CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, reveló que un grupo armado planea liquidar al alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, así como al director de la policía municipal, Alfredo Tlatempa Palacios. El funcionario estatal informó que el órgano de inteligencia de la FGE ayer interceptó una llamada telefónica y “nos dimos cuenta de que estaban ordenando su ejecución”, dijo sin dar más detalles. Entrevistado en el puerto de Acapulco previo a una reunión con funcionarios federales, Olea Peláez dijo que el atentado se frustró luego de que las autoridades ministeriales pidieron al edil priista que no regresara a su municipio porque un grupo armado planeaba atacarlo. Ayer, el alcalde Zitlala, junto a otros presidentes municipales, estuvo en esta capital, donde se realizó una reunión con el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, en la residencia Casa Guerrero. A finales de abril, Apro dio a conocer que en 2014 el gobierno estatal compró de manera irregular a la empresa Neolinx de México SA de CV, propiedad del empresario Gilberto Enríquez, un equipo de espionaje que utiliza la FGE. El empresario es el enlace del gobierno de México con la empresa italiana Hacking Team, enfocada en el uso y manejo de software para hackear computadoras y teléfonos inteligentes. Sobre el caso del ataque frustrado contra el edil de Zitlala y su mando policiaco, el fiscal estatal señaló que mañana van a proporcionar escoltas a los dos funcionarios municipales para tratar de garantizar su seguridad. También dijo que van a analizar las voces de la grabación interceptada por el área de inteligencia de la FGE para determinar la identidad de quienes planean asesinar al alcalde y su colaborador. Al respecto, Xavier Olea dijo que la coordinación de inteligencia de la dependencia estatal se creó hace tres meses para trabajar con herramientas tecnológicas de espionaje y no solamente como antiguamente se hacía, es decir, a través de informantes, dijo. Desde hace más de tres años, Proceso ha documentado la brutal disputa en esta franja de la entidad que conecta la región Centro con la Montaña, entre las bandas de Los Ardillos y Los Rojos por el control de las zonas de producción y trasiego de drogas que ha dejado una estela de muertos, desaparecidos y desplazados en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla. Por su parte, las autoridades de los tres niveles se han limitado a observar la confrontación delincuencial que ha exhibido nexos de políticos con el narco y ha dejado una estela de muerte y terror. El domingo 20 de diciembre fue ejecutado el director de Tránsito de Zitlala, Filiberto Corraltitlán Yectli y, al siguiente día, cuatro jóvenes fueron encontrados asesinados en las inmediaciones del poblado de Tonalapa en el mismo municipio. Posteriormente, a principios de enero, un grupo de autodefensa ligado a la banda de Los Ardillos, que dirige la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez, irrumpió en el poblado de Quetzalcoatlán, donde asesinó a seis personas. Mientras que en la misma fecha un grupo armado se llevó por la fuerza al esposo de la actual regidora del PRD, Beatriz Zapoteco Neri y, hasta el momento, sigue desaparecido. Apenas el viernes 13 un grupo armado ejecutó al director de Gobernación del municipio del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Miguel Andraca Eligio, y al siguiente día el empresario materialista Cándido Núñez Hernández fue interceptado y privado de su libertad junto a su esposa, dos de sus hijos y un sobrino, y hasta el momento siguen desaparecidos. En el reportaje Chilapa, entre desaparecidos, fosas y osamentas que se difunde en la edición de Proceso que circula esta semana, se advierte sobre la grave situación de impunidad y violencia que se vive en la zona de la Montaña baja donde encuentra Zitlala. En enero este semanario (Proceso 2048) publicó el reportaje En Guerrero, impunidad garantizada, donde se advirtió que desde septiembre pasado autoridades federales civiles y militares, así como estatales, saben quiénes, cómo operan y cuál es su ámbito de influencia, pero nadie detiene a los integrantes de Los Ardillos y Los Rojos, quienes tienen postrada a la entidad gobernada por Héctor Astudillo. Y aunque los reportes oficiales incluyen fechas y nombres de los criminales, la impunidad sigue, pese a que las autoridades federales tienen identificados a los operadores de ambos grupos, conocen sus zonas de influencia y el control que ejercen en los municipios de la zona que conecta la región Centro con La Montaña guerrerense.