CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 15 votos a favor y cinco en contra, una comisión del Senado de Brasil aprobó este viernes el informe que recomienda la apertura de un juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. La decisión final se tomará la próxima semana en el pleno de la Cámara alta conformado por 81 legisladores, que por mayoría simple determinará si la causa es archivada o si se instaura el juicio político, que en principio separaría a Rousseff del poder por 180 días, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia EFE. Ese período representa lo que pudiera durar el proceso durante el cual Rousseff sería sustituida en forma interina por su vicepresidente, Michel Temer, quien desde hace semanas ya estudia la conformación de un eventual nuevo gobierno. Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación definitiva en el pleno de la Cámara alta se realice el próximo miércoles 11, que podría ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses. Este mismo viernes, poco antes de la votación en el Senado, Dilma Rousseff reiteró que no renunciará a su mandato, pues hacerlo sería equivalente a “enterrar la prueba viva del golpe”. En un acto en el que se firmaron contratos para la construcción de 25 mil viviendas populares, Rousseff insistió en que el proceso que puede acabar con su mandato tiene como principal objetivo poner fin a los programas sociales desarrollados por su gobierno. “En América Latina, cuando no se quería una cierta política, se daba un golpe de Estado”, pero “antes era con las bayonetas y usando a las Fuerzas Armadas”, declaró la mandataria. Apuntó que “ese proceso fue superado y ahora, si se oponen a los programas sociales de un gobierno, si no tienen votos para disputar elecciones directas, se valen del ‘impeachment'”, como se conoce en Brasil el proceso de destitución de un gobernante. La mandataria brasileña sostuvo que “todos los beneficiarios del proceso que pretende usurpar el poder” son “cómplices del golpe”, e incluyó entre ellos al vicepresidente Michel Temer, quien asumiría su lugar en caso de que el Senado decida, la semana próxima, abrir el juicio político. De las 15 formaciones presentes este viernes en la comisión del Senado, que tuvo 21 miembros e igual número de suplentes, 12 se pronunciaron a favor de aprobar el informe del instructor Antonio Anastasia, que propone la instauración de un juicio con miras a la destitución de Rousseff. Sólo se opusieron el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la coalición que respalda a la mandataria. Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de “maquillar” sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera meras “faltas administrativas”. Sin embargo, el informe aprobado hoy destaca que esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.