Tras más de medio siglo de guerra, Colombia encara con seriedad el proceso de paz que lleva adelante con la guerrilla de las FARC. Pero eso es sólo un primer paso. Faltan muchos más. Uno de ellos –que salió a la luz cuando se empezó a aplicar un programa de desminado en las zonas más calientes del conflicto– es que la retirada de los rebeldes de algunos departamentos ha empezado a dejar un vacío: no hay Estado ahí. No hay quien proporcione servicios básicos ni quien sea garante de la seguridad. En entrevista, el polémico general Rafael Colón explica las dificultades de “limpiarle” el terreno a la vida pacífica. BOGOTÁ (Proceso).- El general colombiano Rafael Colón, quien la década pasada infligió duras derrotas militares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), trabaja hoy hombro a hombro con esa guerrilla en un programa piloto que es, en los hechos, una muestra contundente de que el fin del conflicto armado no sólo es una aspiración, sino una realidad en plena marcha. Y los es porque, pese a que aún no se firma un acuerdo de paz con las FARC, guerrilleros de ese grupo insurgente y efectivos militares desarrollan, bajo la dirección de Colón, un plan piloto de desminado que sería imposible ejecutar en un contexto de guerra. “Esto ya es un programa derivado de los acuerdos de paz que se han alcanzado con las FARC y del compromiso que existe para finalizar pronto esta guerra”, asegura Colón en entrevista con Proceso. El general retirado de la Infantería de Marina señala que la labor que realizan militares y guerrilleros en los caseríos rurales El Orejón y Santa Helena ha demostrado que, más allá de sus diferencias, los antiguos enemigos en el campo de batalla pueden convivir, dialogar, intercambiar puntos de vista sobre la realidad nacional y hasta llegar a ser amigos. También, dice, esa experiencia ha evidenciado que el posconflicto y la ejecución de los acuerdos de paz serán tareas muy complejas en las que el Estado colombiano enfrentará el enorme desafío de llevar desarrollo, seguridad y servicios públicos a las regiones rurales más golpeadas por la guerra interna, la cual se ha prolongado 52 años. En ese sentido, el programa de desminado que dirige Colón ha puesto a prueba la capacidad de las instituciones colombianas para irrumpir en lo más profundo del país rural desde el día siguiente que se firme la paz con las FARC, lo cual deberá ocurrir hacia la mitad de este año, según fuentes cercanas a las negociaciones entre el gobierno y esa guerrilla. Para Colón, “el desminado es el primer paso para llevar desarrollo al campo, porque no podemos quitar cultivos de hoja coca si hay minas, no podemos construir escuelas rurales si hay minas y no podemos sembrar si los campos están minados”. El objetivo estratégico, señala, es lograr progreso social en las comunidades más golpeadas por la guerra. Médicos en vez de tropas El ensayo del posconflicto que tiene lugar en las veredas de El Orejón, en el noroccidental departamento de Antioquia, y en la sureña Santa Helena, ha resultado exitoso en términos del desminado, pero Colón se ha topado con gigantescas trabas burocráticas para llevar a esas comunidades algo más que escuadrones especializados en desactivar municiones explosivas. Las familias de esos caseríos le piden carreteras, escuelas, médicos, pero ese tipo de asistencia ha quedado enredada en los intrincados senderos del aparato estatal. Y si el programa de desminado en El Orejón y Santa Helena es un experimento del posconflicto, es evidente que el Estado colombiano necesita más agilidad para no poner en entredicho el cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC, en especial el de desarrollo rural y el de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. “La gran enseñanza de todo esto es que no podemos llegar a los territorios únicamente con presencia militar, sino que tenemos que hacerlo con un desembarco institucional que lleve soluciones sociales a las zonas de conflicto donde nunca ha estado presente”, dice Colón, quien encabeza desde hace año y medio la Dirección contra Minas Antipersonal del Ministerio del Posconflicto. El general pone como ejemplo lo que ha ocurrido en El Orejón y Santa Helena, donde las FARC habían propiciado un statu quo que las comunidades de esos caseríos temen perder al terminar el programa de desminado. “La gente está inquieta y nos pregunta quién los va a cuidar