CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el reciente asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán en Taxco, Guerrero, y urgió a las autoridades mexicanas a actuar de manera “pronta y oportuna” para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables. El organismo destacó que se trata del cuarto asesinato de periodistas en México este año y enlistó los más recientes: El 21 de enero, recordó, fue asesinado el periodista Marcos Hernández Bautista en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca. Al mes siguiente, el 9 de febrero Anabel Flores Salazar fue hallada muerta en Puebla y el 20 de febrero fue hallado sin vida Moisés Dagdug Lutzow. El más reciente es el de Pacheco Beltrán, el pasado 25 de abril. La Relatoría también mencionó que en 2014 ocho comunicadores fueron asesinados en el país presuntamente por ejercer su libertad de expresión y en 2015 se registraron seis casos. En el caso de Beltrán Pacheco la relatoría refirió que trabajaba para El Sol de Acapulco, El Faro de Taxco y la estación de radio Capital Máxima de Chilpancingo. Tenía además su propio portal de noticias, Pacheco Digital, donde daba cuenta de los hechos que ocurrían en Guerrero, “uno de los más violentos del país”, señaló el organismo en un comunicado. Por ello la relatoría exhortó a las autoridades a investigar “de manera exhaustiva” la hipótesis de que este crimen estaría asociado con el ejercicio de la libertad de expresión, y urgió a poner en práctica “todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”. Asimismo consideró fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas. Además estimó necesario evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Aunado a ello valoró como esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre autoridades federales y distintos niveles del gobierno “para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección”. La relatoría refirió que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión y “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. “Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras”, subrayó la relatoría.