CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Pacifista Sembradores de Paz, de la organización “Las Abejas”, señaló que el intento de administrar el conflicto en el municipio de Chenalhó, Chiapas, ha generado en sus comunidades una ola de violencia. Los habitantes de esa localidad exigen la renuncia de su presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez, y que se reconozca legalmente al síndico Miguel Sántiz Alvarez como alcalde sustituto El conflicto de Chenalhó se agravó el pasado 8 de abril, cuando más de dos mil opositores tomaron la alcaldía, el DIF y el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena para exigir la destitución de la alcaldesa, a quien acusan de la falta de construcción de obras públicas, de no realizar sesiones del cabildo ni incluir a los regidores en las decisiones de gobierno. Este miércoles, en un comunicado y una carta dirigida al gobernador Manuel Velasco, la organización “Las Abejas” enlistó una serie de hechos que considera preocupantes, entre ellos la amenaza constante a sobrevivientes de la masacre de Acteal perpetrada por paramilitares en 1997. También el hostigamiento e intimidación hacia los integrantes de “Las Abejas” en la colonia Yaxgemel, así como el desplazamiento de familias y la destrucción de viviendas en el barrio Xinichilvo, Yaxgemel. Destacó que durante el día y la noche los paramilitares –a quienes falsamente desarmaron en 1997, apuntó– hacen disparos al aire libre; hay personas rondando cerca de las casas a altas horas de la noche, a la manera de las llamadas “guardias” de 1997, y las carreteras y caminos son vigilados y cerrados con piedras durante la noche. En las comunidades se vive una situación miedo y de constantes amenazas. Ya no hay paz, tranquilidad ni armonía en las comunidades, y el tejido social se ha vuelto a desfragmentar, destaca el comunicado. “De escribirse otro Acteal responsabilizamos al Poder Ejecutivo y Legislativo del estado de Chiapas, y también a dirigentes de inconformes por haber recurrido al método paramilitar para conseguir su objetivo”, apunta. Concluye: “Exigimos se garanticen condiciones y seguridad para el retorno de las familias desplazadas y reparación de los daños ocasionados a sus viviendas, y como medida de no repetición de los hechos exigimos la no impunidad a los autores materiales e intelectuales de las agresiones físicas, hostigamientos, intimidaciones y violencias que han generado los inconformes en nuestras comunidades”.