CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la inseguridad y corrupción son los principales problemas que enfrenta el país y son mayores que los desafíos económicos. Al dar a conocer su mensaje semanal, la cúpula empresarial señaló que “ahí es donde hay que buscar las causas del malestar que prevalece en amplios sectores, que opacan, recurrente y justificadamente, todo tipo de avances en otras áreas”. A los ojos de los ciudadanos –comentó-- la delincuencia, la corrupción y la impunidad son los mayores obstáculos que enfrenta el desarrollo del país. 90% ve como frecuente a la corrupción y 85% percibe que su ciudad es insegura, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Ese juicio es equivalente al prevalente entre agentes económicos y el sector empresarial, nacional e internacional. En los índices y rankings internacionales, alertó el CCE, los factores más problemáticos para hacer negocios son, consistentemente, corrupción, ineficiencia burocrática y crimen. La vulnerabilidad de la competitividad reside en las instituciones del Estado de Derecho: estamos entre los países con peor evaluación en el mundo en desviación de fondos públicos o fiabilidad de las policías. De hecho, los “datos duros” son consistentes. Por ejemplo, el costo de la corrupción va de 2% a 10% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con distintas estimaciones. Asimismo, abarca 5% de las ventas anuales de las empresas. Para el sector empresarial, es urgente acordar y aprobar las siete leyes que son los ejes de la reforma anticorrupción, la cual se dictaminará durante la semana en comisiones del Senado de la República, además de ser votada en el Periodo Extraordinario de Sesiones previsto del 13 al 18 de junio. Según el organismo presidido por Juan Pablo Castañón, se deben encontrar caminos para tener una Auditoria Superior de la Federación con atribuciones que le permitan intervenir en cualquier investigación en tiempo real; además de reforzar la figura de la Secretaría de la Función Pública, los tribunales especializados y la fiscalía especializada, realmente independiente y competente, que puedan investigar, llevar a juicio y lograr la sanción a los corruptos, sin los problemas de ser juez y parte. El CCE fue más allá. Dijo que un México más justo, debe contemplar necesariamente un nuevo pacto social de respeto a la legalidad y un alto a la impunidad y la corrupción, con el compromiso indeclinable de todas las instituciones del Estado, de los partidos políticos, los ciudadanos y también los empresarios. De hecho, el organismo ya estableció cuatro mesas de trabajo conjuntas con la Secretaria de la Función Pública para atender propuestas concretas que permitan combatir la corrupción. En ellos se tocan temas como agilizar y transparentar los procesos de licitación y contratación pública; coordinar y promover conjuntamente códigos de ética, de conducta y de contacto para el reconocimiento de las mejores prácticas en el trabajo entre empresas y dependencias públicas y sus funcionarios. Además pidió acelerar acciones de simplificación, desregulación, digitalización de los procesos desde los municipios en donde existe mayor probabilidad de corrupción, así como  promover la denuncia ciudadana y seguimiento de quejas.