MADRID (apro).— El gobierno de España de Mariano Rajoy acogió a 18 refugiados sirios de los 17 mil que se comprometió a recibir ante la Unión Europea. Esta semana recibió 20 más y otros 386 llegarán hacia julio. Es decir, poca voluntad política ante una crisis humanitaria como la que se vive en aquella región. En este tema, el ejecutivo español pasa de puntitas, y más de cara a las elecciones del 26 de junio (26J), en las que Rajoy busca un segundo mandato. Sin embargo, la crisis política y social en Venezuela parece haber entrado de lleno al proceso preelectoral español. El ruido político y mediático en España sobre el caso venezolano viene de lejos, en unas relaciones diplomáticas que se caracterizan por los desencuentros. Por lo pronto, en un artículo publicado el domingo 22 en el diario El País, el presidente Rajoy mostró su compromiso con el “drama humanitario, político y económico que están sufriendo todos los días en un país tan hermano” como Venezuela. Diversas organizaciones sociales, entre ellas Amnistía Internacional, señalan la incoherencia del ejecutivo español en este caso respecto a otras poblaciones en dificultades similares o peores como los casos del Sahara, Siria o Yemen, donde no hay una postura oficial similar. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) demandan la misma actitud del gobierno con otras víctimas. “Pedimos que cuando una institución pública haga una defensa de las personas refugiadas no se vincule a posiciones ideológicas, sean del color que sean. Las personas que huyen de una violación de derechos humanos o de una persecución deben recibir el mismo tratamiento y protección independientemente de su procedencia e ideología”, dijo Estrella Galán a eldiario.es. El artículo de Rajoy estuvo acompañado con el otorgamiento de la nacionalidad española a varios familiares del opositor venezolano Leopoldo López, por criterios de excepcionalidad, anunciado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dos días antes del artículo de Rajoy. Este ruido transatlántico tiene respuesta desde Caracas, donde Nicolás Maduro acusa al “eje Bogotá-Madrid-Miami” de preparar una “conspiración” para derrocar a su gobierno, tratando así de quitar carga a su propia responsabilidad por la grave situación venezolana. Maduro, con sus singulares formas políticas, califica al ejecutivo español de “fracasado”, y lo retó a debatir: “Ya lo sabes, Rajoy, dónde quieras, cuándo quieras y cómo quieras un debate público para comparar el desastre al que tú has llevado a España, la tragedia humanitaria, y los logros de la Revolución Bolivariana, modestamente”. Desde Madrid, es ensordecedor el ruido mediático que raya en la histeria, de políticos y medios que abiertamente califican al gobierno venezolano como una “dictadura bolivariana” y ofrecen amplio espacio a los opositores arrinconados por el gobierno de Maduro. El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo dijo hace poco que las acusaciones de Maduro en el sentido de que España forma parte de una “conspiración”, forma parte del “realismo mágico”. Lo que sí defendió sin rubor es el referéndum revocatorio promovido por la oposición venezolana para sacar del poder a Maduro, ese lo consideró un tema “extraordinariamente importante” y sugirió que se debería celebrar este año y no en 2017. Javier Gallego, director del programa de radio por internet carnecruda.es, desveló en su artículo el martes 24 (“Repita conmigo. Venezuela”) lo que subyace en ese interés desde España: “La derecha española ha empezado la campaña para elegir al gobierno de España hablando del gobierno venezolano que es la forma de hablar mal de Podemos sin esforzarse”. Se refiere a las continuas acusaciones de que Podemos, la joven formación que interpretó las demandas de los indignados del 15-M, es señalada de haber recibido 7 millones de euros de financiamiento del gobierno de Hugo Chávez a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), desde donde algunos de sus miembros dieron asesorías a Venezuela y otros países afines, antes de la formación de Pablo Iglesias. Iñigo Errejón, uno de los dirigentes de Podemos, recordó recientemente ante la insistencia mediática, que en tres ocasiones el Tribunal Supremo archivó las querellas en 2015 y 2016, ante la falta de pruebas. Aun así, desde el Ministerio del Interior se investiga con lupa el financiamiento de esta nueva formación política. Hasta ahora, es más el ruido mediático contra Podemos, pero poca sustancia en tribunales. Al margen de esto, en las mediciones demoscópicas más recientes no se ve reflejado que para los españoles el tema venezolano sea un asunto prioritario. En los temas que sí se pronuncian los encuestados es en su preocupación por el paro, la precariedad provocada por las políticas de choque y la corrupción política y empresarial, ese sí, “pan de todos los días”. Javier Gallego añadía en su artículo publicado en la web de eldiario.es: “Primero salió Rajoy a hacer un alegato por las libertades de los opositores venezolanos perseguidos por Maduro y, aunque es un presidente en funciones, les prometió concederles la nacionalidad