cuando nos vayamos de ahí. Las FARC ya no van a estar y, según dicen, los paramilitares se están asomando”, señala Colón. Explica que el Clan Úsuga, un grupo de origen paramilitar que hoy es la mayor organización delictiva de Colombia, ya comenzó a manejar los cultivos de hoja de coca que dejaron en los alrededores de El Orejón, por instrucciones de las FARC, varias familias campesinas. Esa banda criminal, liderada por el exparamilitar Dairo Antonio Úsuga y considerada también el mayor cartel de las drogas del país, incluso ya ha cometido asesinatos en esa región. “Los Úsuga están llegando cerca a El Orejón”, indica el general. –¿Y por qué? ¿Qué es lo que está fallando ahí? –le preguntamos. –Esto es un ejemplo de la necesidad que hay de ocupar institucionalmente los territorios. Ya no con operaciones ofensivas de las fuerzas militares contra la guerrilla, pero sí con presencia del ejército, con escuelas, clínicas, carreteras y con toda la capacidad del Estado para atender las demandas de las comunidades. –De hecho, esto sería necesario para cumplir el acuerdo de desarrollo rural con las FARC. –Sí, porque las instituciones han ido creciendo hacia la periferia de los cascos urbanos, pero ahora tienen que ir a lo profundo de la ruralidad. Se requiere presencia simultánea de lo militar, para proteger a la población, y de lo institucional, para generar desarrollo. Es un cambio de concepto del control del territorio. De acuerdo con Colón, en el poblado de Santa Helena aparecen señoras enfermas ante los oficiales del Ejército que están haciendo el desminado y les dicen: “¿Ustedes nos van a asistir médicamente? ¿Van a traer doctores aquí? Porque las FARC lo hacían antes de que ustedes llegaran. Hasta un puente nos construyeron”. Son, explica el general, mujeres embarazadas, con hernias, con infecciones, con bebés que tienen problemas de salud. “Era un territorio de las FARC y la comunidad nos está exigiendo que llegue el Estado. Esa es la responsabilidad que tenemos. Porque la paz no se va a hacer con el solo hecho de que no haya más disparos de las FARC. Se va a hacer cuando paguemos la deuda social que tenemos con el país rural, y ese será un proceso lento, demorado, que ya tenemos que empezar”, indica. Vidas paralelas La insistencia de Colón en el tema social y su respaldo al proceso de paz que desarrolla el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC han llevado a otros militares a descalificarlo. El general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ha señalado que sus ideas coinciden con las de “algunos sectores de la extrema izquierda radical (sic)”. Ruiz, incluso, considera “humillante” que efectivos del ejército trabajen junto a guerrilleros de las FARC en el desminado. Pero más allá de las críticas que ha recibido Colón por parte de Ruiz y de la derecha política que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el más enconado opositor del proceso de paz, la participación de guerrilleros de las FARC en el desminado es considerada muy útil por expertos internacionales, pues fueron los insurgentes quienes fabricaron y colocaron esas municiones explosivas para evitar incursiones del ejército. De acuerdo con estadísticas oficiales, las minas antipersonales han dejado 11 mil 406 víctimas en Colombia desde 1990, 48% de ellas civiles y el resto militares. Esos artefactos están presentes en las dos terceras partes de municipios del país y su erradicación es imprescindible para la seguridad de decenas de miles de pobladores de extensas regiones rurales. El plan de desminado que ejecuta el gobierno en El Orejón y Santa Helena cuenta con la participación del Batallón de Desminado Humanitario, del ejército, y de guerrilleros de los frentes que han operado en esas poblaciones. El representante de las FARC en ese programa piloto es el comandante Pastor Alape, uno de los negociadores de ese grupo insurgente en La Habana –sede de los diálogos de paz– y, casualmente, conocido del general Colón desde la infancia, cuando ambos estudiaron en la misma escuela en el noroccidental municipio de Honda. “Tuvimos vivencias muy parecidas en la juventud. Estudiamos juntos y nuestras familias se conocían”, cuenta el general. Alape optó por la guerrilla de las FARC, donde es integrante del secretariado, la máxima instancia de dirección de esa organización insurgente. Y Colón ingresó a la Armada, donde fue comandante