COLIMA, Col. (apro).- Con el propósito de democratizar la vida interna de la Universidad de Colima, un grupo de académicos de esa casa de estudios entregó este martes en el Congreso un proyecto de nueva ley orgánica para la institución educativa. Integrado por 94 artículos desplegados a lo largo de 48 páginas, el documento fue recibido por la Oficialía Mayor del Congreso local y por los 25 diputados, estos últimos de manera directa o a través de su personal de apoyo, con la petición de que algunos de los legisladores o comisiones hagan suya la propuesta y la presenten como iniciativa ante el pleno. Entre los promotores del proyecto, con el que se pretende sustituir a la actual ley orgánica que data de 1980, se encuentran los doctores Manuel Salvador González Villa, José Jesús Lara Chávez y Sergio Elenes Cepeda, quienes estuvieron acompañados por el exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), Leonardo Gutiérrez Chávez, además de otros académicos como Catalina Suárez Dávila, Teresa Hernández Ortiz y Pedro Vidrio Pulido. En la rueda de prensa en la que fue anunciada la propuesta, afuera del Palacio Legislativo, José Jesús Lara señaló que con la nueva ley orgánica se pretende eliminar la concentración del poder en una sola persona (el rector), porque “esto ha provocado una tiranía que se observa sobre todo en la apatía de los universitarios para participar en las cuestiones de la institución”, además de que la actual ley orgánica “lo que ha hecho es perpetuar a un grupo que tiene ya más de tres décadas en el poder”. A su vez, Sergio Elenes dijo que la propuesta es fruto del trabajo de un grupo de universitarios durante los meses recientes, con la intención de dotar a la Universidad de una nueva ley acorde a los estándares nacionales e internacionales en materia de educación, derechos laborales, derechos humanos, democracia, transparencia y equidad. La actual ley, comentó, tiene una gran cantidad de lagunas jurídicas sobre situaciones que no se consideraron a futuro y que “lamentablemente las personas que ahora ostentan la administración y la toma de decisiones en la Universidad de Colima han salvado cada uno de los obstáculos a su entender, a su beneficio y, ¿por qué no decirlo?, en complicidad con las autoridades del gobierno del estado”. También expuso que uno de los puntos del nuevo proyecto prevé la conformación de una nueva estructura de gobierno y otra forma de elegir a los representantes universitarios, donde se privilegie la democracia, la transparencia, la honradez, el compromiso con la sociedad y con la educación. “Sabemos muy bien –explicó– que la corrupción permea en todos los ámbitos y queremos dar a las nuevas generaciones, a través de esta legislación, la iniciativa y la seguridad de que puedan manifestar sus ideas, agruparse de manera respetuosa y que todas las personas sin distinción de su raza, preferencia sexual o ideales, puedan expresarse sin temor a ninguna represalia de las autoridades universitarias y que cuente todo esto con el respeto del gobierno del estado y la aprobación de la sociedad de Colima”. El proyecto de nueva ley, informó, plantea la creación de una Junta de Gobierno, que por única ocasión sería integrada por el Congreso local con 20 académicos destacados de la institución y 10 miembros distinguidos de la sociedad colimense, que tendría funciones muy específicas e importantes en la vida académica, de organización, toma de decisiones y rendición de cuentas. También propone modificar la conformación del Consejo Universitario para dar mayor peso al sector académico dentro de este órgano y disminuir la presencia de representantes estudiantiles que en muchas ocasiones apenas ingresaron a bachillerato o a alguna facultad. Otro de los puntos que considera el proyecto es la modificación de los mecanismos de elección de rector, así como la revisión de las facultades de éste, dado que en la actualidad “él puede decidir a discreción cuál es el destino de los profesores e investigadores, así como de los bienes inmuebles de la universidad sin más que su voluntad en complicidad con la Federación de Estudiantes Colimenses”. La figura del rector, dijo Elenes, debe pasar a la de un representante académico de alto nivel que vigile el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Universitario y de la Junta de Gobierno. Para la elección del rector, dentro de una terna conformada por la Junta de Gobierno y aprobada por el Consejo Universitario, el proyecto plantea un esquema de votación ponderada directa de todos los profesores con grado de maestría y doctorado, los estudiantes de licenciatura a partir del sexto semestre, los profesores con más de diez horas de clase frente a grupo y más de tres años de antigüedad, los estudiantes de segundo año de los posgrados y personal de servicios generales con antigüedad mayor de tres años. “Pretendemos con esto –indicó– el voto sea razonado, emitido por personas con experiencia en la vida universitaria, en la situación económica nacional y estatal, y podamos elegir al candidato a rector que ofrezca el mejor proyecto”. Además, precisó que el proyecto de ley orgánica fue retomado de uno que elaboró hace muchos años el abogado Jaime Alfredo Castañeda, ya fallecido, que por la situación política de esos tiempos quedó en el tintero, el cual fue actualizado y enriquecido para ser presentado en esta ocasión a los diputados. La finalidad, dijo, es tener una vida académica que pueda propiciar el despliegue de Colima, que lamentablemente se ha atorado por muchos años, y creemos que esto se ha debido en gran parte a la dinámica autoritaria y represiva que se ha cultivado en las escuelas y facultades de la Universidad de Colima. Algunos de los participantes en la elaboración de este proyecto, entre ellos Lara Chávez y Elenes Cepeda, se encuentran despedidos o suspendidos por las autoridades de la Universidad de Colima después de que participaron hace dos años en una huelga de hambre en demanda de transparencia del manejo de los recursos del fondo de pensiones de la institución educativa. Presente en la rueda de prensa, la diputada panista Martha Leticia Sosa Govea comentó que conforme al proceso legislativo el proyecto de ley será presentado en la siguiente sesión dentro de la síntesis de comunicaciones y será enviado a la Comisión de Participación Ciudadana, que encabeza el diputado Nicolás Contreras Cortés. En caso de que esta comisión haga suyo el proyecto, podría presentarlo como iniciativa para ser discutida por el Congreso, y si no es así, cualquier diputado tendría la posibilidad de asumirlo como propio. Sosa Govea no descartó la posibilidad de que la legislatura convoque a foros de consulta para discutir los términos de la propuesta de ley.