MÉRIDA, Yuc. (apro).- Por segunda ocasión, en menos de una semana, autoridades reportaron la muerte de un detenido en las celdas de Seguridad Pública. Esta vez el deceso ocurrió en esta capital y, según la Fiscalía General del Estado (FGE), la causa fue un infarto agudo al miocardio. Crispín Sosa Geovany, de 28 años, falleció esta madrugada en el área de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a donde poco antes fue ingresado por policías que lo detuvieron por alterar el orden. Según la FGE, al percatarse de que el detenido se desvaneció, un guardia dio aviso a los servicios médicos de la SSP de la corporación, pero cuando llegaron, Sosa Geovany había fallecido. A inicios de esta misma semana activistas del colectivo Indignación denunciaron el fallecimiento de William Roberto Chan Cob, también de 28 años, en la cárcel pública del municipio de Temax, por presunta tortura policiaca, acusación que la FGE se apresuró a descartar con el argumento de que la causa de su muerte fue una parasitosis. Ante los cuestionamientos que generó dicha versión, la dependencia aseguró posteriormente que investigaría el caso. Hoy, Indignación puso de nuevo en tela de juicio la actuación de la FGE e insistió en que Chan Cob falleció víctima de la presunta tortura policiaca. Los activistas destacaron que las últimas palabras que el joven dijo a sus familiares cuando lo visitaron en la cárcel pública de Temax, el pasado 22 de mayo, fueron: “’Me voy a morir. Después de lo que me hicieron los policías, sé que no voy a vivir’. Falleció horas después”. Chan Cob fue detenido el sábado 21 por la tarde y, según los activistas, “vecinos escucharon gritos y observaron la violencia con la que fue detenido. Desde el momento de la detención fue golpeado fuertemente por policías municipales”. Familiares y vecinos del occiso relataron a Indignación que “Roberto tenía la cara muy hinchada por los golpes, le dolía el estómago, se quejaba, apenas podía estar parado. Había vomitado sangre con pequeños coágulos”. Añadieron que los familiares insistieron ante los policías que custodiaban la cárcel municipal que William Roberto requería atención médica, “pero en este caso parece haber algo mucho más grave que omisiones, y no sólo de parte de los policías municipales, sino también de quienes tienen la obligación de investigar”. Reiteraron que el que una persona fallezca en un centro de detención “obliga a sospechar e investigar tortura, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, publicado con motivo de su visita a México en el año 2008”. “En vez de eso, las autoridades ministeriales parecen apresurarse en determinar que no hubo tortura sin que medie una investigación, lo cual de inicio les haría incurrir en responsabilidad si han omitido acciones sensibles para una correcta investigación en un caso de tortura y el protocolo que debe seguirse en estos casos”, acusaron. Señalaron que Indignación ha documentado que “la tortura en Yucatán es un crimen que distintos cuerpos policiacos cometen sistemáticamente y que, lamentablemente, es también sistemáticamente encubierto por las autoridades que tienen obligación de investigar”. Y sacaron de nuevo a la luz “el emblemático caso de Roberth Tzab, también fallecido en condiciones que obligaban a suponer e investigar tortura, pero que ha requerido tres amparos y diversos recursos para evitar que la fiscalía cierre la investigación”. Comentaron que a estos casos se suman varios más, “como el del joven acusado de robar un bulto de cemento, al que le simularon una violación. Los responsables, plenamente identificados, no han sido debidamente sancionados”. Los activistas agregaron que recientemente se hicieron públicos otros casos de tortura, como el del adolescente con discapacidad torturado por policías de Chemax, y la tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal por parte de elementos de la Gendarmería de la Policía Federal, apenas en abril pasado. “Por su parte, policías estatales de Yucatán han hecho de la tortura y otros tratos crueles, humillantes y degradantes parte de cualquier detención y eso es tolerado por las autoridades”, reiteraron. Luego advirtieron que “el insistente y contumaz encubrimiento constituye un crimen, y es precisamente eso lo que ha evitado erradicar la tortura del estado”. Por ello, exigieron de nuevo a las autoridades “una investigación inmediata, basada en los más altos estándares y en los protocolos internacionales en materia de tortura para esclarecer los hechos con efectividad e identificar a todas las personas que tengan alguna responsabilidad en el fallecimiento de William Roberto o en la inadecuada investigación, si fuera el caso, y sancionarlas de acuerdo a la gravedad de sus responsabilidades. “Exigimos reparación y garantías de no repetición”, dijeron.