de diferentes batallones de la infantería de marina y de las fuerzas especiales de esa institución militar. Victoria agridulce Desde sus años de capitán hasta su ascenso a general, Colón estuvo involucrado en la lucha contra la guerrilla y contra los paramilitares de extrema derecha que crearon ganaderos y empresarios agrícolas para protegerse de las organizaciones insurgentes, pero que acabaron como grandes cárteles de la droga que gobernaban, a sangre y fuego, extensas regiones de Colombia. Durante la primera mitad de la década pasada, cuando eran comunes los vínculos entre altos oficiales de las fuerzas armadas y grupos paramilitares, Colón los combatió en el suroccidental puerto de Tumaco –de donde los expulsó– y en la norteña región de Montes de María, donde esas organizaciones ilegales cometieron más de 40 masacres y unos 4 mil asesinatos de campesinos. El entonces coronel derrotó a los paramilitares en Montes de María en 2004. En Colombia se le conoce como el pacificador de esta zona formada por 15 municipios. Tres años después desarticuló la estructura de las FARC que operaba en esa área que se localiza cerca del Caribe. Pero los golpes militares contra la guerrilla y los paramilitares nunca fueron acompañados de una estrategia de desarrollo social en Montes de María, una de las regiones más pobres de Colombia. La mitad de las familias tiene sus necesidades básicas insatisfechas y la pobreza abarca a dos terceras partes de la población, casi el mismo porcentaje que hace una década. “Hubo una consolidación en seguridad pero no en lo social. Hace apenas unos meses pusieron agua potable en El Carmen de Bolívar (el segundo municipio más importante de la zona), cuando el río Magdalena está a 30 kilómetros de ahí. Y ya han pasado nueve años de que derrotamos a la guerrilla y a los paramilitares. Es que no hubo coordinación de proyectos ni organización institucional”, lamenta el general. Advierte que esa ineficacia estatal constituye una voz de alerta para el posconflicto. No sólo por el persistente rezago social, sino porque, con el paso de los años, los grupos armados irregulares fueron sustituido por bandas criminales al mando de antiguos paramilitares. “Montes de María es parámetro que nos muestra que, en el posconflicto, tenemos que hacer mejor las cosas”, señala el general. –¿Y qué fue lo que falló ahí? –Faltó ordenar una estrategia y faltó un compromiso decidido para solucionar el problema social. No hubo un ente articu­lador, cada institución y cada quien llegaba por su lado. –¿Y esto puede pasar cuando se firme la paz con las FARC, a pesar de que hay un Ministerio del Posconflicto que, se supone, hará esa tarea de articulación? –El Ministerio del Posconflicto tiene la gran responsabilidad de coordinar la oferta institucional que llegará a los territorios rurales. –¿Es un asunto de coordinación, o más bien de evitar la descoordinación? –En el posconflicto un desafío grande es sabernos coordinar y dejar que las comunidades digan qué es lo que hay que hacer. No las instituciones grandes, como el sector defensa, que entiende que coordinar es que ellos coordinen los territorios y las obras sociales. Las capacidades institucionales deben ponerse en función de los alcaldes y de los gobiernos locales para que ellos tengan capacidad de ejecutar los proyectos. El general Colón no lo dice, pero sus colaboradores más cercanos saben que la maraña burocrática que ha debido enfrentar durante su gestión como titular de la Dirección contra Minas Antipersonal del Ministerio del Posconflicto terminó por abrumarlo. Hace unos días Colón presentó su renuncia como cabeza de la Dirección contra Minas Antipersonal. La hará efectiva a partir del próximo domingo 15. Aduce que dejará el cargo por “razones personales”, pero ha sido muy enfático en que, sin coordinación institucional y voluntad política, el Estado colombiano tendrá serios problemas para construir una paz estable y duradera. –¿Los problemas de descoordinación que ha planteado en esta entrevista están detrás de su renuncia? –le preguntamos. –De alguna forma sí, porque el reto es muy grande, y es muy complejo coordinarnos. Cada quien tiene sus propios intereses, sus propias visiones. Y un posconflicto exitoso significa invertir mucho y rápido en el mundo rural, sin importar que en el campo haya pocos votos y sin importar las élites que están presentes en los territorios.