El penal federal de Ciudad Juárez es –a decir de la CIDH y diversas ONG– reflejo fiel de la situación que impera en todas las cárceles del país: medidas de seguridad inadecuadas, corrupción generalizada, opacidad e incluso prostitución alentada desde la dirección penitenciaria. Así, resulta inexplicable que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya decidido enviar al Chapo Guzmán a esa prisión. CHIHUAHUA, Chih. (Proceso).- El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en Ciudad Juárez, al cual llegó Joaquín El Chapo Guzmán Loera la semana pasada, ha sido utilizado para prostituir mujeres, como se demostró el año pasado durante el juicio a cinco hombres acusados de homicidio y trata de personas en perjuicio de 11 jóvenes desaparecidas entre 2010 y 2013. La coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, señala que las jueces del Tribunal Oral que sentenciaron a los cinco acusados a 697 años de prisión en aquel juicio, también ordenaron investigar a las autoridades penitenciarias y de los tres niveles de gobierno que participaron en la trata de jóvenes que ingresaban al penal con fines de prostitución. Marrufo enfatiza que la investigación sigue pendiente y no se ha demostrado que haya cambiado la situación en el Cefereso 9 ni en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, el penal estatal. Entre otros problemas a los que se enfrenta la prisión, los custodios se han manifestado con frecuencia contra sus precarias condiciones laborales y cuestionan las certificaciones de los penales ubicados en el estado que impulsó como fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Eduardo Guerrero Durán, actual comisionado del Órgano Desconcentrado de la Prevención y Readaptación Social. Además, durante la audiencia temática del pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló la opacidad del manejo gubernamental de las prisiones. El principal argumento de las autoridades para negar que haya violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como cobro de cuotas y hasta trata de personas en los penales del estado, es que no se han presentado denuncias. Sin embargo, los reclusos, hombres y mujeres, viven un infierno que no pueden dar a conocer directamente por temor a que los maten o las autoridades acosen a sus familias. “Aquí te dicen: ‘si quieres vivir bien, te va a costar’”, indica una fuente en una carta que entregó a la reportera durante una visita realizada al Cereso 1, en Aquiles Serdán (municipio conurbado con la capital de Chihuahua). Es necesario pagar 300 pesos para pasar a comer con un interno o interna en un día y horario distintos a los autorizados, sin ser familiar (requisito indispensable para visitar a un reo, según el reglamento)... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2063 de la revista Proceso, actualmente en circulación.