CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de “tergiversar” la realidad y “manipular” el video presentado ayer ante medios de comunicación, para tratar de explicar su presencia en el basurero de Cocula el 28 de octubre de 2014, un día antes de la diligencia judicial. En conferencia de prensa, los cinco expertos demandaron una investigación independiente sobre esos hechos y sugirieron la separación de Zerón de Lucio de la AIC, ante la influencia que tiene dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) como funcionario de alto rango. El encuentro con los medios fue convocado de manera urgente, luego de que el titular de la AIC asegurara que el video exhibido por el GIEI el domingo 24, durante la presentación de su último informe, tenía alteraciones en la fecha, y que lo expuesto correspondía a hechos ocurridos el 29 de octubre y no un día antes. Según Zerón, la perito de la PGR se equivocó al fechar el 28 y no el 29 la etiqueta con la que identificó una de las bolsas en las que habría restos, e incluso señaló que al basurero de Cocula llegó una integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Pilar San Martín, además de Omar Trejo, secretario técnico del GEI. Visiblemente molestos, los cinco integrantes del grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisaron que el mismo video presentado por Zerón da cuenta de las irregularidades cometidas durante la investigación, y aseguraron que el funcionario se ha reservado documentación que debería estar en el expediente, como por ejemplo el video. Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Carlos Beristáin fueron enfáticos al subrayar que para que la investigación sobre los hechos en Iguala, Guerrero, llegue a la verdad, “no se puede ser juez y parte”, por lo que instaron a una indagatoria imparcial y llamaron al director de la AIC a entregar toda la información que tenga sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ante la insistencia de los reporteros sobre la pertinencia de que Zerón de Lucio deje el cargo, la exfiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz sintetizó las consideraciones del GIEI al respecto: “Es una condición indispensable que se haga la investigación de forma independiente e imparcial. Una persona que está siendo indagada no puede formar parte de esa investigación y se tienen que crear todas las condiciones necesarias para que la investigación se desarrolle sin interferencias”. Prosiguió: “Una persona que ejerce el mando en una institución, que puede, como vimos ayer, tener la capacidad de acceder a parte de lo que podría ser la evidencia dentro de la investigación, no puede seguir ejerciendo ese mando, es decir, se tienen que crear todas las condiciones necesarias para que la investigación se desarrolle de una manera independiente e imparcial, sin interferencias”. Sobre la pertinencia de la separación del cargo de Zerón, Beristáin señaló que esa es una “decisión que tienen que tomar las autoridades en México”. El médico español también hizo referencia a las condiciones de tortura en el inculpado Agustín García Reyes cuando fue llevado a la vereda del río San Juan el 28 de octubre, de lo cual –insistió– no hay registros en el expediente. Tras recordar que encontraron “serios indicios de tortura” en varios inculpados, Beristáin abundó que “el informe médico de García Reyes, de la madrugada del día 28 de octubre, antes de llegar al río San Juan, muestra que tiene 30 lesiones en su cuerpo que se han producido entre la detención por la Marina y la hora del informe del médico una hora antes de que haga la declaración ante la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada)”. A su vez, Francisco Cox apuntó que en apego a los altos estándares internacionales de derechos humanos, “toda declaración obtenida bajo tortura es inválida”, por lo que dejó abierta la posibilidad de que si se comprueba la tortura en los inculpados, “la verdad histórica” termine por ser sepultada. Los expertos también recriminaron la inexistencia de las pruebas de las que ayer habló Zerón sobre cuatro bolsas, y no una, halladas en el río San Juan, así como restos óseos descartados por los peritos al momento de levantarlos. También manifestaron su indignación por utilizar la presencia de dos funcionarios de la OACNUDH, el día 29 en la región, para justificar la presencia de Zerón en el río San Juan. “Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del Alto Comisionado a Cocula y posteriormente al basurero suponen una verificación del traslado del señor (Agustín) García Reyes (uno de los imputados) y a las condiciones legales del mismo, constituyen un comportamiento impropio de un director de la AIC de México”, consideraron los expertos. Cox insistió en que la presencia de personal de la ONU no valida las irregularidades y las faltas de apego a los protocolos internacionales para recabar evidencias, e insistió en que las tomas expuestas correspondían al momento en que los miembros de la ONU habrían llegado en helicóptero a un campo de futbol de Cocula, para después ser traslados al basurero. “El campo de futbol está a cinco minutos en vehículo del río, y del río el basurero está a 40 0 49 minutos, entonces ¿por estar a 49 minutos se valida una acción ocurrida en el río San Juan? La verdad es que estamos bien mal”, apuntó. Respecto de los pasos a seguir, Alejandro Valencia recordó que la presencia del GIEI en México forma parte de una medida cautelar emitida por la CIDH, organismo al que le corresponde definir el mecanismo de seguimiento. “El domingo pasado, cuando presentamos nuestro informe, el presidente de la CIDH y relator para México, James Cavallaro, señaló que se está evaluando el mecanismo de evaluación para estas medidas cautelares”, informó Valencia. Y resaltó que entre las propuestas dadas a conocer por el propio Cavallaro destaca “el establecimiento de un cronograma de ciertas visitas periódicas al país, acompañados por algunos expertos. Es muy importante que se defina cuanto antes para que haya una continuidad por parte de esta supervisión internacional, sobre todo para estar atentos de las víctimas”, añadió. Luego de señalar que este viernes se reunirán con la procuradora general de la República, Arely Gómez, para darle a conocer el informe, los expertos manifestaron su disposición de seguir colaborando con la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes, aun cuando su mandato termina el próximo sábado 30.