CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio a conocer este día un documento en el que destaca los supuestos avances obtenidos entre marzo de 2015 y febrero de 2016. Entre otros puntos, resalta las órdenes de aprehensión en contra de directivos de los periódicos Zócalo de Saltillo y Carmen Hoy por haber publicado, durante el periodo de veda comicial, los resultados de encuestas de opinión que tenían por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Además, anticipando la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, la dependencia constituyó en 2015 la Unidad de Atención Inmediata Central (UNAI), con 10 integrantes, y la Unidad de Investigación y Litigación (UIL), con un núcleo de investigación de siete servidores públicos. Con ello, al cierre de 2015 se tenían 132 carpetas de investigación: 106 en trámite (99 en UNAI y siete en UIL); asimismo, se tenían 108 números de atención en trámite, y en ese mismo año se determinaron 26 carpetas: dos judicializadas, seis acumuladas y 18 no ejercicios de la acción penal. También obtuvo suspensión condicional en procedimiento abreviado contra una persona por comprar votos afuera de una casilla en Mérida, Yucatán, obligándola a recibir cursos en materia de valores democráticos y trabajo en favor de la comunidad, así como la vinculación a proceso de policías municipales en esa entidad por actos de temor e intimidación en contra de un senador de la República afuera de una casilla. De acuerdo con el documento, la Fepade solicitó audiencia inicial en siete casos por violación a la normatividad penal en materia de financiamiento y fiscalización de partidos políticos. También se combatió 34.9% de las averiguaciones previas pendientes al iniciar la actual administración, al pasar de 4 mil 494 a 2 mil 925 al cierre de febrero anterior. Luego advirtió que la venta de credenciales para votar a menores de edad, la presentación de información falsa o la manipulación de los instrumentos electorales trastoca los principios de certeza y legalidad de la elección. La dependencia resaltó que, en coordinación con el INE, desmanteló en Metepec, Estado de México, una banda que vendía credenciales para votar a menores de edad. Incluso, el 30 de octubre pasado se dictó sentencia condenatoria en contra de un funcionario electoral del INE por la comisión del delito de expedición ilícita de credencial para votar a un menor de edad. En cuanto a la investigación y consignación de funcionarios públicos, la Fepade recordó que en Colima se obtuvo una orden de aprehensión contra un alto funcionario local por su probable responsabilidad en la comisión del delito electoral. De acuerdo con el informe, es la primera vez que se obtiene y cumplimenta una orden de aprehensión contra un funcionario. Además obtuvo orden de comparecencia en contra de una persona que se inscribió como candidata a diputada federal por un partido político sin que hubieran transcurrido los dos años a partir de la conclusión de su encargo como consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). También obtuvo órdenes de aprehensión en contra del director general adjunto del periódico Zócalo de Saltillo y del director editorial, subdirector de Información y dos jefes de Información del diario Carmen Hoy, por haber publicado, durante el periodo de veda, los resultados de encuestas de opinión que tenían por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Asimismo, un juez de distrito en el estado de Coahuila dictó auto de formal prisión en contra de una persona que recogió credenciales para votar de tres ciudadanos, sin causa prevista por la ley. La hoy procesada acudió a un domicilio y con el argumento de que necesitaba escanear la credencial de elector para realizar una encuesta para el entonces IFE, recogió una mica para votar. Luego acudió a otro domicilio, en donde se entrevistó con otra persona a la que solicitó las credenciales para votar de ella y su esposo, a cambio de un beneficio económico y una despensa. En otro hecho, un juez de distrito en el estado de Colima dictó auto de formal prisión en contra del exsecretario de Desarrollo Social estatal por haber coaccionado y amenazado a una de sus colaboradoras para que realizara actos de proselitismo y votara en favor de candidatos de un partido político en contra de su voluntad. Además, un juez de distrito en el estado de Chiapas dictó sentencia de seis meses de prisión y diez días de multa en contra de una persona que solicitó el voto a favor de los candidatos de un partido político a cambio de mantener a diversos solicitantes dentro del programa Oportunidades de la Sedesol. También ejerció acción penal en contra de 11 personas que fueron detenidas por elementos de la Sedena y de la Policía Municipal, en Tuxtepec, Oaxaca, durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015, en momentos en que realizaban la quema de urnas y boletas electorales. En el periodo comprendido del 19 de febrero de 2015 al 20 de abril pasado, la dependencia obtuvo 67 sentencias condenatorias, de las que 55 corresponden al delito de alteración al Registro Federal de Electores, dos de ellas en grado de tentativa; siete por expedición ilícita de credenciales para votar; una por el delito de amenaza para comprometer el voto a favor de algún candidato, y cuatro sentencias por el ilícito previsto en el artículo 13, fracción I de la LGMDE. Por este delito hubo sentenciados en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, con pena privativa de libertad y la suspensión de sus derechos políticos y civiles. La Fiscalía, en el periodo comprendido del 19 de febrero de 2015 al 20 de abril pasado obtuvo de diversos jueces de distrito, en todo el país, 371 órdenes de aprehensión y ha cumplimentado un total de 182 mandamientos judiciales. También, por primera vez, se tuvieron 18 detenidos en las instalaciones de la Fepade durante la jornada electoral. En cuanto a los instigadores del llamado “turismo electoral”, la dependencia señala que en Yucatán y Quintana Roo se consignaron 165 expedientes, se obtuvieron 86 órdenes de aprehensión y se cumplimentaron siete. Además, se tienen 70 órdenes de aprehensión por ejecutar en el caso Yucatán-Quintana Roo. Por otra parte se obtuvo sentencia condenatoria en contra de la exdelegada en Lázaro Cárdenas del Río del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, quien organizó el traslado con fines electorales de 440 ciudadanos para apoyar a un candidato en el estado de Veracruz. Le fue impuesta la pena de tres años de prisión y setenta días multa. Con el auxilio de elementos de la Policía Federal, la Fepade implementó un operativo en el estado de Veracruz, en el que llevó a cabo el cumplimento de diez órdenes de aprehensión en contra de personas a quienes se les atribuye haber acudido a diversos módulos de atención ciudadana del entonces IFE a solicitar una credencial para votar proporcionando un domicilio el cual nunca habitaron. Por último, la dependencia obtuvo auto de formal prisión en contra de siete personas en Chihuahua, las cuales colaboraron para que diversos ciudadanos tramitaran su credencial de elector con un domicilio, el cual no habitaban, y así pudieran emitir su voto a favor del entonces candidato a alcalde.