CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La semana pasada se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores el seminario “México Global; principios e intereses de política exterior”. El evento fue convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE y el Instituto Matías Romero. No es frecuente el diálogo entre funcionarios y académicos que caracterizó a esta reunión. A lo largo de dos días se pudieron apreciar los puntos de vista de unos y otros así como extraer algunas conclusiones sobre los retos conceptuales y prácticos que enfrenta el diseño de una política exterior. En el caso de México, analizar la política exterior lleva ineludiblemente a reflexionar sobre los principios normativos de la misma establecidos en la Constitución. Es un ejercicio riesgoso por el efecto, no buscado pero frecuente, de llegar a una visión apologética, puramente formal, de la política exterior. En efecto, guiados por principios clave del derecho internacional, como la no intervención o la igualdad jurídica de los Estados, no podríamos estar equivocados. Semejante línea de pensamiento no contribuye al esclarecimiento de los intereses reales que mueven toda política. Nadie duda del gran valor que tuvo el apego al derecho internacional en los años difíciles que siguieron al fin de la etapa armada de la Revolución Mexicana. Tampoco hay duda sobre la utilidad de los principios, en particular la no intervención, para dejar huella en los grandes organismos, universales y regionales, establecidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Igualmente importantes lo fueron para hacer predecible la política exterior lo que, aunado a la continuidad del régimen político, permitió establecer un entendimiento tácito con Estados Unidos para disentir de ellos en foros multilaterales sin poner en peligro el buen entendimiento de la relación en su conjunto. Los cambios en el contexto internacional que tuvieron lugar al fin de la Guerra Fría, las nuevas formas de articulación económica de México con el exterior a partir de la firma del TLCAN, el surgimiento de nuevos temas de la agenda internacional y la aparición de nuevas propuestas para elaborar e implementar la normatividad internacional aplicable a problemas globales cambiaron el panorama. En la actualidad, la reflexión sobre los principios conduce a advertir contradicciones y necesidad de reinterpretarlos o actualizarlos. Por ejemplo, hay una diferencia entre nuestros principios constitucionales, en los que está presente un claro acento presidencialista, y la tendencia a enfrentar problemas globales mediante políticas muy incluyentes; es decir que se formulan y ejecutan a través de la activa participación de actores diversos gubernamentales y no gubernamentales. A diferencia de otras constituciones, las cuales incorporan principios de política exterior en un capítulo especial o en el capítulo relativo a las responsabilidades del Estado en su conjunto, en el caso de México los principios de política exterior se situaron en el artículo 89 de la Constitución, relativo a las atribuciones del jefe del Ejecutivo. Es al presidente de la República a quien van dirigidas las normas allí establecidas. Tal tendencia corre en dirección contraria a la “gobernanza global”, ese concepto tan en boga en el estudio de las relaciones internacionales contemporáneas, que se refiere, justamente, a evitar que la política exterior sea monopolio de los gobiernos, aun menos de una sola de sus partes. Se trata, por lo contrario, de formularlas a partir de las voces e intereses expresados por la sociedad civil organizada y el sector privado. La participación de la sociedad civil en las grandes conferencias mundiales estuvo presente desde el siglo pasado. A comienzos del decenio de los noventa su inserción en dichas conferencias ya era un elemento a tomar en cuenta para asegurar su éxito o fracaso. Al adentrarnos en el siglo XXI esa tendencia se aceleró. Ahora ya no se trata de que la sociedad civil acompañe a los gobiernos sino de convertirla en el sujeto clave para elaborar los acuerdos que se van a aprobar y otorgarle un papel sobresaliente, tanto en su implementación como en el seguimiento y evaluación de los mismos. La Agenda de Desarrollo Sustentable 2030 es un ejemplo muy acabado de un documento cuya elaboración exigió una coordinación estrecha entre profesionales de la diplomacia y sociedad civil. Las metas y acciones que en ella se establecieron perderían sentido si no son asumidas e implementadas directamente por todos los sectores sociales. Con tal antecedente en mente, uno de los participantes en el seminario propuso un nuevo principio de política exterior: “Que al conducir la política exterior, el presidente de la República incorpore los puntos de vista de otros poderes del gobierno, sociedad civil organizada y sector empresarial”. Cumplir con tal principio no es una tarea fácil. Cierto que hay decisiones de política exterior que han implicado un estrecho diálogo con los grupos interesados, pero hay otras, en particular en el ámbito de los derechos humanos, donde están presentes grandes divergencias sobre cómo dar seguimiento a compromisos internacionales que se han aceptado. No existe en los círculos oficiales una cultura de participación en que las voces de la sociedad, no sólo la opinión del presidente, son las que legitiman las posiciones que se adopten ante señalamientos o demandas que sobre problemas de derechos humanos hacen los organismos internacionales. Los ejemplos en ese campo hacen ver hasta dónde principios e intereses no son homogéneos en una sociedad tan plural, desigual y desconfiada como la que tenemos en el México de hoy. La política exterior podría ser un elemento de cohesión, opinan algunos. Obligada por presiones externas e internas podría ser el crisol para fundir divergencias que hoy parecen irreconciliables. Se cumpliría entonces el anhelo de una política exterior de Estado, no del presidente en turno. Tal fue una de las ideas que flotó en este evento tan poco común y enormemente sugerente.