PUEBLA, Pue. (apro).- El relator especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, se reunió esta tarde con agrupaciones sociales y defensores de derechos humanos de Puebla, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Morelos y Campeche. Tras participar en un foro en la Universidad Iberoamericana Puebla, el relator escuchó  –a puerta cerrada–, la situación de persecución, encarcelamiento y hostigamiento que sufren por parte de autoridades gubernamentales los distintos grupos que reclaman derechos sociales en esas entidades. Juan Carlos Flores Solís, integrante de la organización Acocil, dijo que en el caso de Puebla, alrededor de 15 distintos grupos sociales y particulares presentaron a Forst sus casos; todos acusando al gobierno de Rafael Moreno Valle de violentar los derechos humanos. Entre ellos mencionó a integrantes de Cholula Viva y Digna, la agrupación de comerciantes 28 de Octubre, habitantes de los municipios de Ajalpan y Chalchihuapan, así como a periodistas y grupos que promueven la alerta de género por el alza de feminicidios. Durante su participación en el foro, el expreso por encabezar el movimiento contra la construcción del gasoducto Morelos aseguró que en los cinco años de la administración morenovallista, Puebla sufrió “una regresión de 60 años” en el tema de derechos humanos. Flores Solís recordó que cuatro personas que participaban en luchas sociales han muerto en este período: Antonio Esteban Cruz, Delfino Flores Melga, Víctor Montes Contreras y el niño José Luis Tehuatlie Tamayo. Agregó que en los cinco años de la administración morenovallista han surgido 20 movimientos por descontento social y en todos hubo acciones violentas de la fuerza pública para reprimirlos. Lo peor, añadió, es que para detener esa ola de protestas las autoridades “fabricaron” 680 delitos para criminalizar a los defensores de derechos humanos y a quienes sólo participaron para reclamar justicia. De 2011 a la fecha, mencionó, el gobierno de Puebla emitió 258 órdenes de aprehensión y ejecutó 178 contra personas que participaron en esos movimientos sociales. Entre ellos, mencionó a Chalchihuapan, la persecución contra la 28 de Octubre y contra opositores del gasoducto Morelos. “En los movimientos sociales por los derechos de las juntas auxiliares y los mototaxis implicó al menos 10 operativos de incursión violenta a las comunidades por parte de la fuerza pública, operativos diseñados para entrar a un pueblo y reprimirlo encarcelando a 35 personas”, relató. Frente al relator de la ONU, el integrante de la organización Acocil aseguró que actualmente están presos “por motivos políticos” en Puebla 20 defensores de derechos humanos. Entre ellos: Javier Montes, edil de Chalchihuapan, y Rubén Sarabia, alias Simitrio, junto con dos de sus hijos y un integrante más de la 28 de Octubre. Y como ejemplo de la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle, recordó su respuesta cuando fue cuestionado sobre el desalojo violento en Chalchihuapan, en el que murió el niño Tehuatlie Tamayo: “En Puebla no se reprime sólo se cumple con la ley”. Al respecto, comentó: “Nosotros pensamos que lo que marca la ley es el diálogo con los inconformes y eso es lo que no está pasando en Puebla”. Rita Amador, dirigente de la organización el 28 de Octubre –defensora del derecho al trabajo—acusó que durante el gobierno de Moreno Valle ha sufrido violaciones a sus derechos en materia jurídica, social, mediática, económica y hasta física.   Relator espera respuesta a recomendaciones En el foro realizado en la UIA, el relator especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, fue cuestionado sobre la respuesta de las autoridades mexicanas ante los planteamientos de violaciones a los derechos humanos. El representante internacional aseguró que hasta ahora el gobierno mexicano ha mostrado una “postura de cooperación” en cuanto a facilitar informes y reportes. Sin embargo, dijo que habrá que esperar qué ocurre cuando se hagan las recomendaciones. “Debo decir que hasta ahora los mecanismos que hemos implementado no ha habido ningún problema y no ha habido resistencia por parte del gobierno. Sin embargo, se verá probablemente resistencia al momento de implementar las recomendaciones. Será entonces que se pueda hacer otra evaluación”, manifestó el relator. Michel Forst aclaró que su participación en el encuentro con defensores de derechos humanos se trataba de una visita “no oficial”; no obstante, recalcó: “Hay un espacio importante, eso sí, entre las propuestas y recomendaciones, los compromisos y la implementación. Entonces habrá que esperar al momento en que avance la implementación de recomendaciones esa será la temática a abordar en la visita oficial”.