CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reciente decisión de poner en libertad a militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, “pone en evidencia que el Poder Judicial es poco efectivo para el juzgamiento de los casos graves de derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación de su parte”, consideraron organizaciones de derechos humanos. En un comunicado, 16 organizaciones sociales –entre ellas la Red TDT, que agrupa a más de 70 agrupaciones en el país– evaluaron el fallo del magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, quien el pasado viernes 13 decretó la libertad de los tres soldados procesados en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de los vestigios, con lo que todos los elementos del Ejército que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya quedaron libres. Las organizaciones consideraron grave la resolución judicial, luego de que en su recomendación 51/2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que entre 12 y 15 de los 22 civiles abatidos por militares fueron víctimas de ejecución arbitraria, además de que tres mujeres sobrevivientes declararon que “si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida”. Sin embargo, en el expediente 247/2015 el magistrado Ambriz Landa sostiene que “alguien privó ilegalmente de la vida de los civiles”, pero no pudo determinar si los responsables fueron los militares procesados, arguyendo que se requerían “mayores elementos probatorios”. Al insistir en la inefectividad del Poder Judicial para analizar las graves violaciones a derechos humanos, las organizaciones apuntaron que la PGR tuvo un actuar deficiente, toda vez que no sometió a investigación “la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad”. Luego de señalar que el magistrado Ambriz “no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que su libertad es por insuficiencia probatoria”, advirtieron que dicho resolutivo no es definitivo. Apuntaron que los familiares de las víctimas reconocidas en el expediente pueden impugnar la resolución, por lo que “la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a los familiares sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes”, además de que la misma PGR tiene la oportunidad de perfeccionar “la investigación para que se evite que el caso permanezca en impunidad”. Las organizaciones exigieron medidas de seguridad y de “garantías” en la búsqueda de la verdad para Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre, cuyo testimonio fue fundamental para evidenciar lo ocurrido en Tlatlaya. De acuerdo con los firmantes, el resolutivo significó para Gómez González “la falta de acceso a la justicia y abre su preocupación en torno a su seguridad y la de su familia”, situación que se agravó con la divulgación de artículos periodísticos que pretenden “poner en duda la existencia de los hechos de Tlatlaya e incluso la legitimidad” de quienes han exigido justicia, más aún cuando la CNDH ha reconocido la ejecución sumaria. Destacaron, asimismo, que la situación en torno a la masacre de junio d 2014 “nos confirma que en México la justicia para las víctimas a violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares están muy lejos de ser una realidad, y es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país”. Signan el comunicado Artículo 19; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Freedom House; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Servicios y Asesoría para la Paz; Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto para la Seguridad y la Democracia; Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos todos los Derechos para Todas y Todos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Centro Nacional de Comunicación Social; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.