CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un plazo máximo de cuatro meses, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá ofrecer una disculpa pública y reparar el daño causado a la indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial, a quien en 2006 acusó de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), delito por el que la mujer pasó seis años en prisión. El pasado jueves 19, el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso de la PGR que buscaba impedir la disculpa pública y la reparación del daño a la indígena. Dado que la sentencia es inapelable, la dependencia federal tiene un plazo de cuatro meses para cumplirla. Al respecto, la afectada señaló que la reparación "no me deja contenta, hasta me da coraje, porque no me pueden reparar nada, nada". En conferencia de prensa, acompañada por su esposo Guillermo Francisco Prisciliano y su hija Estela, Jacinta Francisco Marcial dijo que incluso preferiría cambiar esa reparación por el hecho de que ya no hubiera injusticia en los procesos judiciales. Por su parte, Luis Tapia Olivares, abogado del Centro Pro de Derechos Humanos, destacó que aún están pendientes de resolución los casos de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, también encarceladas injustamente por los mismos hechos. A su vez, Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional –instancia que también ha acompañado el caso–, expresó su confianza de que tal como ocurrió en el caso de Jacinta Francisco, el Poder Judicial de la Federación confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño, incluidas garantías de satisfacción, como el ofrecimiento de disculpas públicas. En marzo de 2006, Teresa, Alberta y Jacinta fueron arrestadas por el secuestro de seis agentes de la AFI que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Las dos primeras también fueron acusadas por delitos contra la salud. A pesar de no que no existían pruebas en su contra, las tres mujeres fueron condenadas a 21 años de prisión, sentencia que luego se confirmó en segunda instancia. Jacinta salió libre en septiembre de 2009 –luego tres años en la cárcel–, después de que la PGR se desistió de la acusación. Por su parte, Alberta y Teresa fueron liberadas en abril de 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.