la pérdida de su casa, el doctor Armando García se vio en la necesidad de vender algunos vehículos a sus familiares, que ahora son seguidos por autos sospechosos. La semana pasada otro integrante de la comuna, Antonio, también miembro del Consejo Supremo, recibió una llamada sospechosa para anunciarle que lo tenían ubicado, que conocían sus movimientos. Finalmente, refirió que con ayuda de expertos, la comunidad ya prepara un par de contrapropuestas técnicas de trazo, pero debido a que prevé estructuras elevadas para minimizar el impacto al bosque de agua, representaría una mayor inversión. Este miércoles 27, adelantó, se realizará un nuevo encuentro entre la comunidad y autoridades involucradas en busca de concretar los primeros acuerdos técnicos.