española por procedimiento de urgencia. Es de un cinismo atroz que habla de derechos humanos y libertad de expresión el presidente que ha promulgado las leyes mordaza en España y solo ha acogido a 18 de los 17 mil refugiados a los que se comprometió a dar asilo ante la Unión Europea”. Y remata: “Al PP le importan tanto los derechos humanos en Venezuela como en Siria, o sea, nada, pero le conviene utilizar a los opositores venezolanos, como a las víctimas de ETA, para sacar tajada electoral y atacar a Podemos”. Es evidente que la relación entre los dos países ha pasado por las dificultades y sonoros tropiezos en las últimas dos décadas. Es bien recordado el exabrupto del rey Juan Carlos de Borbón, “por qué no te callas”, que le lanzó a Hugo Chávez en la Cumbre Iberoamericana de Chile, en 2007, cuando el venezolano cargaba contra el “fascista” José María Aznar, a quien responsabilizó de estar detrás del intento de golpe de Estado de contra el gobierno bolivariano en 2002. Un informe elaborado por José Manuel Fernández de Izquierda Unida (IU) condensa los sucesos, a partir de que el ministro de Exteriores en el gobierno de Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, dijo en una entrevista que Aznar había dado la orden de apoyar el golpe de Estado en Venezuela. En abril de 2002, días antes del golpe de Estado, Pedro Carmona, entonces presidente de la patronal venezolana (Federcámaras) visitó Madrid para reunirse con la CEOE y existe la sospecha que se reunió con miembros de la inteligencia española. El 9 de abril canceló una cita con el Ministro de Exteriores de la época, Josep Piqué, que fue cancelada y regresó apresuradamente a Venezuela, apunta el informe. Días después se autoproclamó presidente de Venezuela en un gobierno de transición democrática. Lo hizo con una banda presidencial confeccionada en una sastrería de Madrid. Dos días después fue echado del cargo al restaurarse el gobierno. Salvo momentos puntuales, algunos negocios de las grandes trasnacionales españoles en el país sudamericano o la venta de implementos de la industria militar españoles a Caracas, la relación es mala. Un elemento que agudiza mucho esa falta de entendimiento y que en España se traduce en malestar, es que Venezuela se convirtió en un refugio de importantes miembros de la banda terrorista ETA, luego que México empezó a colaborar con España en arrestarlos. Pero en la actualidad la mala relación se agudizó con acusaciones y reclamos mutuos, tras la detención de líderes opositores en Venezuela y el deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos, tema que un sector de la clase política española y sus medios afines metieron a la agenda, con frecuentes vinculaciones con Podemos y, con ello, metiendo el tema en la agenda electoral. En marzo de 2015, el expresidente Felipe González se integró como asesor técnico exterior a la defensa de dos presos políticos relevantes, Leopoldo López (encarcelado el 18 de febrero de 2015) y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas (detenido el 20 de febrero del mismo año). González ha acusado al gobierno de Maduro de ser una “tiranía” y que Venezuela es “un país en vías de destrucción”. Las reacciones desde Caracas no se han hecho esperar. La Asamblea Nacional de Venezuela –antes del reciente triunfo opositor—declaró a González persona non grata. En la capital venezolana, el exmandatario español se reunió con las familias y las defensas de los dos líderes, pero le fue impedido el acceso a la prisión para verlos directamente. El gobierno colombiano envió un avión presidencial para recoger a Felipe González a Caracas, lo que provocó la protesta del gobierno de Maduro, quien aprovechó la situación para insistir en que el “eje Bogotá-Madrid-Miami” prepara una conspiración en su contra. El 17 de mayo, el también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Caracas, acompañado con los expresidentes de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández, para buscar mediar entre Maduro y la oposición para bajar tensión, luego que el presidente venezolano decretara el Estado de excepción y movilizara a su ejército. Hasta ahora es difícil evaluar el resultado de esa visita organizad por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). En este ambiente de crispación, Albert Ribera, el dirigente de Ciudadanos, la nueva formación de centro derecha, se sumó a la oleada de apoyo a los opositores chavistas y viajó a Caracas, para reunirse con los familiares de Leopoldo López y hablar en la Asamblea Nacional de Venezuela. Gallego recordaba en su artículo de opinión que a Ribera se le vio votar con el PP en contra de derogar la Ley Mordaza en España; aunque no se le ha visto salir en defensa de la represión contra la protesta en España o los presos políticos en otras partes del mundo. Pero “va a Caracas en plan libertador”. Todo esto forma parte de la intoxicación que una parte de la clase política y algunos medios españoles insuflando ánimos a una oposición antichavista –principalmente identificada con una élite en ese país—resaltando la innegable grave situación en que Maduro sumió al país.